VERACRUZ: LA EMERGENCIA Y LA VERGÜENZA NACIONAL
Fotografía: FGE |
Mi solidaridad con Sarah Landa,
agredida por el gobernador de Veracruz
La espiral descendente y decadente en la que ha entrado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez justo a la mitad del sexenio, es realmente preocupante por todo lo que implica para la seguridad pública, la democracia y las libertades en el estado.
El perfil autoritario y cada vez más violento
que decidió adoptar Cuitláhuac García para su gubernatura se convierte en un
arma peligrosa en manos de ese grupo de incapaces para el servicio público de
los que se rodea y que, para intentar esconder sus pifias y limitaciones, agreden
lo mismo a sus antagonistas políticos que a los medios de comunicación y los
periodistas –los que se dejan-. Pero sobre todo, a los ciudadanos que tienen la
mala estrella de toparse con ellos o con sus policías, que cuentan con carta
blanca oficial para cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos
humanos.
La violencia verbal con la que Cuitláhuac
García trató a la reportera Sarah Landa por hacerle una pregunta que no le
gustó no es nueva ni es casual. Las conferencias “mañaneras” del gobernador
–que hasta en eso busca imitar al presidente López Obrador- suelen ser
ejercicios de control y sumisión a los que asisten mayoritariamente reporteros
de medios con convenio con el gobierno estatal, y que por lo mismo están
maniatados –no todos, valga decirlo, aunque otros se ven felices con su
condición- para preguntar con libertad. Quienes lo hacen, se enfrentan a los
ataques de ira de un mandatario intolerante y a quien ya se le olvidó que hace
tres años era un don nadie, y que dentro de otros tres seguramente volverá a
serlo. Claro, si es que no termina convicto, como su antecesor Javier Duarte.
La investigación de la CNDH acreditó que una
mujer, detenida arbitrariamente en noviembre de 2020 en la Ciudad de México por
policías ministeriales de Veracruz, “fue objeto de diversos actos de tortura
que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través
de agresiones físicas,
psicológicas y sexuales,
que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito”.
Se trata del caso de July Raquel Flores,
quien fue prácticamente secuestrada enfrente de sus hijos por los policías de
Hernández Giadáns y obligada a autoinculparse por el asesinato de la rectora de
la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, perpetrado el 29 de junio
de ese mismo 2020.
La víctima denunció desde el principio los
abusos de los que fue víctima y que la CNDH determinó como ciertos y que
involucran al sistema de justicia del estado por entero, pues mientras los
ministeriales “hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión,
utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella
actos que la afectaron gravemente”, tanto el médico adscrito a la Dirección
General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo
“también vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que tuvieron
conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a
pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que
indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.
Veracruz vive un estado de emergencia y de
vergüenza nacional con el gobierno de la “bendición”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario