CRISIS MILITAR
Fotografías: Cuartoscuro |
La detención del general Salvador Cienfuegos
Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto,
pone de relieve un tema del que difícilmente se habla con claridad en México:
la histórica colusión de las fuerzas armadas, y en específico del ejército, con
el narcotráfico.
Si bien la detención de Cienfuegos en el
aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia
del gobierno norteamericano representa la captura del militar de mayor rango de
la historia de México, no ha sido la única.
La aprehensión en 1997 -también a cargo de la
DEA- del ex “zar” antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo, el general José
de Jesús Gutiérrez Rebollo, es el antecedente directo de la captura de
Cienfuegos y sus elementos en común le dan cuerpo a una hipótesis largamente
manejada: sin la protección oficial de los cuerpos de seguridad, tanto civiles como
militares, los grupos de la delincuencia organizada no podrían operar ni se
habrían apoderado de amplias franjas territoriales del país.
Esa connivencia con la delincuencia quedó
trágicamente retratada en un episodio que nunca ha sido explicado oficialmente
de manera satisfactoria: el 7 de noviembre de 1991 –era el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari-, en un paraje conocido como “La Piedra” de la congregación
Llano de la Víbora del municipio veracruzano de Tlalixcoyan, aterrizó de
emergencia en una pista clandestina una aeronave procedente de Colombia cargada
de cocaína, misma que era perseguida por elementos de la hoy extinta Policía
Judicial Federal.
A pesar de que la aeropista estaba acordonada
ya por soldados del ejército mexicano, los delincuentes que venían en la
avioneta se lograron dar a la fuga. En cambio, al aterrizar los judiciales
–adscritos a la Procuraduría General de la República, encabezada en ese momento
por el político pozarricense Ignacio Morales Lechuga- fueron recibidos a
balazos por los militares, con un saldo de siete policías muertos que, de
acuerdo con versiones extraoficiales, recibieron el tiro de gracia. La versión
oficial de los hechos fue la de una “confusión”.
En las dos administraciones federales
anteriores a la actual el ejército adquirió un protagonismo especial en la estrategia
de seguridad. Con Felipe Calderón Hinojosa, los soldados fueron enviados a
librar la llamada “guerra contra el narcotráfico” con la que el entonces
presidente panista buscaba legitimarse en el poder y que provocó una ola de
sangre de más de cien mil muertos y un país convulso.
A su vez, en el sexenio del priista Enrique
Peña Nieto se continuó con una estrategia similar aunque menos publicitada
mediáticamente. Fue precisamente el ahora preso Salvador Cienfuegos quien, en
su calidad de secretario de la Defensa Nacional, promovió la Ley de Seguridad
Interior para darle un marco legal a la intervención de las fuerzas armadas en
las tareas de seguridad pública, iniciativa que fue rechazada rotundamente por
la izquierda partidista que, contradictoriamente, justificaría una legislación
idéntica en el siguiente sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, quien ha
empoderado el ejército como ninguno de sus antecesores en la Presidencia de la
República.
No solo les dio a los militares el mando de
la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad supuestamente civil, sino que les
ha entregado obra pública –como la de la construcción del aeropuerto de Santa
Lucía-, les otorgó el mando de los puertos y aduanas y los ha proveído de
recursos multimillonarios a través de cuatro fideicomisos –instrumentos
financieros que el propio presidente ha calificado como “corruptos”-, en los
que las fuerzas castrenses disponen al momento de 31 mil 980 millones de pesos,
de cuyo destino no rinden cuentas a nadie.
Tras la detención de Cienfuegos, los voceros
lopezobradoristas se lanzaron a señalar este caso como prueba de que en México
“operaba” un “narcoestado”…sin querer recordar, “convenientemente”, que
precisamente hace un año el actual presidente dio la orden de liberar al
presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán,
tras el fracaso del operativo militar que había llevado a su captura, lo cual
significó una humillación sin precedente para el Estado mexicano y abonó a las
suspicacias sobre la relación de la administración de la “cuarta
transformación” con el cártel de Sinaloa, avivadas más tarde por el propio
López Obrador con su saludo personal a la madre del narcotraficante más
poderoso de la historia de México.
La aprehensión de Salvador Cienfuegos
responde más a la agenda interna que a la exterior de los Estados Unidos, donde
habrá elecciones presidenciales el primer martes de noviembre. Y más allá de la
versión oficial de que las autoridades norteamericanas habrían “avisado” con
antelación al presidente de México sobre la intención de detener al militar
–inverosímil, pues se llevó a cabo en territorio estadounidense-, este golpe ha
colocado en un brete a López Obrador en su relación con el ejército, cuyos
altos mandos –incluido el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis
Crescencio Sandoval-, fueron cercanos colaboradores del hoy defenestrado ex
titular de la Sedena.
¿Se atreverá a investigarlos? La respuesta, a
la luz de las concesiones a los militares en la “4t”, parece obvia.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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