EL PARTIDO O EL PAÍS



La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado.

Rocha Moya no es un gobernador cualquiera. Está vinculado directamente, en lo político y en lo personal, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue a levantarle la mano cuando fue implicado por Ismael “El Mayo” Zambada en la trampa que le tendieron los “Chapitos” para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Y de paso, también Sheinbaum, quien era presidenta electa, acabó embarrada en la defensa del impresentable gobernador, arrastrada por su mentor quien, como quedó claro este pasado fin de semana, es quien sigue dando las órdenes en este país.

La caída de Rocha Moya arrastraría a muchos otros actores políticos que fueron apoyados con algo más que porras por el sinaloense. De ahí que la protección presidencial, con escoltas de la Guardia Nacional incluidos, sea también un intento de contener un efecto dominó que podría alcanzar altos niveles en Morena.

No hay que perder de vista la declaración que inmediatamente hizo Rocha Moya tras la solicitud de detención: el ataque de Estados Unidos es contra la “cuarta transformación”, lo cual debe leerse como una amenaza velada. Al insinuar que la embestida no es contra él sino contra el proyecto político en su conjunto, el gobernador lanzó un mensaje no muy difícil de descifrar: si él cae, no lo hará solo, pues los vínculos con el crimen organizado no son exclusivos de Sinaloa.

Eso ha obligado al régimen morenista a llamar a cerrar filas, al tiempo que se exhiben fisuras, pues no todos están dispuestos a cargar con el costo de protegerlo. Este domingo, durante el Consejo Nacional Extraordinario de Morena, como San Pedro más de uno lo negó, mientras otros marcaban distancia para evitar “quemarse” con una defensa insostenible. Hasta la nueva dirigente nacional, Ariadna Montiel, tuvo que salir a decir que “si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos”. Eso hubieran hecho desde 2018, ¿no?

Mientras la presidenta Sheinbaum juega a la “niña héroe”, la publicación de la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de Estados Unidos este lunes coloca a México en el centro de la presión norteamericana. El documento enfatiza la lucha contra el fentanilo, un opioide que ha provocado una crisis de salud pública en territorio estadounidense. Y en esa estrategia, México aparece como un país clave, tanto por su papel en la producción y tráfico de la droga, catalogada por el gobierno de Donald Trump como un “arma de destrucción masiva”, como por la necesidad de cooperación bilateral en el combate a los cárteles.

La “coincidencia” temporal entre la solicitud de extradición y la presentación de la estrategia antidrogas no es casual. Washington envía un mensaje inequívoco: México debe asumir responsabilidades concretas en la lucha contra el narcotráfico y no basta con discursos de soberanía o acusaciones de politización. La presión apenas comienza y se intensificará conforme avance el calendario electoral en Estados Unidos. Y lo que está en juego es la viabilidad misma del país, vía su estabilidad económica.

La presión estadounidense se traducirá en exigencias de cooperación, extradiciones y acciones concretas contra los cárteles y los narcopolíticos. Y si el gobierno mexicano se rehúsa a entregarlos, es muy probable que el Tratado de Comercio con la Unión Americana se venga abajo y, por si no bastase, que sea sustituido por aranceles estratosféricos que revienten la economía nacional y, por ende, al país.

La presidenta de México, en lugar de aprovechar la oportunidad para marcar distancia, romper las amarras que no la dejan gobernar y demostrar autonomía, optó por someterse, blindar a Rocha y con ello, a su partido, hipotecando su credibilidad.

Pero el verdadero dilema de Sheinbaum es uno solo: el partido o el país. Más temprano que tarde va a tener que decidirse.

 

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