EL LATIGAZO DE LA VIOLENCIA
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| Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz |
Suponiendo, sin conceder, que la crisis
política ocasionada al actual gobierno estatal por la liberación de ex
funcionarios duartistas fue producto exclusivamente de una maquinación perversa
de la Fiscalía General y de la anterior administración, vaya que hay motivos
para preocuparse sobre su capacidad de respuesta ante problemas de mucho mayor
complejidad y gravedad.
Mientras el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez y el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros han ocupado una
gran cantidad de tiempo y energía en culpar al yunismo de la excarcelación de
los duartistas –por cierto, difundiendo audios ilegales, práctica común en la “guerra”
entre yunistas y fidelistas por lo menos en los últimos 15 años-, Veracruz
sigue siendo azotado por la violencia, sin que la respuesta de la autoridad
vaya más allá de condenas verbales en redes sociales.
En los primeros nueve días del gobierno de García
Jiménez, se han registrado seis asesinatos de mujeres en varias ciudades de la
entidad, mientras que se reportan ejecuciones y ataques armados en los
municipios de Altotonga, Coyutla, Córdoba y Orizaba. En ésta última, a plena
luz del día y en una zona céntrica de la Pluviosilla.
Asimismo, y con un mucho mayor impacto
mediático, un grupo de migrantes guatemaltecos fue agredido por un comando
armado durante su trayecto hacia Tierra Blanca, en una comunidad a la altura
del municipio de Rodríguez Clara. El saldo fue de una mujer asesinada y tres
personas más gravemente heridas, incluyendo a un niño de tres años de edad.
Esto provocó un pronunciamiento por parte de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que exigió a los gobiernos
federal y estatal “el pronto esclarecimiento de los hechos, mediante una
investigación exhaustiva, profesional y efectiva, que lleve a encontrar a los
responsables para que sean presentados ante las instancias impartidoras de
justicia y reciban la sanción que conforme a derecho corresponda”.
Al escalar al ámbito nacional estos hechos,
el gobernador García Jiménez no tuvo más que salir a responder. En su cuenta de
Twitter publicó que “desde el primer reporte que obtuvimos sobre el condenable
ataque a inmigrantes en el sur del Estado, se instrumentaron acciones para ver
por las víctimas. Atenderemos la demanda de la CNDH para que la instancia
investigadora haga su trabajo y dé pronto con los culpables”.
El problema es que la instancia investigadora
de éste y todos los demás delitos del fuero común en Veracruz, la Fiscalía
General del Estado, está enfrascada en un pleito político con los poderes
Ejecutivo y Legislativo de la entidad. En esas circunstancias, esperar que haya
una aplicación expedita de la ley y la justicia es una fantasía.
Lo que no es una fantasía es que los
problemas de Veracruz no pueden esperar a que los políticos decidan ponerse de
acuerdo para cumplir con sus encomiendas. Tampoco basta con declaraciones en
redes. Es urgente que se tomen medidas eficaces y contundentes. La inseguridad,
por si no se los han hecho saber, es el mayor reto que tienen por delante las
autoridades en funciones.
Los criminales no van a volverse “buenos” con
llamados paternalistas. Y aun cuando es absolutamente cierto que la violencia y
la inseguridad no fueron ocasionadas por el gobierno que acaba de comenzar, sí
es su responsabilidad combatirlas. Las autoridades anteriores perdieron sus dos
años de gestión en politiquerías, dejando la entidad al garete. Y así les fue
en las urnas el pasado 1 de julio.
El latigazo de la violencia no perdona. Mejor
que se ocupen de lo verdaderamente importante.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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