EL ATAÚD DE LA DEMOCRACIA
Las reformas legales y constitucionales
recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados —y que tendrán el mismo
derrotero en el Senado— son parte de una pinza cuidadosamente diseñada para
cerrar e incluso clausurar cualquier margen de acción ciudadana independiente y
devolver al régimen la capacidad de manipular, anular y controlar elecciones a
su antojo, como antaño, en las épocas “doradas” del PRI.
El primer filo de esta pinza es la facultad prácticamente
discrecional para anular elecciones. Bajo el discurso de “combatir la
injerencia extranjera” o “garantizar la limpieza democrática”, se introducen
mecanismos que permiten a las autoridades electorales —ahora colonizadas por
consejeros y magistrados afines al morenato— invalidar procesos completos con
criterios vagos y subjetivos. La consecuencia es devastadora: cualquier
resultado incómodo para el régimen puede borrarse de un plumazo, reconfigurando
la lógica del “si no gano, arrebato” que caracterizó al viejo priismo y que se
reinstaló de manera pedestre desde el arribo del obradorato al poder.
Aunque en el transcurso de este jueves el
autor de esta trampa, el diputado morenista Ricardo Monreal, terminó retirando
la enmienda de nulidad electoral por “injerencia extranjera” para que no fuese
enviada al Senado, no lo hizo como un acto de contrición y mucho menos de
convicción democrática, sino por un asunto más mundano: ya no les da tiempo de
aprobar la legislación secundaria, por lo que, al menos para el proceso
electoral de 2027, no se aplicaría tal cual. Aunque eso tampoco es del todo
cierto.
De acuerdo con la abogada Mariana Calderón,
integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, no es necesario aprobar
la iniciativa de reforma legal, ya que “nada va a detener al Tribunal Electoral
de aplicar la causal directamente. Los alcances de lo que se entiende por ‘intervención
extranjera’ serán definidos por los magistrados a los que les acaban de
permitir poder extender su cargo hasta 17 años (así que todo controlado)”.
Es ese, precisamente, el otro filo de la
pinza: el control absoluto del aparato electoral. El Instituto Nacional
Electoral ya había sido capturado mediante el nombramiento de consejeros burdamente
alineados con el oficialismo, que con sus decisiones recientes solo han
confirmado su sumisión.
La operación se completa con la subordinación
absoluta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
convertido en un apéndice del Ejecutivo, y cuya mansedumbre fue recompensada
con la posibilidad de extender su gestión hasta 2033, más allá del actual
sexenio. Obviamente, no es gratis.
No hay que olvidar que la decadencia y
entrega del TEPJF comenzó luego de aquella reunión en lo “oscurito” entre la
magistrada Mónica Soto y el diputado federal plurinominal de Morena Sergio
Gutiérrez Luna, tras de lo cual ella y otros dos magistrados le dieron un golpe
y se apoderaron del órgano jurisdiccional, desde donde, entre muchas otras
tropelías, le concedieron a Morena la ilegal mayoría calificada en la Cámara de
Diputados con la que han logrado destruir a las instituciones de la alternancia
democrática del país.
No es difícil de creer que haya sido el mismo
Gutiérrez Luna –probablemente uno de los legisladores más grotescos y corruptos
de México, y vaya que hay competencia- el que introdujo, de última hora, la
reserva que permite la reelección de los magistrados electorales cuyo periodo
concluye en 2027, con dedicatoria especial para Mónica Soto, Felipe Fuentes
Barrera y Felipe de la Mata. Este último, el mismo sinvergüenza que se atrevió
a corregirle la plana al eminente jurista Luigi Ferrajoli, tratándolo con
vulgar condescendencia porque según el displicente juzgador a modo, el italiano
“no entiende” las “virtudes” de la reforma judicial.
El círculo se cierra. Quien controla las
reglas, los árbitros y las sanciones, controlará consecuentemente el resultado.
La legitimidad ya no proviene de las urnas, sino de la voluntad política de
quienes controlan el aparato y así, la democracia se convierte en un patético simulacro.
Estas reformas constituyen la consumación de
una regresión antidemocrática que entierra el periodo de transición iniciado en
los años 90, desmantelado en nombre de una “transformación” que, lo que en
realidad significa, es restauración autoritaria.
Es el último clavo en el ataúd de la
democracia.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
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