LA CLOACA ABIERTA DE LA “4T” Y LA VENGANZA CONTRA SOFÍA MARTÍNEZ
Durante las manifestaciones por el Día
Internacional de las Mujeres de este lunes, el gobierno de Veracruz colocó unos
pendones en la fachada del inmueble sede del Poder Ejecutivo en los que
aparecían las imágenes de las mujeres que ocupan cargos de autoridad en el
actual sexenio.
Pretendió ser ésta una suerte de “prueba” –si
se le puede calificar de este modo- de que un gobierno de la “4t” como el que
encabeza Cuitláhuac García Jiménez promueve el “empoderamiento” femenino y la
igualdad en el acceso a cargos de responsabilidad política. Aunque pasando por
alto el hecho de que las mujeres cuya imagen utilizó son titulares de
organismos autónomos del Poder Ejecutivo estatal, por lo que al menos desde el
aspecto legal formal, no le correspondería mérito alguno por esos
nombramientos.
Empero, precisamente ese detalle es un
indicador de la verdadera situación respecto de la debilidad institucional que
priva el estado: la división de poderes es ficticia, tanto como la autonomía de
los organismos encargados de la fiscalización de los entes públicos y de la
procuración e impartición de justicia en la entidad.
En todos los casos, las titulares de dichos órganos
responden a los intereses no solo de otras instancias de poder, sino a los de
hombres de poder, por lo que las supuestas paridad e igualdad ensalzadas en la
propaganda gubernamental no son sino meras simulaciones, “cuentos chinos” para
buscar encubrir una realidad que, por si no bastase, pasa además por sendos
actos de corrupción, como los que mantienen en vilo al mismo Poder Judicial
estatal.
El 14 de octubre de 2019, la abogada Sofía
Martínez Huerta fue nombrada por el Congreso local como magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE) a propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, quien la impulsó para que mes y medio después, y a pesar de no
contar con trayectoria en ese órgano, fuera designada como su presidenta, en
sustitución de Edel Álvarez Peña.
La intención siempre fue clara: simular la
inclusión de una mujer en un cargo de alta responsabilidad, pero para que solo
se limitara a cumplir las órdenes que otros le daban.
El paso de Sofía Martínez por la presidencia
del Poder Judicial de Veracruz fue una pesadilla para ella misma. Atrapada en
una red de intereses y complicidades que no supo ni pudo manejar, se terminó
estrellando con el tema de la construcción de las Ciudades Judiciales del TSJE
iniciada durante el periodo de Álvarez Peña, quien llegó a la titularidad del
Tribunal gracias al anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
La construcción de las 17 Ciudades Judiciales
es todo un compendio de irregularidades, sobrecostos, autorizaciones sin
soportes ni dictámenes técnicos, licitaciones amañadas y “tamaleadas”, que
dieron como resultado que de un costo original proyectado en cinco mil millones
de pesos, éste se elevara a 15 mil millones, con un claro daño al erario del
estado.
Pero de manera insólita y de acuerdo con lo
denunciado por la propia Sofía Martínez, apenas asumió la presidencia del TSJE
el gobernador Cuitláhuac García en persona le habría pedido no investigar ni
hacer una “cacería de brujas” por el caso de las Ciudades Judiciales, sabedor
del “cochinero” del que, evidentemente, ya participaba su gobierno.
A pesar de la “petición” y tras una revisión
del enorme cúmulo de irregularidades, Sofía Martínez tuvo claro que de hacerse
de la “vista gorda” le terminaría resultando responsabilidad penal, así que en
febrero de 2020 decidió suspender los pagos a las empresas encargadas de la
construcción de las Ciudades Judiciales, los cuales ascienden a 17 millones de
pesos mensuales por un lapso de 25 años, situación de la cual presentó un
informe al Consejo de la Judicatura. En ese momento su suerte fue echada.
El régimen emprendió una embestida que
terminó con la destitución –ilegal, pues la presidenta no estuvo durante esa
sesión extraordinaria del pleno del TSJE del 23 de octubre de ese mismo 2020-
de Sofía Martínez, quien un día antes fue citada en su oficina –con pleno
“respeto” a la división de poderes, claro- por el secretario de Gobierno Eric
Cisneros, quien le habría ordenado renunciar vía una amenaza contra su familia
de por medio, según la denuncia presentada por la magistrada ante la Fiscalía
General del Estado el 1 de diciembre pasado, misma que se encuentra “congelada”
por su ex “compañera” la fiscal Verónica Hernández Giadáns.
¿Qué intereses tocó Sofía Martínez? Por
principio de cuentas, los de los socios de las empresas contratadas para la
construcción de las Ciudades Judiciales, entre los que destacan nombres como el
de Carlos Francisco Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo
Económico estatal Enrique Nachón García, y el de Francisco José Ruiz Anitúa,
integrante de la acaudalada familia porteña que lo mismo hizo enormes negocios
con los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier
Duarte de Ochoa, que con el de Miguel Ángel Yunes Linares y hasta el de Roberto
Borge en Quintana Roo. Ambos, con participación en la Agrupación de Compañías
Constructoras de Veracruz S.A. de C.V., consorcio encargado de las obras.
Lo primero que hizo Isabel Inés Romero Cruz, sustituta
de Sofía Martínez, al asumir la presidencia del TSJE fue pagar al consorcio
constructor los 187 millones de pesos que en total se le dejaron de entregar
durante los 11 meses que duró la suspensión. Y ahora, Sofía Martínez enfrenta
la venganza del “transformador”, “honesto” y “bendecido” régimen local de la
fallida “cuarta transformación”, que este jueves la someterá a juicio político
para despojarla de la magistratura.
Así es como realmente entiende la “4t” la
“inclusión” de las mujeres en los cargos de poder.
Fotografía: archivo
Twitter: @yeyocontreras
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