¡CHARROS, CHARROS!

La iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz es, sin exagerar, un ataque frontal contra la libertad sindical y, por ende, contra los derechos humanos de la clase trabajadora. El régimen que encabeza Rocío Nahle pretende reinstalar un modelo corporativo que ya fue declarado inconstitucional y que contradice tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La propuesta –que originalmente suscribiría directamente la gobernadora, a lo que al final no se atrevió y se la encargaron a un “patiño” de la bancada de Morena en el Congreso local- busca eliminar la pluralidad sindical para que el gobierno únicamente tenga que negociar con un sindicato por área. En otras palabras, reinstalar la hegemonía del sindicato único, con la cláusula de exclusión incluida.

Ambas figuras fueron suprimidas por violar la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación. Pretender su regreso es un retroceso histórico que coloca a Veracruz en la ruta del “charrismo” sindical, ese sistema de control político que convirtió a los sindicatos en brazos dóciles del poder en las mejores épocas del priismo omnímodo, sistema con el que el morenato no solo tiene afinidad: le es consustancial.

La reforma también plantea trasladar las funciones del Tribunal de Conciliación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, concretamente en la Secretaría del Trabajo. Este movimiento, aparentemente administrativo, es en realidad un golpe a la autonomía sindical. Significa que el gobierno, el patrón de los trabajadores estatales, tendría la última palabra en los conflictos laborales. Sería juez y parte, debilitando la independencia de los trabajadores y abriendo la puerta a la persecución y aplastamiento de sindicatos incómodos. No es casualidad que se hable de “destruir” sindicatos menores: la intención es clara, consolidar un sindicalismo blanco que legitime e incluso que aplauda al régimen. Faltaba más.

El artículo 118 de la ley objeto de reforma privaría a los trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario de las prestaciones derivadas de las condiciones generales de trabajo. Se trata de una violación flagrante al principio de igualdad, pues condena a la exclusión a quienes decidan ejercer su libertad de asociación. Además, contraviene el propio artículo 23 de la ley, que reconoce derechos definitivos tras seis meses y 30 años de servicio.

La reforma no solo es inconstitucional: es profundamente injusta y arbitraria. Incluso, hasta podría calificársele como muy de derecha, por la conculcación del derecho de asociación de la base trabajadora, que se supone fue una bandera de la izquierda histórica. Pero ya sabemos que a México y Veracruz en realidad lo gobierna un priismo guinda ultraconservador.

Los especialistas coinciden en que la resistencia legal, aunque necesaria, no será suficiente. El régimen apuesta a la apatía, la desunión y el temor de los trabajadores. Por ello, la única salida es la cohesión sindical y la organización colectiva. Más de 15 organizaciones ya han comenzado a reunirse para definir acciones conjuntas y este viernes realizarán una marcha al Congreso del Estado para exigir ser escuchados.

La reforma laboral que se pretende imponer en Veracruz es un intento de reinstalar un sindicalismo subordinado al poder político. Viola derechos humanos, tratados internacionales y principios constitucionales. Pretende devolver a la entidad al pasado del “charrismo” y del sindicalismo blanco, donde los sindicatos eran instrumentos de control y no defensores de los trabajadores.

Y por supuesto que si la reforma pasa en Veracruz, lo que sigue es implantarla en todo el país.

 

El gobierno de los peores

 

El patán misógino que despacha en la Secretaría de Finanzas y Planeación debería tomar unas clasecitas de perspectiva de género. Y por supuesto, a él sí debería sancionársele por violencia política de género luego de ofender públicamente a la diputada Indira Rosales, a quien ni siquiera le contestó lo que le preguntó durante su comparecencia en el Congreso del Estado, ejercicio que así como lo blindaron los diputados de Morena, no tiene ninguna utilidad.

Luego se preguntan por qué su jefa está en el último lugar nacional en el ranking de gobernadores.

 

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