LOS FANTASMAS DEL NARCOESTADO

 

El caso Rocha Moya es ya el principal síntoma de una descomposición que se extiende desde los gobiernos estatales hasta el corazón mismo del proyecto político que hoy ocupa la Presidencia. Los nexos con el crimen organizado, cada vez más documentados y menos disimulados, alcanzan incluso al rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, símbolo del poder personalísimo de Andrés Manuel López Obrador. Allí convergen las sospechas de complicidad, las rutas del dinero y las lealtades que atan a la presidenta Claudia Sheinbaum a un legado del que difícilmente podrá —o querrá— deshacerse.

La solicitud de extradición a Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, marca un quiebre irreversible en la narrativa oficial de un régimen que insiste en negar lo que es inocultable: la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político en México. Antes y ahora.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, reducida a un alegato sobre la “falta de pruebas consistentes” en las imputaciones del gobierno de Estados Unidos, no solo resulta insuficiente, sino reveladora de la incapacidad o la falta de voluntad para enfrentar la herencia tóxica que le dejó su antecesor.

La decisión del gobierno de Donald Trump de detonar en este momento una bomba en la relación bilateral –que se deterioraba aceleradamente desde la noticia de la operación encubierta de agentes de la CIA en Chihuahua sin que el gobierno federal estuviese enterado-, forma parte de una estrategia más amplia de presión sobre México, que no puede disociarse de la coyuntura política. Con las elecciones legislativas de noviembre en puerta y las tendencias desfavorables para el Partido Republicano, el presidente ha encontrado en el tema del narcotráfico un filón para buscar revertir lo que hasta ahora parecería una debacle anunciada.

La vinculación de un gobernador mexicano con el crimen organizado, algo que se sabía prácticamente desde que Rocha Moya fue electo y que se confirmó con su implicación en la emboscada al “Mayo” Zambada en 2024, le ofrece a Trump munición para insistir en la necesidad de medidas drásticas contra México, desde el endurecimiento de la seguridad en la frontera hasta la intervención militar estadounidense directa contra los cárteles. Y por supuesto, lo usará como un recurso para hacer campaña. Tonto sería si no.

Pero lo verdaderamente grave no son las motivaciones de Trump, sino que Rocha Moya –y seguramente muchos más- está metido hasta el cuello con la delincuencia organizada.

En cualquier país medianamente civilizado, el gobernador habría caído desde el “affaire” de la traición al “Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, político sinaloense que fue ejecutado en el mismo lugar donde el capo del cártel de Sinaloa creía que se reuniría con Rocha Moya y que en su lugar fue emboscado por un hijo del “Chapo” Guzmán. Un crimen que luego la Fiscalía estatal pretendió hacer pasar por un asalto en una gasolinera, montaje que se vino abajo rápidamente y a pesar de lo cual, Rocha se mantuvo en el cargo, protegido por el entonces presidente López Obrador y arropado por todo Morena.

El caso Rocha Moya es ahora un instrumento de negociación y presión para Donald Trump y, al mismo tiempo, un espejo incómodo que exhibe la fragilidad del Estado mexicano.

La defensa de Rocha Moya por parte del régimen no solo es un error político, sino un acto que refuerza la percepción de que México es un narcoestado. La evidencia acumulada —desde la infiltración del crimen organizado en las campañas electorales hasta la protección de líderes criminales— dibuja un panorama donde la frontera entre gobierno y delincuencia se ha borrado.

La negativa a investigar a fondo, la resistencia a reconocer los vínculos delincuenciales de muchos políticos del régimen y la defensa automática de figuras cuestionadas como Rocha Moya, consolidan la idea de que el obradorato extendido no solo convive con el crimen organizado, sino que lo incorporó como parte de su estructura de poder.

Lo más interesante es que, al mismo tiempo, se presenta una oportunidad que podría ser decisiva para Sheinbaum: romper con las imposiciones heredadas de López Obrador y marcar una distancia que no ha podido tener y que no la deja gobernar a plenitud. Sin embargo, todo indica que la presidenta optará por la ruta más cómoda: minimizar, negar, relativizar. Su defensa de Rocha Moya como víctima de un “tema político” confirma que la prioridad no es la justicia ni la seguridad, sino la preservación de la cohesión interna de un movimiento que se sostiene mediante pactos inconfesables, pero que siempre tienen un costo que, más temprano que tarde, se termina por pagar.

La presidenta carga con la sombra de López Obrador y con el peso del aparato que la llevó a la Presidencia. Entregar a Rocha Moya a Estados Unidos marcaría el quiebre que necesita para ejercer realmente el poder, pero al mismo tiempo podría abrir una caja de Pandora de complicidades que arrastrarían a todo el movimiento.

Y eso, a un año de las elecciones intermedias del sexenio, sería letal.

 

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