AUTOEXONERACIÓN MENTIROSA

Fotografía: tomada del Facebook de Alberto Silva Ramos

Desesperado porque el circo de sus denuncias no tuvo el efecto que deseaba y lo exhibió como un político frívolo e interesado solamente en promover su imagen, el diputado federal Alberto Silva Ramos dio otra acometida mediática, ahora para quedar bien con su jefe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

En una segunda rueda de prensa en menos de una semana, y como si fuera él y no Erick Lagos Hernández el coordinador de la bancada veracruzana del PRI en la Cámara de Diputados –o quizás, de facto, sí sea él el verdadero coordinador-, Silva Ramos presentó unos documentos que, según él, prueban la exoneración a los funcionarios y ex funcionarios estatales denunciados por la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos y simulación de actos legales.

Silva presentó dos oficios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, firmados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la misma, Victorico Pereyra Trinidad, en los que esa oficina remite al procurador estatal Luis Ángel Bravo Contreras las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación “por tratarse de hechos que son de su única y exclusiva competencia, con la finalidad de que instruya a quien corresponda a efecto de que continúe con su prosecución y perfeccionamiento legal”.

Según esto, la Procuraduría General de la República se desentendía de las querellas y dejaba en manos del Gobierno del Estado de Veracruz la facultad de darles cause. Y en un tercer oficio, se mostró el instructivo de notificación de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos del estado en los que, por supuesto, se determinaba el “no ejercicio de la acción penal” contra los indiciados. Pues ni modo que se metieran a la cárcel a sí mismos.

Con esos papeles en mano, el diputado Alberto Silva Ramos, él solito, dio por “cerrado” el caso, y sus medios afines se dedicaron a publicitarlo así, como un tema “resuelto”.

Sin embargo, hay un pequeño detalle que el diputado federal por Tuxpan no consideró importante. Y es que los oficios de la Subprocuraduría están fechados los días 10 y 24 de febrero de 2014. ¿Y qué con eso?, se preguntará el lector.

Pues que resulta que las 15 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación contra el Gobierno de Veracruz por simulación de reintegro de recursos federales fueron presentadas los días 11, 12, 13 y 20 de noviembre de ese mismo año, como consta en la página Web del órgano fiscalizador en su apartado de denuncias penales, actualizado al 8 de septiembre de 2015, y que puede consultarse en el siguiente link: http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales

Así que ateniéndonos a los dichos del diputado Silva, la Subprocuraduría federal exoneró a los funcionarios de la administración de Javier Duarte de las denuncias en su contra ¡nueve meses antes de que éstas fueran presentadas! Victorico Pereyra Trinidad tendría que haber sido vidente o viajar en el tiempo.

Ambos oficios presentan sellos de recibido de la Procuraduría de Justicia del Estado con fecha de 2015, los cuales podrían haber sido colocados incluso ayer mismo. Y también llama la atención que el agente Pereyra remite los documentos al “procurador” Luis Ángel Bravo Contreras y no al fiscal, categoría que en 2014 este funcionario estatal aún no tenía.

Lo que tampoco dijo el “listillo” diputado Silva es que existe un recurso de amparo interpuesto por la Auditoría Superior de la Federación contra la decisión de la PGR de declararse incompetente en este tipo de denuncias, pues el dinero desviado es federal y le corresponde investigar y actuar en consecuencia, por lo que los expedientes podrían serle regresados.

Y en lo que eso sucede, trascendió que ya hay una nueva denuncia, presentada por la ASF el pasado 25 de agosto, por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en la Cuenta Pública de 2012, por un monto que superaría los 110 millones de pesos y en donde estarían involucrados varios actuales diputados federales veracruzanos del PRI.

Así que parece que, contrario a los deseos de Javier Duarte y su diputado favorito, el caso no está cerrado todavía.

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