EL CIRCO DE LA JUSTICIA
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| Fotografía: Cuartoscuro |
El lastimero espectáculo que vemos todos los
días alrededor de la procuración e impartición de justicia en México solo nos
confirma la debilidad del Estado de Derecho y el absoluto desprecio por la
legalidad que priva en tiempos de la llamada “cuarta transformación”.
Un ejemplo de ello es la pantomima legal en
la que se ha convertido el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex
del sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde el principio, el proceso ha estado
plagado de irregularidades, contubernios y complicidades en un asunto en el que
lo que menos importa es la búsqueda de la justicia, ya que en realidad lo que
quieren es sacar raja política de lo que diga, con pruebas o no, el ex
funcionario.
El mismo hecho de que Lozoya no haya pisado
la cárcel en ningún momento desde su llegada a México –asumiendo que sí se
encuentre en el país, pues no hay una sola imagen suya que lo pruebe-, y que ni
siquiera tenga que presentarse a firmar su libertad bajo caución al reclusorio
y se le permita hacerlo por vía remota, son indicativos del pacto de impunidad
que hizo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cambio de
“despepitar” en contra de quien le digan, aun cuando sus meros dichos no
representen en sí una prueba sólida para emprender acción legal alguna. Y de
que varios de los delitos que menciona ya habrían prescrito.
No solo eso. El que la misma autoridad, la
Fiscalía General de la República, se dedique a difundir -en voz de su titular
Alejandro Gertz Manero- los pormenores de las declaraciones de Lozoya, con
nombres y apellidos, implica una violación al debido proceso que vulnera la
presunción de inocencia y la secrecía de la investigación judicial. Por menos
que eso se cae cualquier caso de raterillos comunes en un juzgado.
Queda de manifiesto que el verdadero objetivo
no es hacer justicia ni castigar la corrupción –que sin duda la hubo y a gran
escala- del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino utilizar el escándalo mediático
para intentar sostener la imagen y popularidad de un gobierno timorato,
incapaz, que ha sido trágicamente rebasado por la pandemia –prácticamente 54
mil muertos al corte del 11 de agosto por la noche- y al que lo único que
realmente le importa es aferrarse al poder como sea, para lo cual acude al uso
de la propaganda de forma indiscriminada, al grado de torcer la legalidad.
Y cuando la cabeza está podrida, lo demás se
descompone por añadidura. Desde hace meses en Veracruz no solo se vive un vacío
absoluto en la impartición de justicia, sino que hemos sido testigos de uno de
los episodios más vergonzosos de la historia del Poder Judicial del estado,
vulnerada su autonomía por los juegos de poder de varios trogloditas de
“cuarta” que buscan hacerse de su control colocando alfiles, cómplices,
parientes y golpeadores en los diferentes órganos del Tribunal Superior de
Justicia, prácticamente a punta de chingadazos.
El más reciente desliz fue la destitución
ilegal de varios magistrados por parte del Congreso del Estado. A pesar de que
aquellos obtuvieron sendos amparos contra esa decisión arbitraria, los
diputados locales desacataron la resolución de la justicia federal y nombraron
sustitutos. Ahora un juez ordenó la inmediata reinstalación de uno de los
afectados –y se espera que en los días por venir suceda lo mismo con los
demás-, la cual debe darse en un plazo máximo de diez. De lo contrario, un
nuevo desacato haría a los legisladores acreedores a penas de entre tres y
nueve años de prisión, su destitución e inhabilitación para ocupar cargos
públicos.
Y en esas manos está la ley.
Fotografía: archivo
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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