LA TRANSA ESTÁ EN FINANZAS
Tras la revisión del Informe del Resultado de
la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, el resultado
final que habrá de ser validado por el Pleno del Congreso del Estado arroja un
presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del Estado de Veracruz por la
friolera de 12 mil 592 millones 249 mil 805.29 pesos.
De este monto, seis mil 883 millones 803 mil
779.13 pesos corresponden a la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del
Estado; cuatro mil 988 millones 311 mil 485.12 pesos a las irregularidades
detectadas en 12 secretarías, 15 organismos públicos descentralizados y cuatro
fideicomisos del Poder Ejecutivo; y un millón 637 mil 345.55 pesos a lo
detectado como posible daño patrimonial en un organismo autónomo.
De este mar de dinero que, al menos en lo
correspondiente a esta fase del proceso de fiscalización todavía se maneja a
manera de “presunto” desvío de recursos, una de las dependencias a la que se le
señaló uno de los montos más escandalosos es la Coordinación de General de Comunicación
Social.
En esa dependencia se determinó que existen
observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a dos mil 284 millones
812 mil 744.86 pesos, dato que ya había sido mencionado en la anterior entrega
de la Rúbrica, aunque todavía sin haber tenido acceso al informe completo del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Pero del análisis a fondo del documento, del
cual este reportero ya cuenta con una copia, se desprende que, en realidad, el
monto que es reclamable a quien fue el titular de esa dependencia la mayor
parte del año, el actual diputado federal del PRI Alberto Silva Ramos, “sólo”
asciende a 409 millones 510 mil 38.94 pesos.
En el mismo informe, el Orfis precisa que los
mil 642 millones 991 mil 960.19 pesos restantes no fueron tramitados por la
Coordinación General de Comunicación Social, sino por la Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Planeación. Y el órgano fiscalizador puntualiza que se
“desconocen los motivos” de este organismo “para realizar esos pagos”.
Sin embargo, en su mismo informe el Orfis incluyó
las pistas para encontrar dichos motivos. Particularmente, en la observación número
FP-030/2016/007 DAÑ. En la misma, se señala que la Secretaría de Finanzas y
Planeación reporta Cuentas por Liquidar pagadas a Comunicación Social por un
monto de dos mil 52 millones 501 mil 999.13 pesos “que carecen de evidencia de
haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago,
así también no se tuvo a la vista la documentación justificativa y
comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y
testigos, además de no exhibir registros contables de esas operaciones”.
En esta parte de las observaciones, se incluye
una lista de pagos a varios medios de comunicación y periodistas, locales y
foráneos. Pero también existen ministraciones a empresas de giros completamente
distintos al de la comunicación, como constructoras, refaccionarias,
agroproductoras y hasta maquiladoras. Por ejemplo, a la Comercializadora AD
Puebla S de RL de CV, en un mismo día, el 11 de noviembre de 2016, se le
expidieron 63 cheques por un monto total de 165 millones 616 mil 336.62 pesos.
La segunda parte de la observación es todavía
mejor. De
las operaciones pagadas por la Sefiplan y verificadas contra el listado de
Registros Federales de Contribuyentes con operaciones simuladas de la base de
datos del Sistema de Administración Tributaria de fecha 23 de junio de 2017, se
identificó que de las 135 empresas a las cuales Finanzas “realizó pagos por
concepto de gastos de difusión a nombre de la Coordinación durante el ejercicio
2016”, seis se configuran “como empresas con operaciones presuntamente
inexistentes”, además de que “se carece de evidencia de haber realizado los trámites
administrativos y financieros referentes al pago, así como de documentación
justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia,
contratos, facturas y testigos”. No existen registros contables de esas
operaciones por un monto de 215 millones 653 mil 549 pesos.
En
este apartado se incluye a Promociones Velot Sia SA de CV. La misma “empresa” a
la que en la Rúbrica del pasado 27 de noviembre de 2016 se exhibió como
beneficiaria de un contrato por adjudicación directa por 18 millones 461 mil
830 pesos para brindar servicios de capacitación en tecnologías de la
información a los empleados del gobierno estatal, a pesar de que el giro de la
empresa era la venta de electrodomésticos. De la capacitación no existe
evidencia de que se haya llevado a cabo. Mientras que la publicación de esa
información le valió una amenaza vía correo electrónico a quien esto escribe.
Pues
en el informe del Orfis, Promociones Velot Sia aparece como beneficiaria de un
monto total por 60 millones 880 mil 249 pesos, sumados en 28 cheques expedidos
¡oh coincidencia!, el 11 de noviembre de 2016. El mismo día que a Comercializadora
AD Puebla y a decenas de “empresas” más, cuyos giros encajan en el perfil de
“fantasmas”, inexistentes. Y todas bajo el mismo rubro: Gastos de Promoción
Institucional, el cual no existe, al menos, en Comunicación Social.
El hilo conductor de estos pagos irregulares
–y millonarios- es la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la
Tesorería, que para el 11 de noviembre de 2016, cuando se realizaron la mayoría
de las transacciones reportadas por el Orfis, estaba encabezada por Arnulfo
García Fragoso, hombre de las confianzas del ex subsecretario de Finanzas
duartista y actual diputado local del PRI por Córdoba, Juan Manuel del Castillo:
el mismo del que existe evidencia documental que autorizó la contratación de Promociones Velot Sia
para la inexistente capacitación a la burocracia estatal.
La
transa está en Finanzas. Pero inexplicablemente, el Orfis no le señala nada en
su informe a la Sefiplan y todo se lo cargó a Comunicación Social. ¿Parte de
los nuevos pactos de impunidad?
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario