MUJERES VIOLENTADAS POR EL GOBIERNO DE VERACRUZ
Muy a principios de su administración, a
finales de enero de este año, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó públicamente
la estrategia
denominada “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en
Veracruz”, diseñada y avalada por organismos sociales y feministas afines a su
gobierno.
El
lanzamiento oficial se llevó a cabo durante un acto al que acudieron la
representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez.
El objetivo de dicho programa, según lo
expuesto entonces por el titular del Ejecutivo estatal, es “poner en marcha
todo el aparato gubernamental, a los ayuntamientos y exhortar a los poderes
Legislativo y Judicial a erradicar la violencia feminicida que prevalece en la
entidad”.
Asimismo, el gobernador García Jiménez se
comprometió a cumplir con “el mandato constitucional de respetar, proteger,
garantizar y promover los derechos humanos, particularmente de las mujeres, en
virtud del contexto social de máxima violencia que impera contra la población
femenina”.
En su alocución, Cuitláhuac García Jiménez
afirmó que durante
su mandato “los delitos contra las veracruzanas no tienen cabida” y aseguró que
se respondería a los compromisos demandados por la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres decretada para Veracruz en administraciones anteriores “a
través de la agenda legislativa y en la administración y procuración de
justicia”.
A
casi 10 meses de haber sido puesto en marcha y en la víspera del primer informe
de labores de García Jiménez, la “Cero Tolerancia a la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas” es letra muerta en Veracruz. No solo no se detuvo la violencia
en su contra, sino que hubo incapacidad manifiesta para evitar que aumentara e
incluso se le ha solapado desde el propio gobierno estatal.
En
lo que va de esta administración estatal se reportan más de 200 asesinatos de
mujeres en la entidad, así como una escalada de abusos y violaciones sexuales
en municipios como Boca del Río y Veracruz. Agresiones que si bien evidencian una
inadecuada política de prevención de la violencia, una elevada impunidad y el
fracaso de la estrategia gubernamental, a fin de cuentas corresponden a
factores externos al propio gobierno.
Lo
que no tiene justificación y deja ver la hipocresía y doble rasero en el
discurso es que sea el mismo gobierno estatal el que proteja a los agresores de
mujeres, como sucede en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz,
donde dos trabajadoras de dicha dependencia denunciaron por acoso sexual y hostigamiento
laboral a Rafael Ceballos Ruiz, quien funge como secretario particular de la
titular, María del Rocío Pérez Pérez.
En
su denuncia de hechos presentada el pasado 27 de mayo, una de las afectadas,
Yael Rentería, relató la manera como Rafael Ceballos Ruiz la acosó de manera
soez y enfermiza –incluso enviándole videos pornográficos-, jactándose de ser
“protegido” de Pérez Pérez y “amigo íntimo del C. Gobernador” por su trabajo en
campaña. Al no obtener respuesta favorable, buscó entonces perjudicarla
presionando desde su puesto para su cese laboral, a través de calumnias.
Cuando
la víctima hizo del conocimiento de sus superiores jerárquicos la situación que
enfrentaba –con pruebas de las vulgaridades e insultos que Rafael Ceballos Ruiz
le enviaba a través de mensajes- y a su vez ellos se la plantearon a la
secretaria María del Rocío Pérez Pérez, la respuesta de la funcionaria fue
desvirtuar los dichos de Yael Rentería, instándola en cambio a presentar una
denuncia, misma que como ya se indicó, fue interpuesta por la afectada el 27 de
mayo ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Niños y Trata de Personas del Estado de Veracruz, así como
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos al día siguiente, el 28 de mayo.
Asimismo,
Yael Rentería presentó otra denuncia por los mismos hechos ante la Dirección
General de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, misma que se la
turnó de regreso al Órgano Interno de Control ¡de la propia Secretaría de Medio
Ambiente! ¿Adivina cuál fue el resolutivo?
El
pasado jueves 7 de noviembre, la titular del Órgano de Control, María de
Lourdes García Durán, determinó “la presunta existencia de falta administrativa
no grave atribuible al servidor
público de datos personales protegidos R.C.R. en el ejercicio de su cargo como
secretario particular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz”, y procedió a “elaborar el informe” a efecto de “ser presentado ante
la autoridad substanciadora”.
En
medio de este desgastante proceso, la víctima –que se sometió a pruebas para
determinar el daño psicológico que le han causado- tiene que convivir con su
agresor todos los días, pues ninguna autoridad ha solicitado por lo menos el
cambio de adscripción para alguno y siguen laborando en el mismo centro de
trabajo, con lo que eso implica. Prueba de que los cursos y los protocolos de
protección de derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres les
importan un sorbete en el gobierno de la “4T” veracruzana.
Pura
verborrea. Igual que antes. Igual que siempre.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario