MÁS DE TRES MESES EN LA CÁRCEL Y UN “USTED DISCULPE”
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| Fotografía: El Heraldo de Martínez |
La mañana de este 15 de septiembre fue
liberada Diana Patricia, que fue encarcelada a fines de mayo pasado en una
prisión del sur de Veracruz por la Fiscalía General del Estado, que la acusó de
homicidio doloso en razón de parentesco luego de sufrir un aborto espontáneo en
el baño de una tienda departamental.
Desde el principio, el caso estuvo plagado de
inconsistencias, irregularidades y sobre todo, de prejuicios. Diana Patricia,
una mujer de escasos recursos que sufría violencia intrafamiliar y a quien su
ex pareja, además de maltratarla físicamente le arrebató al más pequeño de sus
tres hijos, fue tratada como culpable de un delito que a todas luces no había
cometido, estigmatizada y criminalizada por la propia autoridad, en uno de los
casos más grotescos de injusticia, abuso de autoridad y violación de derechos
humanos que ha protagonizado la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo
de Verónica Hernández Giadáns.
Hay que recordar que cuando el caso comenzó a
adquirir notoriedad mediática y con la investigación todavía en curso, la propia
Fiscalía boletinó la versión de que Diana Patricia había “asesinado” a su hijo –que
varios testimonios señalan era deseado- tras el aborto espontáneo, violentando
además el debido proceso y su presunción de inocencia, y a pesar de lo cual todavía
estuvo en prisión dos meses y medio más.
La evidencia de la injusticia cometida contra
Diana Patricia metió en un brete al gobierno de Veracruz, exhibida la
incongruencia entre su discurso sobre “cero tolerancia” hacia la violencia
contra las mujeres y las acciones que las mismas instituciones gubernamentales llevaban
–y llevan- a cabo, criminalizándolas y persiguiéndolas.
En el inter de la liberación de Diana
Patricia, en el Congreso del Estado de Veracruz se despenalizó la interrupción
del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación e incluso se
incorporó la salud como causal; mientras que hace pocos días la Suprema Corte
de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la penalización del
aborto. Pero Diana Patricia no salió de prisión gracias a ninguno de estos dos
hechos jurídicos.
El juez que ordenó liberar a Diana Patricia
la consideró inimputable, esto es, eximida de ser sometida a un proceso penal,
por una razón fundamental: padece una discapacidad mental. Ello fue confirmado
por la propia fiscal Hernández Giadáns al dar a conocer el sobreseimiento del
caso: “a Diana Patricia se le demostró su inimputabilidad, por eso el juicio
fue sobreseído y quedó en libertad”, admitió.
Solo que esa condición de Diana Patricia todo
el tiempo fue del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que a pesar
de saberlo la mantuvo encerrada y ahora, pretende cerrar el caso con el simple
y consabido “usted disculpe”.
¿Quién le va a devolver a Diana Patricia,
revictimizada y recriminalizada “n” cantidad de veces, esos cuatro meses de su
vida perdidos? ¿Qué autoridad va a asumir la responsabilidad de la reparación
del daño? ¿Quién va a pagar las consecuencias de la violación sistemática de
sus derechos humanos? ¿Quién la va a proteger de las condenas y prejuicios en
un municipio marginado y atrasado?
La violación de los derechos de las mujeres sigue
siendo la constante, y no la excepción, en Veracruz.
Enlodando
la investidura
De escándalo, que en el acto más importante
del calendario cívico de la nación mexicana se le haya abierto espacio y
micrófono a un dictador violento, represor de su pueblo y de las mínimas garantías
de libre expresión en su país.
Convertir la celebración patria de todos los
mexicanos en un acto de vulgar propaganda le costará caro al régimen. Y la
historia no los absolverá. Ni a Díaz-Canel ni a López Obrador.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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