CRISIS MORAL, INSTITUCIONAL Y DE LEGALIDAD

 

La Universidad Veracruzana cumple 81 años este jueves 11 de septiembre. Y lo hace en medio de una de las crisis más profundas de su historia: una crisis moral, institucional y de legalidad que amenaza su viabilidad como institución pública de educación superior al quedar en entredicho los principios de autonomía, pensamiento crítico y dignidad académica que, se supone, la distinguen.

Hoy, la comunidad UV no celebra: se defiende. Y lo hace en sus regiones, en sus facultades, en las aulas y las calles por estudiantes, investigadores y exautoridades universitarias que denuncian la usurpación de la rectoría por parte de Martín Aguilar Sánchez.

Porque no hay otra forma de llamarlo: usurpador. El rector que concluyó su periodo el 31 de agosto permanece en funciones sin haber sido legalmente designado, sin haber rendido protesta ante el Consejo Universitario General y sin que exista una convocatoria pública para esa sucesión. Lo que hay es un documento “patito” entregado por algunos miembros de la Junta de Gobierno –los más descarados y corruptos de su historia- sin quórum, sin estar en el orden del día y que pretende extenderle el mandato por cuatro años más. Un acto que, según exintegrantes de esa misma Junta, carece de toda validez jurídica y ética.

La Universidad Veracruzana está gobernada hoy por el silencio. Un silencio que se impone desde la cúpula institucional, que se reproduce en los pasillos administrativos y que se pretende imponer en las aulas. Un silencio que ni siquiera les permite firmar las cartas de “adhesión” de las diferentes facultades que, “voluntariamente” a… fuerza, han salido, vergonzosamente, a deslindarse de las protestas en contra del usurpador.

La Junta de Gobierno, órgano responsable de garantizar la legalidad y transparencia en la designación del rector -lo cual es además prácticamente su única función sustantiva-, ha traicionado su mandato. Exmiembros de ese cuerpo colegiado les recordaron este martes que al ingresar juraron “cumplir y hacer cumplir la legalidad”, misma que fue pisoteada por quienes debían custodiarla. Y lo han hecho en nombre de una supuesta “estabilidad institucional” que no es más que una vulgar coartada para mantener en el poder a un grupúsculo que ya no tiene legitimidad alguna ante la comunidad universitaria.

Desde el 1 de septiembre, la Universidad Veracruzana no tiene rector legal. Las firmas de Aguilar Sánchez y los actos administrativos que emita están viciados de origen. Los estudiantes que están por titularse lo hacen bajo una autoridad que no existe jurídicamente, mientras la pandilla que tiene secuestrada la rectoría hace como que no pasa nada y pretende hacer creer que no hay vuelta atrás. Como si no estuviéramos ante una violación flagrante de las normas universitarias que, por si no bastase, violenta también la autonomía universitaria.

¿Qué clase de rector se aferra al poder sin legitimidad? ¿Qué clase de universidad permite que eso ocurra? Si acaso, una que haya perdido el rumbo, colonizada por intereses políticos y redes de complicidad. Por una burocracia que ha convertido la autonomía en un fetiche vacío y que ahora se gobierna por la lógica del poder en tiempos de la “4t”, del “no me vengan con que la ley es la ley”.

Este jueves 11 de septiembre, en el aniversario 81 de la Universidad Veracruzana, la comunidad universitaria saldrá a las calles. Estudiantes, académicos y trabajadores marcharán, unos desde la rectoría, otros desde la misma sede de la Junta de Gobierno, hacia el centro de la capital veracruzana para exigir respeto a la autonomía y el fin de la usurpación.

Sin embargo, quien tiene la verdadera opción de darle salida a esta crisis es el Consejo Universitario General, máxima autoridad colegiada de la UV. Porque cuenta con la facultad de instruir a la Junta de Gobierno para que reponga el proceso y hasta de destituir a sus actuales miembros –que han deshonrado a la institución-, además de al usurpador.

De hecho, varios académicos y los propios exintegrantes de la Junta de Gobierno pidieron al Consejo que actúe, que destituya a Aguilar Sánchez y convoque a un nuevo proceso de designación. Hasta ahora, la respuesta ha sido también el silencio.

Si se permite que la rectoría sea usurpada sin consecuencias, se habrá abierto la puerta a la normalización de la ilegalidad. Y entonces, la UV dejará de ser universidad en el sentido amplio para convertirse en una mera oficina más del poder en turno, como era antes de obtener su autonomía, pero esta vez al nivel de una de las “universidades del bienestar”, con lo que eso implica. La comunidad universitaria completa tiene la responsabilidad histórica de impedirlo, aunque muchos por conveniencia y/o cobardía sean omisos.

Pase lo que pase, Martín Aguilar Sánchez pasará a la historia como el rector que se aferró al poder sin legitimidad ni dignidad, como el hombre que usurpó la rectoría y como el símbolo de una crisis moral que amenaza con devorar a la Universidad Veracruzana.

 

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