GOBIERNO EN DESACATO, TRABAJADORES EN INDEFENSIÓN

El tema del desacato en que incurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz en el caso del fallo federal que ordena la reinstalación de dos ex trabajadoras del Congreso local y el pago de siete millones de pesos por concepto de indemnización, no es más que una muestra del poco apego a la legalidad de la autoridad en el estado y de la manera como trata a sus empleados.

A principios de este mes, el juez segundo de Distrito con sede en Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, resolvió el amparo indirecto 2285/2013 solicitado por las dos ex empleadas que fueron despedidas injustificadamente por el Congreso del Estado, y ordenó que en un plazo de tres días se les reinstalara en sus puestos y se les pagaran siete millones de pesos.

Desde el momento mismo en que se dio a conocer el resolutivo, el Poder Legislativo de Veracruz se negó a acatarlo. En palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, Juan Nicolás Callejas Arroyo, el Congreso del Estado “no tiene dinero” para solventar la cantidad monetaria fijada por el Juez, por lo que iban a “negociar” con las afectadas. Como si una sentencia de un Juez federal fuera “negociable”.

Pero no únicamente se emplazó al Poder Legislativo. El propio titular del Ejecutivo estatal, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado por el Juez al cumplimiento del fallo. Uno de los abogados de las ex empleadas demandantes, Juan José Llanes, explicó la razón.

“Para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del estado de Veracruz, la sentencia debe comunicarse al titular del Poder Ejecutivo del estado para que de acuerdo con la ley –en este caso, el artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz– autorice la erogación que se imponga en el laudo. En otras palabras, la legislación del estado de Veracruz prevé otra forma para cumplir los laudos, y no sólo el embargo de bienes y la vía de apremio o mandato de ejecución”.

El Congreso del Estado, a través de su director de Servicios Jurídicos, Vito Lozano Vázquez, presentó un recurso de queja al Juzgado Segundo de Distrito para dejar “sin efecto” el requerimiento y remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo de Boca del Río, para que éste resuelva

Según  una declaración atribuida a Vito Lozano en un boletín, “la LXIII Legislatura del Estado no incumplió la sentencia del juicio de amparo de dos ex trabajadoras. Queda suspendido ese juicio de amparo promovido por las actoras para su reinstalación y su pago, hasta que el Tribunal resuelva si procede o no lo que venía requiriendo la autoridad responsable”.

Pero el remate del comunicado referido trasluce no sólo el ánimo por no cumplir con la ley, sino la molestia contra los abogados de las trabajadoras, aderezada con un señalamiento fuera de lugar: “en mayo se hizo el ofrecimiento de reinstalar a las ex trabajadoras y pagarles 25 por ciento del monto que se demanda. No aceptaron, por recomendación de los abogados que las representan, pues ellos van a cobrar 40 por ciento de lo que se les pague a las ex trabajadoras. De ahí la urgencia de que se cubra el laudo”.

Cabe preguntarse desde cuándo es ilegal o al menos irregular que un abogado cobre honorarios por hacer su trabajo. Pero más allá de eso, Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llanes Gil del Ángel –cuyo prestigio como abogados laborales está fuera de toda duda–, al fijar su postura, señalaron que “lamentamos que el trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley, y que el Gobierno del Estado de Veracruz pierda toda autoridad moral para decir a la opinión pública que se vive en un Estado de Derecho o exigir el cumplimiento de las normas. El mensaje que se envía a la sociedad es preocupante: se habla de castigar a los que infraccionan la ley y cometen delitos, al tiempo que el propio Gobierno no acata las resoluciones judiciales”.

“Enfatizamos que nuestro despacho y quienes lo integramos en lo personal, no tenemos interés en que este asunto concluya con la separación de su cargo de ningún servidor público, sea quien sea; carecemos de intereses políticos o partidistas, como lo hemos demostrado a lo largo de los últimos quince años. Creemos, por supuesto, en la necesidad de que el Estado de Derecho prevalezca, y no será así si no se cumplen las resoluciones judiciales”, afirmaron los jurisconsultos.

No es la primera vez que la autoridad estatal, desde cualquiera de los tres poderes, le intenta escamotear sus derechos a los trabajadores que le prestan servicios. En dependencias como la Coordinación  de Comunicación Social o la Secretaría de Turismo existen varias demandas por despidos injustificados en los que ni siquiera un finiquito se ofreció a los empleados. Simplemente porque al gobierno no le da la gana pagar.

El abuso de poder y el incumplimiento de la ley son práctica recurrente en Veracruz.

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