LA FISCALIZACIÓN COMO ARMA POLÍTICA

Fotografía: Alberto Delgado

En medio de la disputa por el control del partido, el poder y el dinero que va aparejado, en Morena se hacen pedazos. Particularmente, en el estado de Veracruz.

Quien se ha convertido en un verdadero dolor de… muelas para la “4T” en la entidad veracruzana, el diputado local de Morena José Magdaleno Rosales Torres, prendió la mecha de un tremendo escándalo al acusar al presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el también morenista Eric Domínguez –aunque se le vincula políticamente con el fidelista Jorge Carvallo Delfín-, de pedir “moches” –sobornos, pues- para “maquillar” las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de varios presidentes municipales.

Tan grave es el “cochinero” que se habría encontrado, que se tomó una decisión sin precedentes desde la creación del sistema de fiscalización en el estado: este miércoles la propia Comisión de Vigilancia aprobó un decreto –que todavía tiene que ser aprobado por el Pleno de la LXV Legislatura- medio del cual “se rechazan los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018 presentados el 25 de septiembre de la presente anualidad”.

Asimismo, en el decreto referido “se ordena al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que en un plazo no mayor a 90 días naturales efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y la documentación justificatoria presentada por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2018, incluyendo la documentación entregada en sede legislativa, y emita los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno”.

O para explicarlo de forma más simple: el Congreso del Estado estaría por tirar a la basura prácticamente todo el proceso de fiscalización realizado en el último año, desconociendo el trabajo realizado por el Orfis del anterior auditor general, Lorenzo Antonio Portilla –a quien podrían incluso fincársele responsabilidades penales, ya que estaría involucrado en las irregularidades que se señalan-, y encomendándole a su nueva titular –Delia González, incondicional de la autodenominada “cuarta transformación”- la elaboración de nuevos dictámenes en un plazo de únicamente tres meses.

¿Y esto qué problema tendría? Pues que se presentasen informes elaborados a partir de una valoración política y no técnica, para ser utilizados como instrumentos de presión, sometimiento y venganza en contra de los opositores y los adversarios, internos y externos, de quien controle al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

¿Qué esto ya ha sucedido antes? Sin duda. Pero aunque suene repetitivo, se suponía que el nuevo régimen había llegado para erradicar las prácticas corruptas que provocaron el hartazgo popular contra los gobiernos que lo antecedieron.

Y resulta que esas prácticas no solo no han desaparecido, sino que se recrudecen, corregidas y aumentadas por la ambición de neofuncionarios y neopolíticos cuya voracidad podría superar la de los peores casos por todos los veracruzanos conocidos. Y padecidos.

Así la “honestidad” en tiempos de la “4T” en Veracruz.

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