REBASADOS POR LA VIOLENCIA

 

El brutal asesinato la noche de este domingo de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, y de otras cuatro personas, es solo la reiteración y la consecuencia de la indolencia del gobierno estatal, que prefirió negar la grave situación de violencia por la que atraviesa la entidad en lugar de tomar las medidas que, ahora sí, quiere establecer.

Lo cierto es que hasta hace unas cuantas semanas, la gobernadora Rocío Nahle descalificaba con sorna las denuncias y llamados de auxilio provenientes de la sociedad civil en primer lugar, y de los aspirantes opositores a alguno de los cargos de elección popular municipal que se disputarán el 1 de junio. Los acusaba de “victimizarse”.

Tuvieron que asesinar a dos candidatos de Morena a presidencias municipales para que la mandataria reconociera, aunque sea a medias y a fuerza, la gravedad del problema que minimizó y que ahora amenaza con brotar en cualquier parte y contra cualquiera de los aspirantes a ediles.

El mismo día que iniciaron las campañas, el candidato de su partido a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue ejecutado a plena luz del día. Dos semanas después, en Texistepec la tragedia volvió en forma de una masacre de cinco personas, asesinadas en un recorrido de campaña en el que había familias enteras que terminaron huyendo aterrorizadas cuando empezaron los balazos.

Si a los candidatos de Morena, el partido oficial, el partido en el poder y con todo el poder, los pueden asesinar con esa facilidad, ¿qué se pueden esperar los demás entonces?

Y no es una especulación. La propia gobernadora manejó cifras este lunes sobre las solicitudes de protección que los candidatos de diferentes partidos han presentado ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE): 57 en total, de las cuales 24 fueron de Movimiento Ciudadano, 11 del Partido del Trabajo, ocho a la coalición Morena-PVEM, seis de Morena, tres del PRI, una del PVEM y una de un candidato independiente.

A pesar de esto, Rocío Nahle ha desoído las peticiones que le han hecho de instalar una mesa de trabajo sobre seguridad con todos los partidos para una estrategia conjunta. En su lugar, la titular del Ejecutivo veracruzano mantiene un discurso polarizante, electoral, en el que acusa, sin presentar pruebas, que los generadores de violencia están “en otros partidos” participando activamente, y no en Morena, donde supuestamente “filtraron” los nombres de quienes resultaron postulados.

Eso es falso. Baste recordar que Germán Anuar Valencia, el aspirante asesinado en Coxquihui, estaba relacionado con el grupo delincuencial de “Los Pelones”, de donde habría procedido además la orden de ejecutarlo. Como él, ¿cuántos candidatos se le habrán “colado” al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, sobre quien pesan varias acusaciones de militantes de ese partido de haber vendido las candidaturas, con todo lo que eso implica? ¿Cuántos partidos habrán sido cooptados por los criminales, que así es como “votan”?

Intentar tapar el sol con un dedo solo muestra la magnitud en que el gobierno de Veracruz ha sido rebasado por la violencia electoral. Y por eso, ahora sí, pide ayuda a la Federación, de donde ya le mandaron un contingente inicial de 300 elementos para atender este desastre.

“Ningún cargo o puesto vale la vida de una persona”, ha reiterado Rocío Nahle ante los repetidos hechos de violencia. Garantizar elecciones libres es su responsabilidad.

 

El “modelo de seguridad”

 

Y por si no fuera suficiente, la violencia no necesariamente asociada a las elecciones campea por todo el estado. Este mismo lunes, dos agentes de la Fiscalía General de la República fueron asesinados tras un tiroteo en Boca del Río. Pero eso sí. No es una falla en el modelo de seguridad, asegura la gobernadora.

Imagínese si lo fuera.

 

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