ORFIS: LA PÓLVORA MOJADA
Desde
su creación hace casi 14 años, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
ha sido más un brazo ejecutor y de presión política, que un verdadero organismo
autónomo, auditor del uso de los recursos públicos en la entidad.
En
casi década y media, el Orfis no ha procedido legalmente en contra de ningún
funcionario público de alto nivel o contra algún alcalde de los municipios más
importantes del estado, por cometer daño patrimonial en contra de las finanzas
de las administraciones que les tocó encabezar. Y ejemplos de autoridades
rapaces y voraces, sobran en el escenario de la política veracruzana.
Instaurado
en el año 2000 en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local,
luego de la reforma a la Constitución del Estado promovida por el gobierno de
Miguel Alemán Velasco, el órgano fiscalizador ha terminado por convertirse en
un mero facilitador para que les “cuadren” las cuentas a los entes públicos que
se someten a sus revisiones, previa “mochada” con el auditor en turno, o bien
por instrucción precisa desde la cúpula del poder.
Por
eso mismo, año con año, la presentación de los resultados de la Cuenta Pública
de las dependencias de la administración estatal, los entes autónomos y de los
212 ayuntamientos, que el Orfis entrega a la Legislatura, se vuelto un símil
del cuento de Pedro y el lobo: de tanto decir que ahora sí se procederá contra
los funcionarios públicos que hayan abusado de su puesto, sin que pase nada,
ahora ya nadie les cree, ni se asusta.
La
revisión de la Cuenta Pública de 2012 (que por ley se presenta con dos años de
retraso) arrojó un presunto daño patrimonial global de 409 millones 346 mil 68
pesos, de los cuales, poco más de 125 millones corresponden a 38 ayuntamientos,
más de 44 millones a la extinta Secretaría de Comunicaciones, y 233 millones
148 mil 624 pesos a los fideicomisos de administración y construcción del interminable
túnel sumergido de Coatzacoalcos.
Tras
conocerse esta información, difundida por el presidente de la Comisión de
Vigilancia de la LXIII Legislatura local, Francisco Garrido, luego de las
quejas de la bancada del PAN por la opacidad en el manejo de estos datos, de
una manera por demás inusual, el Gobierno del Estado emitió un boletín para
“celebrar la claridad con la que se conduce el Poder Legislativo” y advertir
que quien haya incurrido en una ilegalidad, “deberá ser sancionado de acuerdo a
lo que la ley establece” (sic).
Para
no variar, la mayor parte de la carga del supuesto desfalco al erario se deja
en los municipios, la mayoría pequeños o rurales, mientras que las dependencias
del Poder Ejecutivo resultaron ser “impolutas”, salvo el raspón a la Secretaría
de Comunicaciones, que en el año de la citada revisión estaba encabezada por
Raúl Zarrabal, hoy flamante integrante de la misma Legislatura que deberá dictaminar
el informe del Orfis.
El
resultado de todo esto es predecible: ningún “pez gordo” pisará la cárcel.
¿Apuestas?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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