VENGANZA CONTRA LOS PERIODISTAS

El mismo día del secuestro del reportero Gregorio Jiménez, el miércoles 5 de febrero, sus compañeros de gremio en Coatzacoalcos salieron a la calle a protestar por el plagio y a exigir su retorno con vida. Una marcha a las 11 de la mañana y otra a las seis de la tarde reflejaron la solidaridad y la indignación de ese día.

La noche del jueves 6 de febrero, la protesta fue más fuerte. Reunidos en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos con el secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, la coordinadora de Comunicación Social Gina Domínguez Colío, el procurador Amadeo Flores Espinosa, el alcalde Joaquín Caballero y el diputado Eduardo Sánchez Macías, los comunicadores –a quienes se pidió no llevar cámaras ni grabadoras, pues se trataba de una “charla” y no de una rueda de prensa– mostraron pancartas de repudio a la violencia en Veracruz y con la exigencia por la vuelta con vida de Gregorio. La más elocuente tenía esta frase: “Exigimos justicia. Si no pueden, renuncien”. La furia brillaba en el rostro de los funcionarios.

Para esa hora, a las redacciones de varios medios de la zona sur de Veracruz ya habían llegado “sugerencias” de parte de los operadores del gobierno estatal para que los directivos llamaran a sus reporteros a “guardar la calma” y a que evitaran acudir a las manifestaciones, pues las autoridades ya “habían tomado cartas en el asunto” y ofrecido “garantías” de que se encontraría a Gregorio Jiménez.

Para no contradecir las “instrucciones” recibidas sin que se armara un escándalo, en varios medios optaron por llamar a juntas a la hora de las marchas o a encargar diligencias y coberturas de último minuto a los reporteros más comprometidos con la búsqueda de Gregorio. En otros lados, no se anduvieron con sutilezas. La prohibición a los periodistas de salir a protestar fue expresa, so pena de ser despedidos sin más, por poner en riesgo los convenios “publicitarios” con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Muchos comunicadores desoyeron las advertencias y continuaron manifestándose, en las plazas públicas o a través de las redes sociales, y ya no sólo en Coatzacoalcos, sino en Acayucan, Veracruz puerto y la capital Xalapa, además de fuera del estado.

Tras el trágico desenlace del plagio de Gregorio, parece que viene el ajuste de cuentas con quienes osaron criticar la actuación del gobierno de Javier Duarte. Trascendió que le fue pedida su “renuncia” a la reportera Romana Ortega, quien estuvo en las protestas y labora en El Heraldo de Coatzacoalcos, diario propiedad de la familia Sánchez Macías.

Sí, la misma familia a la que pertenece Eduardo Sánchez Macías, el diputado local que participó en la reunión de la sala de Cabildo relatada antes, integrante de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas de la LXIII Legislatura y pariente de Antonio Macías Yazegey, suegro del gobernador Duarte de Ochoa. El mismo diputado que la mañana del martes 11 de febrero declaró irresponsablemente que habían rescatado con vida a Gregorio.

Como Romana, varios periodistas de Coatzacoalcos están en la mira para ser echados de sus puestos de trabajo por “revoltosos”, en una clara violación a la libertad de expresión y manifestación. Una muestra clara de lo que en realidad le importan los periodistas al gobierno y a los dueños de los medios que se enriquecen gracias a su trabajo.

Aquí sí aplica la tesis favorita del gobierno sobre los crímenes contra los periodistas en Veracruz: el móvil es la venganza.

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