EL FANTASMA DE DÍAZ ORDAZ
El sábado pasado, miles de ciudadanos se
manifestaron en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Jóvenes,
familias y colectivos salieron a las calles para exigir respeto a la democracia
y detener la ola de violencia, así como para denunciar la deriva autoritaria
del régimen.
Fue una marcha plural, con personas de varios
grupos de edad, pero en la que, invariablemente, hubo una gran cantidad de
jóvenes hartos de la situación en la que les ha tocado vivir y que exigen de
las autoridades lo mínimo que les corresponde hacer: garantizar su, nuestro,
derecho a vivir en paz.
La respuesta oficial fue inmediata, obvia y
perfectamente articulada: mientras que del Ángel de la Independencia al centro
de la Ciudad de México la marcha transcurrió en total calma, llegando al primer
cuadro del Zócalo aparecieron para provocar enfrentamientos grupos de choque, de
esos que hacen de las suyas siempre que hay una protesta contra el régimen,
pero que curiosamente nunca hacen ni siquiera acto de presencia en las
concentraciones pro-gobierno, donde todo transcurre bajo control logístico, sin
infiltrados y, ahí sí, con miles de acarreados. La diferencia es clara: cuando
la protesta es ciudadana, el poder busca contaminarla y criminalizarla.
La actuación del llamado “Bloque Negro”, que increíblemente
derribó las vallas que rodeaban Palacio Nacional mientras agredían a los
policías ahí apostados, logró su cometido: una respuesta en forma de escalada
de brutal represión que no fue contra los alborotadores, sino contra los
manifestantes que habían llegado pacíficamente, acompañados hasta por sus
familias. Varios fueron detenidos y ahora enfrentan acusaciones
desproporcionadas, inverosímiles, de intento de homicidio, una figura penal con
la que se busca infundir miedo y castigar la disidencia. Se trata de un patrón
histórico seguido por varios gobiernos autoritarios: convertir a los
inconformes en enemigos del Estado, en lugar de reconocerlos como ciudadanos
con derechos.
Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum
reforzó esa narrativa. En su conferencia matutina, reiteró su cantaleta de que
la marcha no fue espontánea ni juvenil, sino financiada con recursos de la
oposición y de empresarios. Incluso habló de una supuesta promoción cercana a
90 millones de pesos, atribuyendo la organización a partidos opositores y al
“villano favorito” del oficialismo: Ricardo Salinas Pliego, a quien por cierto,
hasta hace no mucho, no veían con malos ojos cuando apoyaba a López Obrador:
hasta le regaló un programa de televisión y, en reciprocidad, cuando arribó al
poder la “4t”, le dieron a su banco el manejo de las tarjetas para el pago de
becas y pensiones. Flaca memoria.
La cargada propagandística del régimen
intentó instalar la idea de que la protesta no fue auténtica, sino manipulada
por “intereses oscuros”. Voceros oficiales y medios afines repitieron el guion
como en bucle: que la marcha fue “de la oposición”, que “no eran jóvenes”, que
“hubo caras conocidas de la Marea Rosa”. Como si hubiese que pedir permiso al
gobierno para ejercer el derecho constitucional de manifestación o se tuviera
que solicitar derecho de admisión.
El objetivo de régimen morenista ha sido bastante
claro desde que se convocó a la marcha: deslegitimar la protesta ciudadana, reducirla
a un acto partidista y, ahora, desviar la atención de la represión cometida a
los ojos del mundo, que así la ha registrado.
Las imágenes y los testimonios de los jóvenes
reprimidos cuentan una historia diferente a la versión oficial. La sociedad
civil salió a defender sus derechos, y lo hizo sin acarreo ni dádivas. La
narrativa oficial busca neutralizar esa expresión ciudadana instalando el
fantasma del enemigo útil: que si los partidos opositores, que si la ultraderecha
y un empresario –del que en su momento fueron aliados-. ¿Qué hubo algunos
políticos ahí? Sí, pero ninguno con la capacidad de movilizar ni a una quinta
parte de todas las personas que salieron el sábado a protestar. Algo que el
régimen sabe perfectamente.
Lo que en realidad le preocupa al morenato es
que la inconformidad ciudadana crezca por su incompetencia para ofrecer respuestas
a sus necesidades y demandas, y que sectores que consideran cautivos gracias a
las becas y pensiones dejen de contentarse con dádivas y le exijan a un
gobierno que ha sido incapaz de enfrentar –ya no digamos solucionar- los
problemas del país, en especial porque están atados de manos por sus evidentes
pactos –por obra u omisión- con el crimen organizado.
En octubre de 1968, el gobierno de Gustavo
Díaz Ordaz justificó el uso de la fuerza armada en la Plaza de las Tres
Culturas porque los militares fueron agredidos, ahora los sabemos, por un grupo
paramilitar, el tristemente célebre Batallón Olimpia, bajo las órdenes del
propio gobierno. Hecho que fue utilizado para acusar a los estudiantes de
violentos, encarcelar a sus líderes –varios de ellos enquistados en el actual
régimen, con una asombrosa amnesia- y para desarticular de una vez por todas el
movimiento estudiantil antes del inicio de las Olimpiadas de ese año.
Las víctimas de entonces –y sus herederos- se
convirtieron en los represores del presente. Y andan pisándole los talones a
sus maestros.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
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