LA CULPA DE LOS VIRREYES
Era
de esperarse que se tomaran medidas urgentes ante la gravedad del problema del
endeudamiento de estados municipios, que amenaza con convertirse en un alud si
no se le pone freno.
De
acuerdo con la Cámara de Diputados, el endeudamiento global de estados y
municipios mexicanos se calcula en 390 mil millones de pesos. Otras
estimaciones lo sitúan en más de 426 mil millones. Ambas, cifras espeluznantes,
por cuanto suponen la hipoteca de las finanzas locales durante varias
generaciones, lo que tiene inevitables consecuencias en la obra pública, los
proyectos de inversión, la derrama económica y en suma, en la calidad de vida
en las entidades federativas.
Los
estados cuyas finanzas están en situación crítica por esta causa son Coahuila,
Tamaulipas, Chihuahua, Campeche, Morelos, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Baja
California Sur, Zacatecas y, por supuesto, Veracruz.
Ya
lo había reconocido en campaña el actual diputado local electo por Xalapa Ricardo
Ahued Bardahuil, quien advirtió que la deuda real de Veracruz ascendía a 87 mil
millones de pesos, lo que le valió, según se especula, un reclamo de alto
nivel.
Pero
la realidad ha terminado por imponerse. Tanto así, que la Cámara de Diputados
acaba de aprobar un dictamen que reforma la Constitución federal en materia de
disciplina financiera de los estados y los municipios, con lo cual, al menos en
el papel, se pretende frenar el endeudamiento irresponsable que está a punto de
comprometer las finanzas de la Nación.
Entre
otras disposiciones, la reforma establece como facultad del Congreso de la
Unión “establecer las bases generales de endeudamiento de las entidades
federativas y municipios, además de los límites y modalidades en los que éstos,
podrán afectar sus participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones
de pago”.
Ordena
para los estados y municipios “la obligación de inscribir y publicar la totalidad
de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, un
sistema de alertas sobre el manejo de la deuda”, y maneja como facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados “conocer y opinar sobre la estrategia de
ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los
convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías”.
La
reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, determina asimismo que los estados
y municipios “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.
Y remata diciendo que “en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir
gasto corriente”.
No
es una situación menor. Lo que se busca –insisto, al menos en el papel– es
acabar con el despilfarro y saqueo de las arcas con que se despacharon gobernadores
y alcaldes los últimos dos sexenios, escudados en un federalismo de chorlito,
hasta el grado de complicar gravemente el futuro de las demarcaciones que mal
gobernaron.
Seguro
que habrá resistencias y presiones durante la discusión del dictamen en la
Cámara de Senadores, para que se le “limen los dientes” a la reforma con el
mismo pretexto del federalismo y la autonomía. Veremos de qué están hechos los
senadores. Y a qué intereses realmente sirven.
Lo
cierto es que el país no aguanta más virreyes derrochadores de lo que no es
suyo.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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