A-U-T-O-R-I-T-A-R-I-S-M-O
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| Fotografía: redes sociales |
Las “garras” y “colmillos” del autocrático lopezobradorismo
gobernante han quedado totalmente expuestos a través del nuevo tribunal
inquisidor en el que ha convertido sus conferencias matutinas, cuyo objetivo en
modo alguno es informar o rendir cuentas de nada, y sí en cambio promover
linchamientos públicos de todos aquellos que osen contradecirle, oponérsele o
simplemente ejercer su derecho a pesar diferente y conforme a su propio criterio.
Con libertad, pues.
Al cadalso del escarnio público –que al paso
que vamos nadie puede asegurar que no se convertirá en algún momento en un
patíbulo en términos literales- lo mismo son llevados periodistas que ejercen
el derecho constitucional a la libertad de expresión que activistas sociales,
empresarios, líderes políticos, comediantes, jurisconsultos, autoridades en
funciones, mujeres que alzan la voz y cualquiera que se atreva a salirse del
guion de la versión única, del pensamiento sometido al dogma de la
“infalibilidad” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su régimen.
De esta forma, las conferencias “mañaneras”
son espacios en los que sin ninguna consecuencia, sin ningún llamado al respeto
y al uso de terminología no denigrante, un textoservidor sinvergüenza y a
sueldo utiliza palabras como “feminazi” para atacar, directa e indirectamente,
a quienes han señalado la farsa del “feminismo” de la fallida “cuarta
transformación” y la imposición de un agresor sexual como candidato de Morena,
el nuevo partido oficial, a la gubernatura de Guerrero. Todo, con la
complacencia del propio presidente.
Si el informe de la revisión de la Cuenta
Pública del gobierno federal arroja irregularidades constitutivas de posible
daño patrimonial por más de 65 mil millones de pesos, la respuesta “mañanera” es
amenazar al titular del órgano fiscalizador, obligarlo a desdecirse de uno de
los aspectos señalados en el informe e incluso relevar de su cargo al servidor
público que, como él mismo demostraría después ante diputados federales, llevó
a cabo su trabajo de acuerdo con los criterios técnicos aplicados regularmente
en este tipo de auditorías. Es decir, los datos son correctos.
Esas pseudoconferencias a las que van cada
vez menos periodistas y más “paleros” con preguntas a modo que ni siquiera son
capaces de plantear sin tener que leerlas, funcionan como megáfonos de una
estrategia cuyo objetivo siempre ha sido evidente, pero que está tomando
niveles altamente riesgosos: intimidar a los críticos, amenazar a quien desvele
las corruptelas de un gobierno absolutamente opaco y ahora, hasta resquebrajar
los de por sí frágiles equilibrios entre los poderes de la endeble democracia
mexicana.
La andanada lanzada por López Obrador en sus
conferencias del pasado viernes y de este lunes en contra del juez de distrito
Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido una suspensión provisional –que es
muy diferente a un amparo definitivo- contra la aplicación de la nueva Ley de
la Industria Eléctrica, es una prueba contundente de la absoluta falta de
respeto del titular del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial.
En lugar de impugnar el resolutivo por las
vías legales correspondientes, el presidente brama porque se “investigue” la
actuación del juez Gómez Fierro sin presentar ningún argumento jurídico que
sustente sus señalamientos, que no son otra cosa que las especulaciones y
prejuicios que acompañan su discurso desde siempre, aunque con un agravante que
lo pinta de cuerpo completo.
En la carta –que no tiene valor como recurso
de impugnación- enviada este lunes al presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, López Obrador afirma que “sería lamentable que después
de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el
abuso y la prepotencia, bajo la excusa del estado de Derecho”.
Para el presidente que juró cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen –y entre las cuales se
encuentran varios argumentos para detener la aplicación del bodrio de Ley de la
Industria Eléctrica-, invocar el estado de Derecho es una “excusa”. Ampararse
ante actos abusivos de los servidores públicos es equivalente a ser
“reaccionario”. O lo que es lo mismo, si las leyes me contradicen, las ignoro.
Y si alguien intenta hacerlas valer, recibirá un ataque con todo el peso del
aparato del Estado.
Lo peor ha sido la respuesta timorata del
presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien en lugar de defender sin
cortapisas la independencia judicial, respondió igual, con una “cartita”, en la
que le dijo a López Obrador que su “queja” –que no cumple con el mínimo de
requisitos técnico-jurídicos para ser recibida- sería remitida al Consejo de la
Judicatura para que “de existir elementos para ello, se abra la investigación
que en su caso procediera”. Sobre la cabeza del juez brilla el filo de la
guillotina. Para que aprenda a respetar.
Imagine lo que harán si ganan las elecciones
legislativas del próximo 6 de junio.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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