HISTORIAS DE ESPÍAS
Fotografía: archivo |
Tras
la publicación del reportaje de The New York Times en el que se acusa al
gobierno mexicano de espiar a activistas, defensores de derechos humanos y
periodistas a través de un sofisticado programa de software malicioso conocido
como Pegasus, la respuesta oficial dada a conocer por la Presidencia de la
República fue un lacónico “no hay pruebas”.
Tan
simple y tan indulgente como eso. “No hay prueba alguna de que agencias del
gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su
artículo”, respondió al New York Times el director general de Medios
Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, seguido de
los consabidos “juramentos” de “respeto” a la libertad de expresión y a la
protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos. ¿Alguien
esperaba que lo fueran a aceptar, acaso?
El
espionaje de quienes los gobiernos consideran –y clasifican- como adversarios y
enemigos es algo antiguo, podría decirse que hasta tradicional. No sólo en
México, sino prácticamente en todo el mundo.
En
nuestro país, el más “renombrado” espía político del viejo régimen priista fue
el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y ex gobernador de Veracruz,
Fernando Gutiérrez Barrios, quien se dedicó a armar expedientes con las fortalezas
y debilidades, vida y obra, de todos aquellos personajes a quienes el gobierno
mexicano consideró como una amenaza para la seguridad nacional, ya fuera por
sus opiniones, sus filiaciones políticas o sus niveles de popularidad.
A
través de ese tipo de prácticas, el Estado mexicano llevó a cabo lo que se
conoce como la “guerra sucia”, a través de la cual cientos de opositores al
régimen fueron acallados, asesinados y/o desaparecidos principalmente entre las
décadas de los 60 y los 80 del siglo XX.
Hipócrita
y paradójicamente, mientras este tipo de prácticas eran condenadas
públicamente, sus operadores recibieron estatus de “héroes” por parte del
Estado mexicano y premiados con cargos políticos de alto rango, como el propio
Gutiérrez Barrios, que además de gobernador de Veracruz fue subsecretario de
Gobernación en el sexenio de Luis Echeverría y secretario de Gobernación en el
gobierno de Carlos Salinas.
Más
recientemente, en el estado de Veracruz el hostigamiento y espionaje contra
periodistas, activistas y opositores desde las esferas gubernamentales ha sido
recurrente desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero, siendo secretario de
Gobierno en aquel entonces el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. La
red de espionaje político de esos años (1992-1998) era operada por Enrique
Ampudia, quien durante mucho tiempo permaneció cercano a Yunes Linares, hasta
que se distanciaron al incorporarse aquél al gobierno de Javier Duarte de
Ochoa.
Durante
los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y de Duarte de Ochoa, la filtración de
audios, fotografías y videos como forma de control y ataque político fue tan
cotidiana como aberrante. Y en los casi siete meses que lleva el bienio de
Miguel Ángel Yunes nada ha cambiado. Ahí están los videos de Eva Cadena, utilizados
en plena campaña para obtener dividendos políticos.
Por
eso es que en realidad no sorprende que se acuse al gobierno mexicano de espiar
hasta a quienes son tachados como sus “amigos”, utilizando para ello los
recursos que el Estado debería ocupar para combatir al crimen organizado, como
sería en este caso.
Son
los mismos vicios de un viejo sistema que no ha cambiado prácticamente en nada
y que repite las mismas prácticas para intimidar, sobajar, chantajear y atacar
a quienes -como declaró al New York Times uno de los espiados, el director del
Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas- son los “nuevos
enemigos del Estado”.
Y
antes como ahora, nunca hay pruebas. Lo que no quiere decir que no lo hayan
hecho, y que no vayan a continuar haciéndolo.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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