POR ESO EL MIEDO A LA REVOCACIÓN DE MANDATO

El pasado fin de semana, Oaxaca vivió un ejercicio de revocación de mandato que, en los hechos, buscaba ser una ratificación del gobernador en turno, Salomón Jara. Los resultados oficiales confirmaron la permanencia del mandatario, pero lo hicieron bajo un tufo de sospechas de fraude y la certeza de la ilegitimidad.

Aunque el gobierno de Jara intentó presentar la jornada como un triunfo de la democracia participativa, las cifras oficiales revelaron un dato imposible de ocultar: el rechazo ciudadano fue estruendoso. La participación estuvo por debajo de lo esperado y, aun entre quienes acudieron a las urnas, se registró un porcentaje significativo de votos en favor de la revocación del gobernador morenista. De hecho, en la capital oaxaqueña, perdió estrepitosamente.

La figura de la revocación de mandato, incorporada en la Constitución mexicana como un mecanismo de democracia directa, nació con la promesa de “empoderar”, aparentemente, a la ciudadanía frente a gobernantes que incumplen sus compromisos o ejercen el poder de manera autoritaria. Sin embargo, en la práctica, este instrumento fue utilizado más bien como un recurso de legitimación política y no como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.

Incluso, la verdadera intención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella consulta de revocación de su mandato que nadie pedía –ni la oposición- era en realidad justificar una extensión de su gobierno, lo que muy probablemente hubiese sido el siguiente paso de haber logrado que la consulta fuese vinculante, lo que al igual que Jara, tampoco consiguió debido a la baja participación ciudadana.

López Obrador promovió la consulta porque tenía la certeza de que los aparatos de movilización y el clientelismo ramplón de su sexenio garantizarían un resultado favorable, además de la aceptación real de su figura por una amplia franja de la población de este país. Era una apuesta segura. Pero con otros políticos es distinto.

Aun con todo el aparato gubernamental desplegado en Oaxaca, las cifras oficiales mostraron un rechazo significativo. Y las no oficiales, las que se daban a conocer mientras se terminaba la jornada, eran de escándalo. Así, aunque Jara fue “ratificado”, lo fue con un respaldo raquítico –si damos por buenos sus números-, insuficiente para hablar de legitimidad real.

Si trasladamos este escenario a Veracruz, el panorama se vuelve aún más complejo. Imaginemos una consulta de revocación del mandato de la gobernadora Rocío Nahle en medio de las condiciones actuales: incrementos unilaterales y no consultados al “pueblo” –ése que dicen que no traicionan- al transporte público, que han golpeado directamente la economía de las familias; retrasos y “jineteo” en el pago de nómina a trabajadores del sector público, generando incertidumbre y malestar social; actuación negligente en emergencias, como las inundaciones de octubre pasado, donde la respuesta gubernamental fue tardía y timorata. Y así le podríamos seguir.

En este contexto, una consulta de revocación no sería necesariamente un trámite de legitimación, sino un plebiscito sobre la gestión gubernamental. Y el malestar ciudadano en Veracruz es palpable. Por ello, la consulta podría convertirse en un “boomerang” político.

Nahle y sus operadores lo saben. Por eso desde finales del año pasado se mandaron hacer “trajes a la medida” en forma de “encuestas” en las que, de la noche a la mañana, la gobernadora salía del fondo de las listas de aprobación para encaramarse a media tabla, sin nada que pudiese explicar un salto así, más que lo que resulta evidente: que esos números son inventos.

Por eso es que la gobernadora se niega a impulsar la legislación que reglamente la revocación de mandato, incluso aun cuando ya fue ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a principios de diciembre determinó que el Congreso local debe emitir la ley reglamentaria “dentro de un plazo razonable”.

Una consulta de revocación de mandato en Veracruz podría convertirse en un parteaguas por el malestar acumulado que, de traducirse en un rechazo contundente, sería capaz de poner en entredicho la continuidad misma del actual gobierno.

Por eso el miedo que le tienen.

 

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