PROPAGANDA INFAME

 

Sin precedente alguno en algún otro gobierno en la historia de México, la propaganda ha sido el arma favorita durante el sexenio lopezobradorista y si acaso, la única estrategia que tiene este régimen para “gobernar”.

Las conferencias “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador no son ejercicios de rendición de cuentas ni su objetivo es informar al “pueblo”. Claramente han sido diseñadas para manipular, instruir y llamar a la acción al núcleo más duro de sus seguidores, dictándoles cuál es la agenda que deben promover y, las más de las veces, a qué político, activista, empresario, funcionario, periodista o institución deben atacar y desacreditar.

Para amplificar la instrucción presidencial de ataque, el régimen montó un muy amplio equipo de voceros que replican -tanto en redes sociales como en los medios de comunicación en los que los incrustan, vía los convenios publicitarios- cualquier falacia con la que en Palacio Nacional hayan decidido marcar la agenda del día. Y hay que reconocerlo, les ha funcionado.

Eso no es gratis. Esos propagandistas reciben pagos que han sido documentados mediante búsquedas en la Plataforma Nacional de Transparencia –a la que el lopezobradorismo quiere desaparecer junto con el INAI-, a cargo de “servicios publicitarios” o cualquier otro concepto afin. Y como “según el sapo es la pedrada”, los montos que todos esos voceros, youtubers y textoservidores de la “4t” reciben, varían.

Ellos y las hordas de bots y trols que se manejan desde diferentes oficinas –como la del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas- son los encargados de las “guerras de lodo” para desprestigiar a cualquier persona que se convierta en su objetivo por haber hecho una crítica, por preguntarle algo a López Obrador que lo saque de su zona de confort mañanera –y de sus casillas-, por exhibir alguna corruptela de su gobierno o de sus familiares, o porque haya rechazado una iniciativa, una propuesta e incluso una ley con la que en la “4t” se acomoden el país a sus intereses más facciosos.

La brutal y feroz campaña del régimen “cuatrero” en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que, en uso de sus facultades legales, anuló el bodrio conocido como “Plan B”, se inscribe en ese contexto: el autoritarismo obradorista es incapaz de aceptar que se le diga “no” a nada y quien se atreva, que se atenga a las consecuencias.

Solo que el asedio a la Corte ha subido de tono de manera por demás peligrosa. Fue tanta la furia que despertó en el titular del Ejecutivo que los ministros se “atrevieran” a anular sus reformas por obvias violaciones al proceso legislativo –de lo cual hay antecedentes en otras resoluciones similares-, que ha lanzado a una verdadera jauría a destrozar la imagen y la credibilidad de uno de los poderes de la Unión, sin importarle un carajo las consecuencias.

Es tan burda la campaña para difundir medias verdades y falsedades completas, que incluso están usando a los medios públicos para propagarlas, como al Canal Once, otrora orgullo de la televisión cultural mexicana, hoy sobajado y reducido a ser un altavoz de la propaganda más asquerosa de un régimen violento e intolerante, cuyo jefe está enloquecido por un poder que se niega a entregar, incluso a quien vaya a sucederlo en la silla presidencial el año entrante.

El daño que esta manera de “desgobernar” ha causado es enorme. Recomponer lo roto le tomará décadas al país y a una sociedad que ha sido fragmentada por un discurso de odio y resentimiento exacerbado.

 

Ministros del “pueblo”

 

Uno de los embustes con los que el obradorato busca minar a la Corte es su propuesta de que los ministros sean elegidos “por el pueblo” para que sean más “democráticos”.

Y basa su idea en que “así era” en los tiempos de Benito Juárez –su tótem histórico-, cuando se promulgó la Constitución de 1857. Y así mismo lo replican sus hordas, con total desconocimiento de la ley y de la historia misma.

Los magistrados de ese entonces eran elegidos, efectivamente, pero no de manera directa por los ciudadanos. El artículo 92 de la Constitución del 57 establecía que “su elección será indirecta en primer grado” y se llevaba a cabo a través de colegios de electores. No existía tal elección directa del pueblo como ahora vociferan.

Aun así, resultaba tan problemático este método por la politización que generaba, que fue suprimido en la Constitución de 1917, en la que se determinó elegirlos en el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de las entidades.

Fue hasta el sexenio de Ernesto Zedillo que se hizo otro cambio radical en la composición de la Corte, mismo que los palafreneros de la “4t” también invocan recientemente.

Lo que se estableció a mediados de los 90 –a través de una reforma constitucional consensuada con todas las fuerzas políticas- fue, además de una reducción de la burocracia judicial, la autonomía plena de la Corte y que sus ministros fueran elegidos a través de propuestas del Ejecutivo que debe votar el Legislativo. Esto es, la responsabilidad recae en los representantes del pueblo que votó por ellos. Se llama democracia representativa.

Lo que quiere López Obrador es una Corte sumisa y abyecta, como todos los que lo rodean. Y para ello, no tiene empacho en mentir como respira.

 

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