NARCOTRANSFORMACIÓN
Fotografía: archivo |
Desde siempre, una condición “sine qua non” para
la operación del crimen organizado en México ha sido su colusión con el poder
público, con las autoridades que les permiten llevar a cabo sus actividades
ilícitas en los territorios que controlan.
Durante décadas, se trató de una relación
controlada por los diferentes niveles de gobierno, que a cambio de “hacerse de
la vista gorda” recibían cuantiosos sobornos de parte de los criminales, que
consideraban esos “gastos” como parte de la “inversión” de su “negocio”, que
aún con eso representaba ganancias estratosféricas.
En un principio, la política era un terreno
al que capos y cárteles solo tenían interés en acercarse para hacer ese tipo de
“relaciones públicas”. Pero conforme fue creciendo su poder económico y de
fuego, la balanza se fue cargando de su lado y pasaron de negociar y aceptar
las condiciones del poder político, a imponerlas, rebasando y hasta anulando al
Estado en cada vez más amplias regiones del territorio nacional, en las que la
única ley es la de las bandas de delincuentes.
Fue entonces que se interesaron especialmente
en ejercer una mayor influencia en el nivel de gobierno con el que tratan
directamente: el municipal, donde comenzaron a colocar a sus personeros al
frente de las corporaciones de policía para garantizar el tráfico de droga, la
trata de personas, el secuestro y demás actividades delincuenciales con que
nutren su “negocio”.
El debilitamiento de los tres niveles de
gobierno frente a los grupos criminales ha crecido a tal grado, que éstos ya retan
al Estado hasta sus más altos niveles sin empacho ni temor, disputándole
incluso tareas de atención a la población con el fin de contar con un trágico –por
todo lo que eso implica- respaldo social, mientras se ahonda el
resquebrajamiento del orden social en el espacio público común.
Regresando al punto inicial, la era de los
sanguinarios y violentos cárteles del narcotráfico no habría sido posible sin
la complicidad de las altas esferas gubernamentales, especialmente desde la
década de los 80, cuando el fenómeno alcanzó otro nivel de notoriedad a partir
del asesinato en Guadalajara del agente de la DEA Enrique Camarena, el cual
destapó la cloaca del contubernio entre narcotraficantes y funcionarios de
todos los niveles gubernamentales, que desde entonces ha marcado el destino del
país. Algunos de esos funcionarios siguen en activo, como Manuel Bartlett.
Empero, y aun cuando nunca estuvo en duda que
existiese esa colusión, no había sido tan abierta y hasta descarada como se
aprecia sin mucho esfuerzo en la actualidad, cuando ni siquiera se intentan
cubrir las formas. Solo cerrando los ojos, mirando a otro lado o siendo monumentalmente
cínico, dejaría de ser obvia la alianza entre el régimen de la autoproclamada
“cuarta transformación” y el crimen organizado, específicamente con el cártel
de Sinaloa.
La reciente visita del presidente Andrés
Manuel López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal del “Chapo”
Guzmán, incluido el incidente del “narcorretén” que paró en la carretera al
“pull” de prensa de la gira, es el último eslabón de una cadena de certezas que
incluyen la liberación de Ovidio Guzmán durante el tristemente célebre
“culiacanazo”, el saludo posterior del titular del Ejecutivo a la abuela del
“junior” y la política de “abrazos, no balazos”, que incluye la orden a las
fuerzas de seguridad –hasta las militares- de no responder a las agresiones de
los criminales y que ya ha causado más de 120 mil homicidios dolosos en lo que
va del sexenio.
Caso
Viridiana: no les creen
Este viernes, los representantes legales de
la familia de Viridiana Moreno ofrecerán una rueda de prensa para exponer su
posición ante la versión de la Fiscalía General del Estado y del gobierno de
Cuitláhuac García, que dio por cerrado el caso con la presentación de un
supuesto “asesino serial”.
No les creen, por supuesto.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario