NARCOJUECES, NARCOELECCIÓN
Todos los malos augurios sobre el desastre
que implicarían la reforma y la elección judicial se han estado cumpliendo uno
por uno.
Desde la vulgar simulación de la insaculación
“maiceada” de candidaturas a las posiciones de jueces, magistrados y ministros,
hasta el desastre que implicará la instalación de casillas, pasando por el nulo
interés que en la ciudadanía provoca este proceso que los vocingleros del
régimen no dejan de calificar, a gritos desaforados, como “histórico” –aunque sí,
será un fracaso de esas proporciones, ni quién lo dude-, lo más grave es lo que
todo mundo advirtió que iba a pasar: la infiltración de candidatos que
representan los intereses del crimen organizado.
Este miércoles, el presidente del Senado, el
cada vez más impresentable Gerardo Fernández Noroña, ofreció una rueda de
prensa en la que reconoció que una veintena de aspirantes a juzgadores
federales fueron identificados como defensores de narcotraficantes, por lo cual
no cumplen con el requisito de “probidad” e “idoneidad” que se estableció para
participar en este proceso.
¿De verdad alguien pensó que iba a ser
diferente? De por sí, el crimen organizado está infiltrado como la humedad en
todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país. Regiones
enteras son dominadas por estos grupos que hacen lo que se les da la gana,
extorsionan, secuestran y asesinan sin que autoridad alguna se atreva a meterse
con ellos. Por miedo o complicidad. Y su operación en procesos electorales de
todos los niveles ha sido totalmente abierta, descarada y documentada en los
últimos años. ¿Por qué la elección judicial, que además carece de absolutamente
todos los controles de los comicios constitucionales, habría de ser diferente?
Empero, lo que resulta más preocupante es
que, como si nada, quienes tenían la responsabilidad de revisar los perfiles de
los aspirantes a juzgadores y de integrar las listas de candidatos, y que
fueron además quienes aprobaron el bodrio de la reforma judicial, ahora salgan
con que se les “colaron” defensores de narcos. Pero eso sí: los van a
“impugnar” para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
los eche abajo.
Nadie con dos dedos de frente, ante la brutal
demolición de las instituciones de la transición democrática que hemos
presenciado en los últimos meses, puede creerles, como asegura Fernández Noroña
–la encarnación de la hipocresía política-, que “no hubo mala fe en ningún
caso” por parte de los comités evaluadores que integraron las listas que, por
si fuera poco, también pasaron por el tamiz del propio Senado de la República. Tampoco
es creíble que solo sean 20, como dice el bravucón morenista.
Si fueron omisos por accidente, valiente
cuadrilla de imbéciles incompetentes en los que se dejó esa responsabilidad. Si
fue con conocimiento de lo que aprobaban, no es otra cosa que una reiteración
más del narcoestado que rige sin pudor en México.
Varios abogados defensores de criminales han
sido exhibidos en sus nexos con Morena y los gobiernos de la autoproclamada
“cuarta transformación” en los últimos meses. Y las presiones que desde Estados
Unidos se ejercen hacia el gobierno mexicano para que proceda contra
funcionarios y exfuncionarios de todos niveles y jerarquías ligados al crimen
organizado son prueba de la descomposición que, si bien no inició con éste ni
con el anterior gobierno de la República, sí se acentuó en los últimos seis
años. Podredumbre que aunque la presidenta y sus corifeos la nieguen, brota por
todos lados y no se ve voluntad real por sanear.
Y si así está la narcoelección judicial
federal, espérese a las de los poderes judiciales de los estados.
Y narcocorridos
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