CUATRO AÑOS DE DOLOR E IMPUNIDAD

Fotografía: Noé Zavaleta/ Proceso

Junto con el asesinato de la recordada periodista Regina Martínez, el multihomicidio de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, entre cuyas víctimas se encontraban el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista y promotora cultural Nadia Dominique Vera Pérez, fue uno de los crímenes que marcaron el infausto sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

La tarde del 31 de julio de 2015, Nadia Vera y Rubén Espinosa, así como la maquillista Yesenia Quiroz, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y la modelo colombiana Mile Virginia Martín, fueron asesinados con lujo de violencia y saña. Los dos primeros habían dejado el estado de Veracruz unos pocos meses antes, debido al hostigamiento que habían sufrido por parte del gobierno duartista a causa de sus actividades y su relación con grupos de activistas pro derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión.

Eran las épocas de la debacle del régimen duartista, que para entonces ya se había ganado el repudio generalizado por la violencia sin freno que azotaba a Veracruz y por su desaseado manejo de las finanzas. El número de periodistas asesinados, desaparecidos o desplazados era un escándalo internacional, a pesar de lo cual el gobernador todavía se daba el lujo de decir a los reporteros “pórtense bien”.

Poco menos de un mes antes de ser asesinado, Rubén Espinosa narró en una entrevista la manera como fue acosado por quienes tenían la pinta de ser elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para ese momento encabezada por Arturo Bermúdez Zurita, quien en la actualidad enfrenta cargos por desaparición forzada de personas, a pesar de lo cual está libre.

“Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”, dijo Rubén Espinosa en la citada entrevista, sin imaginar que la muerte lo perseguiría hasta el lugar donde había decidido exiliarse para estar más “seguro”.

La investigación de las autoridades de la Ciudad de México fue un fiasco de principio a fin. Nunca se quiso profundizar en las declaraciones que en vida hicieron Nadia Vera y Rubén Espinosa responsabilizando al gobierno de Javier Duarte de lo que los llevó a abandonar Veracruz y de lo que pudiera llegar a sucederles.

En cambio, el gobierno de Miguel Ángel Mancera armó una trama grotesca para buscar cerrar el caso criminalizando a las cinco personas asesinadas, y que incluyó el circo de “interrogar” a Javier Duarte en la comodidad de sus oficinas de palacio de gobierno, solo para que negara tener algo que ver en el multihomicidio. Igual que ahora jura que es “inocente” de la barbarie en la que sumió al estado en su sexenio.

Las conclusiones del gobierno de la Ciudad de México fueron rechazadas por los familiares y la investigación, de tan negligente, fue objeto de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por la violación de los derechos fundamentales de las víctimas.

A cuatro años del crimen, de acuerdo con lo publicado por la revista Proceso en su más reciente edición, la investigación sería reabierta por la Procuraduría de la Ciudad de México desde cero para “subsanar” las omisiones de las pesquisas originales y se incluirían, entre otras líneas, las amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa, “la existencia de grupos armados civiles en Veracruz que vigilaban y agredían a activistas y periodistas”, y “el funcionamiento de empresas de seguridad privada en la capital mexicana, presuntamente afines” al ex secretario de Seguridad Pública del duartismo, Arturo Bermúdez Zurita.

Líneas de investigación que debieron explorarse desde un principio. Quizás habrían evitado todos estos años de dolor e impunidad. Ojalá no sea una simulación más.

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