LA JUSTICIA FANTASMA
Fotografía: archivo |
Las primeras 13 sentencias condenatorias en
contra de igual número de implicados en los fraudes de las empresas fantasma
del duartismo fueron dictadas por jueces federales, luego de que se adoptó lo
que en el nuevo sistema de justicia penal se denomina como “proceso abreviado”.
Éste consiste en que los imputados acepten su
responsabilidad en los cargos que se les hacen y se declaren culpables, a
cambio de recibir una sentencia reducida, que en este caso podría incluso
facilitarles su salida de prisión en breve.
Y es que los 13 implicados que fueron
sentenciados son, en realidad, puro “pez chico”: militantes priistas y/o
personas de bajos recursos que aceptaron simular ser empresarios para recibir
contratos del gobierno para la prestación de servicios que nunca se llevaron a
cabo, pero que otros sí cobraron, y muy bien.
En cambio, los ex funcionarios que encabezaban
las dependencias en las que se llevaron a cabo estos fraudes durante el sexenio
de Javier Duarte siguen tan campantes, sin que por parte del Gobierno Federal
–que es el que investiga las licitaciones y adjudicaciones amañadas de las
empresas fantasma- existan denuncias en su contra. Por el contrario, lo que
parece haber es una red de protección desde la Federación para evitar que sean
llamados a cuentas.
Entre los altos ex funcionarios implicados
están el ex secretario de Desarrollo Social y ex coordinador de Comunicación
Social estatal, Alberto Silva Ramos, quien fue protegido descaradamente por el
PRI en la Cámara de Diputados para evitar su desafuero por las denuncias
interpuestas en su contra en la Fiscalía General del Estado.
Por el momento, la maniobra salvó a Silva Ramos
de perder el fuero y ser eventualmente detenido. Pero está por agregársele a su
causa un nuevo proceso, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, en la que
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado le señala un presunto daño
patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, “nada más”, por dos mil 284 millones
812 mil 744.86 pesos durante su segunda gestión al frente de Comunicación
Social, en el fatídico último año del duartismo.
Otros ex funcionarios duartistas de primer
nivel que permanecen intocados y están implicados en la red de empresas
fantasma son los ex secretarios de Educación, Adolfo Mota Hernández, y de Protección
Civil, Noemí Guzmán Lagunes, así como los ex oficiales mayores de la SEV Edgar
Spinoso y Vicente Benítez. Los primeros tres son diputados federales del PRI;
el último, legislador local por Nueva Alianza. Hasta donde se sabe, sobre
ninguno pesa acusación alguna. Ni en el ámbito federal ni en el estatal.
La cereza del pastel de las empresas fantasma
está en el DIF estatal, cuya presidenta “fantasma” –pues el organismo siempre
le valió sombrilla- fue Karime Macías Tubilla, la todavía esposa de Javier
Duarte, que haciendo gala de su descomunal desfachatez, solicitó asilo político
en Londres, pues según ella es “perseguida” en México. La realidad es que
tampoco se ha exhibido alguna orden de aprehensión en su contra. Pura
palabrería.
Qué bueno que la Procuraduría General de la
República y el Servicio de Administración Tributaria hayan obtenido sus
primeras 13 sentencias condenatorias por este fraude descomunal cometido en
perjuicio del erario del estado de Veracruz. Sin embargo, mientras no se
proceda contra los verdaderos responsables del desfalco, contra los que
verdaderamente se beneficiaron con el brutal saqueo y hoy están protegidos por
el mismo sistema, nadie les va a creer una palabra.
La justicia también será entonces otro más de
los “fantasmas” de esta tragicomedia en la que se le robó la tranquilidad y su
futuro a los veracruzanos.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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