ABERRACIONES LEGISLATIVAS
Desde que inició funciones la LXIII Legislatura del
Estado de Veracruz, se advirtió del riesgo de que se convirtiera en una mera
oficialía de partes de facto del
Ejecutivo estatal, debido a la abrumadora mayoría de diputados afines al
gobierno de Javier Duarte que la integran.
Lo que nunca nos imaginamos es que se llegara a convertir
en una vergonzante procesadora de aberraciones jurídicas a capricho del Ejecutivo
de Veracruz, que no ha dudado en torcer la ley para intentar tapar su ineptitud
administrativa o para bloquear la defensa de los ciudadanos ante los abusos de
poder que comete.
Un caso claro fue la reciente aprobación de las reformas
a la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, que deja en la indefensión a los trabajadores estatales al llegar a la edad
de la jubilación, la cual aumentó en perjuicio de las generaciones más jóvenes,
que tendrán más dificultades para integrarse al mercado laboral gracias a esta
nueva norma, que a su vez no contempla sanción alguna para quienes desfalcaron
las arcas del Instituto de Pensiones del Estado, cuya reserva técnica, según
dicen varios enterados, ya no existe.
Pues la nueva “gracia” aprobada por los “insignes”
diputados locales veracruzanos es la reforma a la Ley del Juicio de
Protección de Derechos Humanos, que en palabras llanas, les impide a los
ciudadanos de este estado acudir a instancias jurisdiccionales diferentes a las
locales para defenderse del gobierno cuando éste cometa actos legales que contravengan
las garantías individuales de las personas.
En la exposición de motivos de este ordenamiento enviado
al Congreso estatal por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y que dictaminó en
dos días y sin moverle una sola coma la Comisión Permanente de Derechos Humanos
y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, se establece que “se pretende
impedir la prosecución de juicios paralelos a los que dirimen controversias en
materias expresamente reguladas por ordenamientos legales vigentes, en los que
se emiten resoluciones en sentido contradictorio”.
“Se advierte la recurrencia en la promoción de juicios sujetos
al ordenamiento que nos ocupa (la protección de derechos humanos) y
coexistencia con éstos de procesos en los que el actor, la autoridad y el acto
reclamado son los mismos, lo que ha generado resoluciones diferentes para un
mismo acto, en detrimento de la seguridad jurídica y del prestigio de los
órganos jurisdiccionales de la entidad”, pretenden justificar.
Así que como no quiere el Ejecutivo estatal que un
tribunal federal, la Suprema Corte de Justicia o la Comisión Nacional de
Derechos Humanos le eche abajo sus resoluciones o intervenga en los juicios que
en la materia se diriman en el estado, sus fieles diputados aprobaron una
reforma al artículo 30 de la ley mencionada, que dispone lo siguiente.
“El juicio (de derechos humanos) será improcedente y
deberá decretarse su inmediato sobreseimiento contra actos de naturaleza
fiscal, administrativa o de los emitidos en procedimientos en materia laboral y
de seguridad social, así como contra actos de nombramiento o remoción de
servidores públicos estatales y municipales; y contra actos que sean materia de
cualquier otro juicio o procedimiento que se encuentre pendiente de resolución,
promovido por el mismo actor, contra la misma autoridad y por el mismo acto, aún
en el caso de que las presuntas violaciones a la Constitución sean distintas”.
Y para que no quede duda del carácter autoritario de la
nueva norma, en el mismo artículo se incluyó una amenaza: “será causa de
responsabilidad, sancionable conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la admisión y
trámite de demandas improcedentes en los términos de este precepto”.
O lo que es lo mismo. Cuidado si algún juez se atreve a
recibir una acción de inconstitucionalidad o una demanda de juicio por
violación de garantías y derechos humanos contra el Gobierno de Veracruz,
porque le caerá encima todo el peso del aparato del estado, que mientras más
pasa el tiempo menos puede disimular su talante fascistoide. No por nada la
admiración manifiesta al dictador español Francisco Franco.
Los integrantes de la Comisión que dictaminó la
iniciativa fueron la diputada de Nueva Alianza Jaqueline García Hernández, la
priista Marcela Aguilera Landeta y el verde ecologista Jesús Vázquez González, quienes
inscribieron su nombre con letras de oro en el cuadro de horror de la abyección
legislativa.
Y lo que falta. La pretensión del grupo gobernante de
reformar la Constitución del Estado para que la próxima gubernatura sea por un
periodo de apenas dos años es real. Y quieren que sea, además, por designación
directa, para favorecer a uno de su círculo y evitar las urnas, donde
irremediablemente cualquiera de ellos sería derrotado.
De una vez que se facturen a su nombre a Veracruz, ¿no?
Asueto
El autor de esta columna tomará unos días de descanso la
próxima semana, para regresar a su publicación –en donde aún encuentre espacio,
a como van las cosas– el martes 12 de agosto. A los lectores y lectoras, muchas
gracias.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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