SOMBRAS AUTORITARIAS
Fotografía: archivo |
Sumido
en una crisis económica de la que no se ve cómo se pueda salir ni siquiera en
el mediano plazo, con una violencia que no amaina, sino que va a la alza en
estados como el de Veracruz, México experimenta un creciente descontento de la
población, del cual el régimen ha tomado nota.
Mientras
todavía muchos siguen de vacaciones, en el Congreso de la Unión se fragua un
manotazo autoritario para cancelar las garantías constitucionales de la
población cuando al gobierno le resulte preciso.
El
pasado martes 29 de marzo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
aprobó el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República que
reglamenta el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y
que permitiría al Ejecutivo Federal suspender las garantías individuales de los
habitantes del país y decretar el estado de excepción, previo aval de la Cámara
baja y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si
bien es cierto esa facultad ya se la otorga la Constitución al Presidente de la
República, la minuta aprobada en comisiones por los diputados establece que el
Ejecutivo podrá suspender garantías en caso de “invasión”, “perturbación grave de
la paz” o algún otro conflicto que ponga “a la sociedad en peligro”.
Como
resulta evidente, la redacción del ordenamiento es totalmente ambigua, y se
deja en manos del gobierno la interpretación de cuándo la sociedad esté en
peligro o exista una perturbación grave de la paz.
Ubicándonos,
por ejemplo, en el contexto del estado de Veracruz, las megamarchas de protesta
convocadas por la Universidad Veracruzana hace unas semanas para exigir al
gobierno estatal el pago de los adeudos que mantiene con la casa de estudios
podrían ser consideradas como una “perturbación grave de la paz” por un
gobernante como el que tenemos en la entidad. Así también, de aprobarse esta
norma, quedaría a criterio del Ejecutivo federal cuándo suspender los derechos
civiles de la población, aun cuando tenga que pasar por el tamiz de la Cámara
de Diputados y de la Corte.
Se
trata de una iniciativa sumamente peligrosa para las libertades de expresión,
manifestación y reunión de los mexicanos, que podrían ser conculcadas de
acuerdo con cálculos e intereses políticos y no por causas plenamente
justificadas.
La
diputada federal de Morena por Coatzacoalcos, Rocío Nahle García, quien votó en
contra del dictamen, lo dejó en claro: “no se define qué se entiende por
perturbación grave de la paz pública, conflicto o invasión (…) Esto es un
cheque en blanco para que (el Ejecutivo) haga y deshaga en el país, e implica
otorgarle un alto margen de las acciones que podría realizar para enfrentar una
situación de emergencia”.
Los
argumentos de partidos como Acción Nacional para aprobar la minuta, en cambio,
son atrozmente pueriles, pues apelaron a los atentados terroristas de París,
Bruselas y Pakistán. El chiste se cuenta solo.
Entrando
en su curva descendiente el sexenio, sobre México se ciernen sombras
autoritarias que amenazan con devolvernos a una época todavía más oscura. En
términos llanos, es una patente de corso para reprimir.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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