NUEVAS PRESAS PARA LA CACERÍA
Fotografía: AVC Noticias |
La temporada de cacería de política está
lejos de haber terminado. Sólo que hay nuevas presas en el show de la persecución.
Este jueves, el periodista Jair García
publicó en La Jornada Veracruz que la investigación por enriquecimiento ilícito
en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo el presidente
municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue atraída por la
Procuraduría General de la República (PGR).
Jair García publicó que “de acuerdo con el
expediente 1224/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del
Río, se tomó en los primeros días del mes de junio la siguiente determinación: ‘…
el fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con
residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual informa que la Investigación
Ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en
agravio del servicio público, incoada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares,
fue solicitada mediante oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016 suscrito por la Agente
del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales, en ejercicio de la facultad de atención de
la Procuraduría General de la República, motivo por el cual comunicó al titular
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el acuerdo dictado en ese
sentido, dentro del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, por el
que se ejerce la facultad de atracción de la citada Investigación Ministerial’.
El caso, continúa en su nota Jair García,
deriva de la investigación ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de
enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público, en contra de Miguel
Ángel Yunes Linares, y la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 en contra de
su hijo el alcalde de Boca del Río, como consecuencia de las denuncias
presentadas en el año 2015 por los actuales diputados federales veracruzanos
del PRI y el PVEM, los ex legisladores locales del tricolor y el entonces
gobernador Javier Duarte de Ochoa, ante la Fiscalía General del Estado.
Los Yunes se ampararon para detener la
investigación. Pero de acuerdo con la pieza periodística, fueron notificados de
que las carpetas de investigación de ambos fueron atraídas por el Ministerio
Público federal, de lo cual habrían sido notificados el miércoles pasado.
El fiscal general del estado, Jorge Winckler
–a quien se señala de ser juez y parte en el caso-, aseguró que los casos
fueron cerrados desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, el alcalde de
Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, declaró que precisamente desde hace
más de un año no han podido responderle a la PGR debido al “burocratismo” y la
“lentitud” con que desahoga sus procesos, aceptando tácitamente que el caso
sigue abierto, aunque juró que tiene todos sus asuntos en orden.
Digan lo que digan las autoridades
veracruzanas involucradas, al reactivar el caso de la investigación sobre sus
fortunas personales, el Gobierno Federal les puso sobre la cabeza la misma
“espada” que blandió para cortar la de Javier Duarte, exactamente
en el momento en el que arreció la andanada mediática instigada desde el
gobierno estatal en contra del senador priista Héctor Yunes Landa para
implicarlo en desvíos de recursos públicos para su campaña por la gubernatura
en 2016.
Así como el Gobierno Federal utilizó el
aparato de justicia para derribar a Javier Duarte cuando se convirtió en un
lastre para el PRI –demasiado tarde para detener la caída electoral de ese
partido, por cierto-, nada le impide hacer lo mismo en contra de un adversario
que se ha vuelto demasiado molesto por su desbordada rijosidad y protagonismo.
O al menos, para obligarlo a apaciguarse en la víspera del inicio del proceso
de la sucesión presidencial.
Y así como con Duarte, tendría elementos de
sobra para ello.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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