LA PORQUERÍA DE (LOS) PODERES
Fotografías: redes sociales |
¡Brava, Reyna Haydee Ramírez!
En los últimos días se han atestiguado en medios y corrillos políticos intrigas palaciegas de la más baja estofa que no tendrían por qué interesarle a nadie, más que a quienes se revuelcan en esos fangos, si no fuera porque están involucrados recursos públicos desviados por millones entre los protagonistas.
La disputa entre una funcionaria del Poder
Judicial y una diputada local por un lío de su vida privada íntima –cada quién
su estómago- trascendió a instancias mediáticas y políticas, involucrando a las
más altas esferas del poder en el estado.
Sin entrar en detalles morbosos, el
encontronazo provocó que instituciones del Estado fueran usadas para ventilar y
ajustar cuentas personales. El Tribunal Electoral de Veracruz –cada vez más
sumiso y abyecto- emitió medidas cautelares contra una de las involucradas,
mientras que el Poder Legislativo se pronunció por investigar los –muy
conocidos y todo el tiempo solapados- malos manejos de la otra en el Poder
Judicial.
Solo que en el último caso, salieron a
relucir algunos manejos irregulares de los recursos de los que no se tenía
tanta claridad, y que evidencian cómo los “honestísimos” representantes de la
dizque “cuarta transformación en Veracruz se “despachan” con la cuchara grande.
Como parte de la respuesta desde el Poder
Legislativo contra la empoderada funcionaria del Judicial, este jueves el
diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz, presentó un anteproyecto de
acuerdo para exhortar a diferentes autoridades a realizar investigaciones sobre
los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, toda vez que existe información sobre prácticas de desvío
de recursos en el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que expuso el legislador “aliado” de la
“4t” es escandaloso: “hay indicios suficientes para encontrarnos ante el
otorgamiento de diversos contratos a empresas fantasmas y es que los domicilios
fiscales, que obran en los contratos de estas asignaciones, transitan desde los
estacionamientos, las vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos,
andadores, callejones, a las cuales se les han otorgado millonarios contratos
para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina,
sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID,
mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior,
bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente
opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los
sobreprecios en los que se adquieren dichos productos”.
Afirmó que “existe la sospecha de que se
otorgó un contrato, por una cantidad superior a los seis millones y medio de
pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio
fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la ciudad de Martínez
de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se
proyectan locales comerciales y una cuartería”.
De acuerdo con el contrato, dicha persona
física inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya
contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la
otorgada, además que la dueña de la supuesta empresa es una joven que al
momento de la transacción contaba con 23 años de edad.
Ramón Díaz mencionó que otro dato relevante lo
constituyen los poco más de 14 millones y medio de pesos que se destinaron para
sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia
de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por
adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar
dicho servicio.
En el mismo sentido –continuó- existen
viáticos erogados por diversos magistrados en los que “se encuentran duplicadas
sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de
personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas
instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de
más de dos mil pesos diarios por persona”.
“Lo anterior nos lleva a pensar en las
diversas situaciones en las que se ha visto envuelta la administración del
Poder Judicial del Estado de Veracruz, pasando desde la aplicación de un
llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del año 2021, que desvió
recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la crisis financiera de
la que extrañamente nadie se percató y que provocó la solicitud a esta
soberanía de una ampliación presupuestal por un monto de 500 millones de pesos,
que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha crisis y que al
final, únicamente se otorgaron 200 millones de pesos, de los cuales ni siquiera
supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron
pendientes económicos por resolver”.
Todo lo que despepitó Ramón Díaz en su
anteproyecto de punto de acuerdo le fue dictado por uno de los involucrados en
el conflicto y que siempre ha sabido exactamente lo que pasa en el Poder
Judicial, pues operó su abordaje: el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, el personaje en
discordia –¡iiuuu!- en el conflicto de marras.
La porquería de quienes medran con los
poderes públicos en Veracruz ha convertido a éstos en una porquería de poderes.
Nada que extrañe ya, en realidad.
Asueto
La Rúbrica se tomará unos días para veranear.
A sus lectores y editores, gracias.
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