RÉGIMEN DE CORRUPCIÓN
Este jueves, la Auditoría Superior de la
Federación llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 a la
Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la cual detectó irregularidades que
podrían constituir un daño a la Hacienda pública por más de 51 mil millones de
pesos.
Se trata de la revisión del uso de los
recursos federales en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés
Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas
de 2023. Solo en la última, están “bailando” más de 48 mil
millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el auditor superior, David
Colmenares Páramo.
Los principales
boquetes fueron detectados en organismos como Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur. Todos, directamente
relacionados con algunos de los más graves saldos, símbolos de su estrepitoso
fracaso, dejados por el gobierno obradorista: desabasto de medicamentos,
carencia de insumos médicos, el pozo sin fondo de la dependencia del petróleo y
el derroche ecocida del fallido Tren Maya.
Por supuesto que el hecho de que la Auditoría
Superior de la Federación lo reporte no quiere decir que vaya a suceder algo,
que se vayan a presentar denuncias y mucho menos que alguno de los responsables
de esos criminales desfalcos –en especial, los relacionados con el área de la
salud y el medio ambiente- vaya a pisar la cárcel o siquiera ser denunciado.
Desde el sexenio pasado quedó claro que la corrupción y la impunidad son el
sello distintivo del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Lo
cual no hay visos de que vaya a cambiar en nada con la continuidad de su
“segundo piso”.
Este informe de la ASF viene a reforzar lo
difundido hace unos días por Transparencia Internacional y Transparencia
Mexicana en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, en el cual
México se desplomó a su peor nivel en tres décadas, ubicándose en la posición
140 de 180 países evaluados, con una calificación de 26 puntos de 100 posibles.
A pesar de la retórica sobre el fin de la
corrupción que ondea el morenato como su principal bandera, lo cierto es que
ésta permea como la humedad en todas las áreas de los tres niveles de gobierno,
tanto o incluso más que en sexenios anteriores. Y hasta de manera más
descarada.
Baste ver otro de los emblemas, en el más
amplio de los sentidos, de lo que representa la “4t”: la refinería Olmeca-Dos
Bocas, de donde siguen brotando chorros, pero de corrupción. Porque de combustible,
ni una gota.
Este fin de semana, Reforma documentó cómo Petróleos
Mexicanos pagó en más del doble la construcción de un gasoducto de suministro
a Dos Bocas a la empresa Construcciones y Reparaciones del Sur,
propiedad de Juan Carlos Fong Cortés, empresario beneficiado con contratos
millonarios durante la gestión de la ex secretaria de Energía, que no es otra
que la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
El barril sin fondo de Dos Bocas está
ineludiblemente asociado con la corrupción que provocó que su costo haya
aumentado ya casi al triple de su estimación original, y en donde personajes
como el citado Juan Carlos Fong Cortés y Arturo Quintanilla, cercanísimos a
Nahle y a su esposo y “asesor” José Luis Peña Peña, se vieron beneficiados con
contratos por miles de millones de pesos para consorcios creados días antes de
que las obras se licitaran. Negociazo, ¿no?
Para que existan estos niveles de corrupción,
es porque la impunidad es total. Así como el descaro. Al ser cuestionada sobre
el lugar de México en el Índice de Percepción de la Corrupción, la presidenta
Claudia Sheinbaum contestó, sobrada de demagogia como acostumbra, que “el mejor
factor para evaluarla es el pueblo”, y que “afortunadamente la percepción de la
gente es distinta”.
Como si comprar conciencias con migajas no
fuera, también, corrupción.
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