ANTIFEDERALISTA, ANTIPARITARIA Y ANTIDEMOCRÁTICA

 

El llamado “plan B” de Claudia Sheinbaum, presentado como alternativa tras el estrepitoso y previsible fracaso de su reforma electoral en la Cámara de Diputados, se inscribe, al igual que su malograda iniciativa, en esa tradición autoritaria que busca someter a las instituciones locales y a la pluralidad política bajo la égida del poder presidencial.

Lejos de ser un proyecto de transparencia y racionalización del gasto, como se pretende vender, este paquete de reformas constitucionales y a leyes secundarias constituye un ataque frontal contra el federalismo, la paridad de género y la propia Constitución.

El federalismo, aunque imperfecto, ha sido uno de los pilares del sistema político mexicano que desde el siglo XIX se debate entre la soberanía de las entidades y el control central del aparato de poder. La convicción federalista se fortaleció principalmente en la época de la ya lejana transición a la democracia de finales del siglo XX y principios del XXI, a través de una mayor autonomía para los estados y municipios.

El llamado “plan B” trastoca ese equilibrio al imponer desde el centro límites presupuestales a los congresos locales y reducir de manera unilateral, sin criterios claros más allá de una mal entendida y torcida “austeridad”, el número de regidores en los municipios. Bajo ese argumento fútil, se pretende decidir desde la Presidencia cómo deben integrarse los órganos de representación en cada entidad federativa y en cada ayuntamiento, anulando la capacidad de los mismos para definir sus propias reglas conforme a sus realidades sociales, políticas y demográficas.

Lo que se asoma es la imposición de un modelo único que desconoce las diferencias entre estados con poblaciones, necesidades y estructuras administrativas dispares. Se trata de una camisa de fuerza que uniforma lo diverso y que, en la práctica, convierte a los congresos locales en simples oficinas subordinadas al poder central.

En el caso de los ayuntamientos, la reducción del número de regidores a un rango de entre 7 y 15, sin importar la complejidad política o social de cada municipio, es otra muestra de la visión centralista de un régimen que presume progresismo, pero es en realidad profundamente conservador. La pluralidad municipal, que debería reflejar la diversidad de voces y fuerzas políticas, se vería mutilada por una regla impuesta desde la capital. El federalismo, entendido como la capacidad de los estados y municipios de autogobernarse, queda así vulnerado, reducido a retórica.

No es este el único tema preocupante y altamente riesgoso de la iniciativa enviada este martes al Senado. Uno de los avances más significativos en la vida democrática mexicana de los últimos años ha sido la incorporación de la paridad de género en la integración de los órganos de gobierno. Pero en la iniciativa del “plan B” de Sheinbaum se eliminó expresamente esa garantía en la conformación de los cabildos. Y al reducir el número de regidores y fijar un esquema rígido de integración, se abre la puerta para que las mujeres sean desplazadas de los espacios de representación. Algo intolerable, y más todavía viniendo de una presidenta mujer, que además se asume “feminista”.

Aunque al momento de redactar estas líneas se informó que la Secretaría de Gobernación envió un oficio para, literalmente, reformar la reforma en ese tema antes de ser discutida –lo cual habría que revisar si es legal, pues la iniciativa ya había sido recibida formalmente por el Poder Legislativo-, difícilmente se puede creer que haya sido un “error de dedo”, como seguramente van a intentar hacer creer. Se antoja más bien que se trate de una intentona para “pasar de humo” otra regresión, ésta atentatoria contra la participación política de las mujeres, cuya autoría ya sabe a quién atribuirle.

Quizá el aspecto más grave del “plan B” sea la pretensión de empalmar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias. Según la iniciativa, la revocación se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, pero con la clara intención de llevarla a cabo al mismo tiempo que las elecciones intermedias, lo que permitiría a la presidenta hacer campaña abierta bajo el pretexto de “defender” su permanencia en el cargo, aun cuando nadie le esté pidiendo que se vaya.

Se trata de un fraude a la Constitución. La revocación de mandato es un mecanismo para evaluar la continuidad de las autoridades que debería activarse a solicitud de los ciudadanos, y no una plataforma electoral para que el titular del Ejecutivo se convierta en jefe de campaña de su partido. Al empalmar ambos procesos, se desvirtúa el sentido de la revocación, convirtiéndola en una especie de ratificación y, sobre todo, en un instrumento de propaganda gubernamental.

Morena tendría así la ventaja de contar con la figura presidencial recorriendo el país, movilizando recursos y legitimando su proyecto político en plena contienda electoral, cuando la Constitución establece claramente que el presidente/a debe mantenerse al margen de las elecciones, precisamente para evitar que el poder se utilice en beneficio de un partido.

El “plan B” viola ese principio y normaliza la intervención presidencial en los procesos electorales. Se trata pues de un retroceso democrático que recuerda –otra vez- las peores prácticas del viejo régimen priista, donde el presidente era el gran elector y su palabra definía candidaturas y resultados.

El “plan B” de Claudia Sheinbaum, de la misma manera que lo era su reforma electoral, es un intento de centralizar el poder, de manipular los procesos electorales y de perpetuar la hegemonía de Morena. Un proyecto autoritario antifederalista, antiparitario y profundamente antidemocrático.

 

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