INVIABLE, LA PERMANENCIA DE DUARTE
Fotografía: Yahir Ceballos/ AVC Noticias |
El
pasado 10 de febrero de este mismo año, se publicó en este espacio que Javier
Duarte de Ochoa era insostenible como gobernador de Veracruz.
La
base de esa afirmación era la ola de violencia que azotaba a diferentes puntos
del estado, y que había alcanzado su pico con el secuestro y desaparición de
cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, y con el plagio y posterior
asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.
En
aquel entonces, se afirmó en la Rúbrica que “por mucho menos de todo lo que ha
pasado en Veracruz durante este sexenio, han caído gobernadores y autoridades
de diferentes niveles. (…) El daño que Duarte de Ochoa le hace al estado de
Veracruz manteniéndose al frente de la administración estatal es de
proporciones gigantescas. Y si eso no les importa a sus protectores en el
Gobierno Federal y en la nomenclatura priista, quizás sí les preocupe el lastre
que en términos político-electorales les representa en un año donde habrá
comicios para renovar gubernaturas, la veracruzana incluida”.
Como
fue evidente, lo anterior no les preocupó ni a las autoridades federales ni al
PRI. Las consecuencias las conocemos perfectamente.
La
debilidad de un gobernante sostenido con alfileres como Javier Duarte ha
generado inestabilidad en todos los ámbitos de la vida del estado. Pero tras la
derrota del PRI en los comicios del 5 de junio y el “manotazo” presidencial de
inicios de esta misma semana para frenar el “blindaje pro corrupción” del
todavía mandatario, en el frente de la política se abrió un hoyo negro.
Apenas
anunció la Presidencia las acciones de inconstitucionalidad contra el
“blindaje”, cuando el ex candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes
Landa, salió a demandarle a Duarte de Ochoa que pidiera licencia al cargo “por
dignidad” y por todo el daño ocasionado al estado.
No
tardó mucho en hacer lo propio el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares,
quien también exigió a Duarte separarse del cargo para garantizar una
transición pacífica en Veracruz.
Aferrado
con uñas y dientes a prolongar sus últimos días en el poder, Javier Duarte ordenó
a sus diputados federales, a los alcaldes y a las plumas a sueldo que le quedan
a “cerrar filas” en torno suyo y defenderlo de los ataques, arguyendo una
supuesta “legitimidad” para su permanencia en el cargo, ya que no hay razones
legales, aún, para separarlo del mismo.
Pero
sí las hay. Para no ir muy lejos, el 6 de julio pasado el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación determinó que Javier Duarte de Ochoa
infringió la ley al utilizar su cuenta de Twitter para “la promoción de ese
instituto político (el PRI) y su candidato a la Gubernatura del Estado como
triunfador en el proceso electoral local, aspecto que no corresponde a las
actividades o funciones propias de su cargo como servidor público, sino que
favorece al aludido partido político”, por lo cual, ordenó al Tribunal
Electoral de Veracruz emitir una nueva resolución en la cual “tenga por
acreditadas las respectivas infracciones en que incurrió Javier Duarte de
Ochoa, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz”, con
base en el juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el PAN y
elaborado por el abogado León Vladimir Hernández Ostos.
El
sábado 9 de julio, el Tribunal Electoral de Veracruz acató la sentencia del
Tribunal federal y resolvió que sea el Congreso del Estado el que determine la
sanción a la que es merecedor el gobernador de Veracruz, que más allá de la
gravedad de la pena que se le imponga, se acreditaría como reincidente en la
comisión de delitos, pues ya fue castigado en el pasado reciente por
infracciones similares.
El
artículo 109 de la Constitución General de la República establece que “se
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones”, mientras que el artículo 110 señala que los gobernadores podrán
ser sujetos de juicio político “por violaciones graves a esta Constitución”.
Asimismo,
la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su Artículo 11
que se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de dos a nueve años, al
servidor público que “destine, utilice o permita la utilización de manera
ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de
su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político,
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por el delito de peculado”; y que “proporcione apoyo o
preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus
subordinados, en sus horarios de labores”.
Ahora
con más razón que a principios de año, Javier Duarte es insostenible. Y su
permanencia en el poder, inviable.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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