UNA CONFESIÓN DE FRACASO INSTITUCIONAL

 

Las últimas dos semanas han marcado una nueva escalada violenta contra los periodistas y la libertad de expresión y de prensa en Veracruz, acrecentando las cifras de agresiones en el que sigue siendo uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el país.

El secuestro y asesinato de periodistas ocurridos en Nanchital y Poza Rica en el transcurso de estos 15 días son parte de una larga cadena de violencia que nadie, ninguna autoridad, de cualquier partido, ha querido ya no digamos contener, sino siquiera atender desde hace ya demasiado tiempo.

El plagio y desaparición de Roxana Guzmán en el sur de la entidad expuso la fragilidad hasta de estar en tu propia casa, de donde cualquiera puede ir a sacarte a punta de pistola. El asesinato de Luis Ángel López Valdez, acribillado en el norte del estado con 18 balazos la semana pasada, pese a contar con un supuesto acompañamiento y medidas de protección, evidenció que los protocolos no funcionan. Ni las instituciones que los llevan a cabo.

La respuesta oficial tampoco ha generado extrañeza: la mañana de este lunes, Rocío Nahle se apresuró a deslindar la actividad periodística como causa de los ataques. Una narrativa que busca minimizar la gravedad del problema y desvincular al gobierno del estado de su responsabilidad. Una respuesta, además, que quienes vivimos y ejercemos el periodismo en Veracruz conocemos muy bien desde hace 15 años, por lo menos.

Particularmente en el caso de Luis Ángel López Valdez, se ha enfatizado el hecho de que contaba con medidas de auxilio de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) tras haber recibido amenazas de elementos policiacos. Y cómo, obviamente, no sirvieron de nada.

La CEAPP, creada en el gobierno de Javier Duarte, fue concebida como un mecanismo para “lavarle la cara” a un régimen ya para entonces señalado internacionalmente por la persecución y asesinato de periodistas. Su origen estuvo más ligado a la necesidad de simular protección que a la voluntad real de garantizarla. Desde entonces, el organismo ha transitado, en mayor o menor medida, en sus diferentes integraciones, entre críticas constantes por su burocratización, falta de independencia, opacidad en el manejo de recursos, pago de facturas políticas y, sobre todo, ineficacia frente a la violencia. Pero también, y hay que decirlo, ha servido para apoyar a periodistas en procesos judiciales como su representante legal, para promover la capacitación de los comunicadores y hasta para cubrirles ciertos gastos en materia de salud.

Pese a sus limitaciones y a que actualmente está completamente doblegada ante el gobierno morenista de Veracruz, la CEAPP representa el único espacio institucional para atender las agresiones contra periodistas en el estado. Pero aprovechando el viaje, desde el propio régimen comenzaron a alzarse “voces” para exigir desaparecerlo, sin más, como si eso fuese a representar alguna solución a la violencia sistemática contra los comunicadores veracruzanos.

“Coincidentemente”, este mismo lunes le preguntaron a Rocío Nahle sobre el tema de la posible desaparición del organismo, a lo que la gobernadora respondió que eso dependerá de lo que los periodistas “decidan”, deslindándose de asumir una responsabilidad fundamental del Estado, que es garantizar condiciones mínimas para el ejercicio libre del periodismo, y trasladando la carga de la decisión a un gremio golpeado, dividido y vulnerable.

La desaparición de la CEAPP sin que exista un mecanismo alternativo sólido y confiable que le sustituya, equivaldría a dejar al gremio reporteril en un vacío absoluto, habida cuenta de que el propio gobierno de Nahle ha demostrado que carece de voluntad y capacidad para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en la entidad.

Desaparecer la CEAPP en este momento y de un plumazo, en lugar de fortalecerla legalmente y de respetar la autonomía que legalmente tiene, significaría la renuncia del Estado a cualquier responsabilidad específica en la protección del gremio, perpetuando la impunidad de las agresiones con el objetivo de consolidar un modelo de control político sobre la información.

Toda una confesión de fracaso institucional.

 

Tácticas conocidas

 

El periodista Edgar Hernández denunció en sus redes sociales el allanamiento de su casa en Xalapa, de donde le fueron robados documentos, su computadora, algunos bienes y hasta diplomas y reconocimientos.

Se trata de tácticas de intimidación que varios conocemos y hemos padecido en algún momento, cuyo objetivo es hacer sentir esa vulnerabilidad de saber que ni en casa se está seguro.

Repudio total.

 

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