LA DEMOCRACIA EN PELIGRO
Fotografía: Pedro Pardo/AFP |
A una semana de cumplirse exactamente tres
años del inicio del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”, el
peligro que se cierne sobre la incipiente y frágil democracia en México es algo
más que un fantasma. Es una amenaza real, palpable y violenta.
Mientras el régimen engaña a la población
promoviendo una “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador
–inexistente a nivel constitucional y que de cualquier manera no es necesario
consultar, pues nadie pide que se vaya-, el verdadero objetivo, el de una
posible extensión del mandato si la “elegida” como sucesora no crece, se va
antojando cada vez menos improbable.
Pero mientras son peras o manzanas en torno a
la pretendida revocación de mandato –falta que logren recabar los dos millones
y medio de firmas que exige la ley para llevar a cabo la consulta, y que no
sean falsas como las más de 50 mil que ya les detectaron-, las ansias
autocráticas y las desbocadas ambiciones del lopezobradorismo por concentrar
todo el poder posible han llegado a un punto en el que las instituciones,
construidas con el esfuerzo y la sangre de millones de mexicanos en los últimos
45 años, se enfrentarán a una prueba crucial y de la cual dependerá, sin temor
a exagerar, la viabilidad democrática del país.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario
Oficial de la Federación en el que se declaran “de interés público y seguridad
nacional” todas las obras de infraestructura que ejecute el gobierno federal.
¿Qué implicaciones tiene esto?
Toda la
información relacionada con asuntos de seguridad nacional es susceptible de ser
declarada como “reservada”. Esto significa que el gobierno tiene la facultad de
ocultarla del escrutinio público durante un periodo de tiempo que define también
con discrecionalidad, al tratarse de asuntos que pueden poner en “peligro”
algún área estratégica para la nación.
Solo que aquí lo
que se pretende ocultar es el manejo de los recursos que se están destinando a
las obras insignia de la llamada “4t”, que de por sí ya son un lago de
opacidad, asignaciones directas y, a pesar de lo que digan, de una inmensa y
cínica corrupción.
Con este decreto,
el gobierno de López Obrador pretende evitar entregar cualquier tipo de
información o dato relacionado no solo con sus obras faraónicas (Dos Bocas,
Santa Lucía y Tren Maya), sino de cualquier obra que realice su gobierno
asociada a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones,
aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud,
vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos
y aeropuertos. O sea, todas. Absolutamente todas.
“Coincidentemente”,
este “decretazo” se emite tres días después de que el medio Latinus, que dirige
Carlos Loret de Mola –cuya salida de Televisa sea quizás el mayor error de
cálculo del lopezobradorismo- publicó un reportaje acerca de los más de 900
contratos por sumas millonarias que el Ejército entregó por asignación directa
a empresas fantasma. Un acto de brutal corrupción equiparable a los de Javier
Duarte de Ochoa en Veracruz, que utilizaba esa misma ruta para robarse el
dinero público. Y cuya información, al igual que la de las “tranzas” del ex
gobernador preso en el Reclusorio Norte, fue obtenida por la periodista Isabella
González von Hauske a través de solicitudes de transparencia. Mecanismo que se
pretende anular con el decreto.
Y lo que vuelve aún más peligrosa esta
delicada coyuntura es, precisamente, la participación de las Fuerzas Armadas
como actores de poder de primer orden, implicadas directamente en la
construcción de las obras sobre las que quieren ocultar sus manejos y que,
contrario a su vocación y a lo que les permite la ley, entraron a la arena de
la política en defensa de la “4t”.
Eso quedó evidenciado el pasado sábado en el
discurso pronunciado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio
Sandoval, durante la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, en el
cual dijo que “es un orgullo poder contribuir a la transformación que se está
viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de
nación que el presidente ha impulsado”. Solo le faltó decir “es un honor estar
con Obrador”.
La inconstitucionalidad del decreto ya fue
señalada por juristas como el ex ministro José Ramón Cossío. Ahora falta que
alguien presente el recurso correspondiente ante la Corte, también bajo asedio
luego de que desechó la maniobra con la que se pretendía extender el mandato de
su presidente Arturo Zaldívar. Ardid que compartía destino con el de la
revocación de mandato.
Las instituciones, la democracia, las
libertades y el destino de México están en riesgo extremo. Si se le deja pasar,
no alcanzará la vida para arrepentirse.
Banana
republics
Y como si algo faltase, en los estados de la
República los gobernadores y altos funcionarios pretenden conculcar la libertad
de expresión de ciudadanos y periodistas. Como en Puebla, donde el aspirante a
“monarca bananero” Miguel Barbosa persigue con auditorías a medios críticos; o
en Veracruz, donde Cuitláhuac García saca al “dictadorzuelo” que lleva dentro
aplicando el inconstitucional delito de “ultrajes a la autoridad” a adversarios
políticos y ciudadanos de a pie.
Los “progresistas” de “izquierda”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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