LEGITIMAR UNA DECISIÓN TOMADA
Más allá de los pros y contras que se quieran
señalar sobre los dos proyectos aeroportuarios en pugna entre las
administraciones saliente y entrante del Gobierno Federal, la discusión de
fondo sobre la consulta a la que se convoca a los ciudadanos mexicanos la
semana entrante es si es válido, legal y legítimo hacerlo de la manera como se propone.
Por principio de cuentas, así como está
planteada, la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no
cumple con los requisitos para ser vinculante. Esto es, para que sus resultados
tengan valor legal y obliguen a su puesta en práctica a las autoridades.
El artículo 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que son derechos del ciudadano votar en
las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Éstas “serán
convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la
República; el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de
las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal
de electores, en los términos que determine la ley”.
El numeral constitucional señala que la
petición “deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la
Unión”, y que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma
directa, “la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”.
Hasta este momento, ninguna de las anteriores
premisas se ha cumplido. El que llama a la consulta es el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, quien no está legalmente facultado para hacerlo
todavía. Y ni el 33 por ciento de los legisladores federales ni el dos por
ciento de los electores del país (que equivaldrían a un millón 782 mil
personas, aproximadamente) han hecho petición alguna al Congreso de la Unión.
El INE tampoco fue invitado a participar en
la consulta lopezobradorista, que será organizada por la Fundación Arturo
Rosenblueth, un organismo civil que tampoco tiene facultades para darle validez
legal a este ejercicio. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía
tendría que resolver, previo a la convocatoria que emitiera el Congreso de la
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de dicha consulta.
A pesar de ello, el próximo coordinador de
Comunicación Social del Gobierno Federal, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la
consulta sí será vinculante y que la opción que obtenga más votos será la que finalmente
se lleve a cabo durante el próximo sexenio, estimando una participación de
entre cien mil y medio millón de personas en los 538 municipios en los que se
instalarán las mesas para recibir las boletas.
Sin embargo, la Constitución también prevé
que el resultado de una consulta popular será vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes “cuando la
participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores”. Lo que significa que tendrían que
sufragar por lo menos 35.64 millones de mexicanos, lo cual evidentemente no va
a suceder.
Desde el punto de vista jurídico, la consulta
que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre próximos no tendrá ninguna
validez. Si acaso, le servirá de parámetro al próximo gobierno para justificar
la decisión que al final tome: continuar con el proyecto que se desarrolla en
Texcoco o desecharlo –con las enormes pérdidas financieras que ello implicaría
para el erario- para en su lugar habilitar pistas en la base militar de Santa
Lucía, “parchar” al actual aeropuerto de la Ciudad de México y volver a
utilizar la muy pequeña terminal que existe en Toluca.
Pero no hay que engañarse. Esa decisión ya
está tomada. Únicamente quieren legitimarla y transferir la responsabilidad de
sus consecuencias a la población. Grave preámbulo de un estilo de gobernar.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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