RÚBRICA

Fotografías: archivo Como se mencionó en la anterior entrega de la Rúbrica, los indicios y señalamientos sobre la presunta colusión entre la clase gobernante veracruzana y los grupos del crimen organizado no son nuevos. Tienen más de una década de conocerse y denunciarse. Si bien es cierto que el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue de quienes denunció hace unos diez años los supuestos vínculos del entonces mandatario Fidel Herrera Beltrán con la delincuencia organizada, es una medalla que está lejos de sólo corresponderle a él, como pretende hacer creer. Amén de que él mismo también ha sido señalado por tener contactos con el personaje que es la punta de la madeja, el vínculo de complicidad entre la política veracruzana y el sanguinario cártel de los Zetas: el empresario acusado de lavado de dinero para ese grupo delictivo, Francisco Colorado Cessa. El 28 de septiembre de 2014, en este mismo espacio se publicó que “Miguel Ángel Yunes ya aceptó –y no podría no ha...

Fotografías: archivo Al informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas titulado “Control...Sobre todo el Estado de Coahuila”, en el que se menciona la vinculación de la clase política mexicana con el crimen organizado, hay que verlo en su justa dimensión. Se trata de un estudio académico, no periodístico ni judicial, por lo cual, muchos de los datos que menciona y analiza son conocidos desde hace algunos años. En particular, los señalamientos sobre el presunto financiamiento del cártel de los Zetas a la campaña por la gubernatura de Fidel Herrera Beltrán en el año 2004, a través del empresario Francisco Colorado Cessa, preso en una cárcel texana desde 2012 y cuya condena a 20 años de prisión por lavar dinero del crimen organizado fue ratificada por una corte estadounidense el pasado 18 de octubre. El informe de la Universidad de Texas retoma, a partir de las declaraciones en los diferentes juicios analizados, que “en 2004, cuan...

Fotografía: GLPAN La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz inició su segundo año de ejercicio constitucional en medio de una crisis de legitimidad provocada por el “agandalle” del Grupo Legislativo del PAN y su patiño el PRD, que a través de las peores prácticas políticas se apoderaron de todos los órganos de dirección y de las principales comisiones. A través de su mayoría artificial y tramposa, retuvieron la presidencia de la mesa directiva, como ya habían hecho con la de la Junta de Coordinación Política, mientras que ofrecen y quitan comisiones a diputados de otros partidos a manera de premio o castigo, buscando con ello continuar cooptando legisladores de la “oposición”, cuya presencia y fuerza, de esta manera, se ha achicado y diluido en la LXIV Legislatura. El mayoriteo del que antes se quejaba amargamente Acción Nacional, cuando estaba en la trinchera opositora local durante el fide-duartismo, se ha convertido en su principal arma de avasallamiento pol...

Fotografía: Yahir Ceballos/AVC Noticias En Veracruz, los familiares de personas desaparecidas enfrentan un drama doble: la búsqueda de sus seres queridos a través de sus propios medios, ya que las autoridades a nivel federal y estatal son indiferentes, omisas e interesadas; y las amenazas a su vida de las que ellos mismos son objeto, sin contar con protección oficial real alguna. Rufino Bustamante Rosique busca a su hijo Cristo Bustamante Rincón, desaparecido hace tres años. Forma parte del Colectivo Solecito de Veracruz y ha participado activamente en las labores de búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas en predios de Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz, y a las afueras de Córdoba. Este jueves 2 de noviembre, Rufino anunció que había abandonado el estado luego de que unos motociclistas se presentaron la noche del martes en su domicilio particular para advertirle que si seguía buscando a su hijo, lo iban a “levantar”. Lo que en el argot criminal equiva...

Fotografía: Prensa PAN Veracruz Este miércoles 1 de noviembre arrancará, por tercer año consecutivo, un proceso electoral local en el estado de Veracruz. Con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado, Veracruz se verá inmerso de nueva cuenta en un proceso de sucesión por la gubernatura, gracias a la infame reforma duartista que redujo el actual periodo a dos años, condenando a la entidad a un bienio perdido. Más allá de eso, Veracruz enfrenta esta sucesión en condiciones políticas radicalmente distintas a las de hace dos años, cuando inició el proceso electoral 2015-2016. Aunque guardando algunas irónicas similitudes. En ese entonces, el régimen duartista estaba envalentonado luego de que en las elecciones federales intermedias habían arrasado en el estado, utilizando para ello los peores recursos de la mala política y, por añadidura, colocando en San Lázaro a varios de sus alfiles, que hasta a la fecha ahí se mantienen, protegidos...

Fotografía: archivo Para nadie es un secreto que el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, está en abierta precampaña para posicionarse políticamente a nivel estatal. En la entrega de la Rúbrica del pasado 3 de octubre, dimos cuenta de las giras que desde pocos días antes el edil comenzó a realizar por diferentes municipios de la entidad, so pretexto de presentar a los alcaldes electos sus “experiencias exitosas” al frente del Ayuntamiento de Boca del Río. Pero que en la realidad, no son otra cosa que actos anticipados de campaña disfrazados. La simulación de siempre a la que la clase política, sin distinción de partidos, nos tiene acostumbrados. Tanto así, que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, impuso medidas cautelares a Yunes Márquez para que “se abstuviera en sus actividades de hacer alguna manifestación de la cual se pudiera desprender o presumir que pretende posicionarse a otro car...

Tras la revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, el resultado final que habrá de ser validado por el Pleno del Congreso del Estado arroja un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del Estado de Veracruz por la friolera de 12 mil 592 millones 249 mil 805.29 pesos. De este monto, seis mil 883 millones 803 mil 779.13 pesos corresponden a la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado; cuatro mil 988 millones 311 mil 485.12 pesos a las irregularidades detectadas en 12 secretarías, 15 organismos públicos descentralizados y cuatro fideicomisos del Poder Ejecutivo; y un millón 637 mil 345.55 pesos a lo detectado como posible daño patrimonial en un organismo autónomo. De este mar de dinero que, al menos en lo correspondiente a esta fase del proceso de fiscalización todavía se maneja a manera de “presunto” desvío de recursos, una de las dependencias a la que se le señaló uno de los montos más escandalosos es...