RÚBRICA

Fotografía: Alberto Delgado En medio de la disputa por el control del partido, el poder y el dinero que va aparejado, en Morena se hacen pedazos. Particularmente, en el estado de Veracruz. Quien se ha convertido en un verdadero dolor de… muelas para la “4T” en la entidad veracruzana, el diputado local de Morena José Magdaleno Rosales Torres, prendió la mecha de un tremendo escándalo al acusar al presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el también morenista Eric Domínguez –aunque se le vincula políticamente con el fidelista Jorge Carvallo Delfín-, de pedir “moches” –sobornos, pues- para “maquillar” las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de varios presidentes municipales. Tan grave es el “cochinero” que se habría encontrado, que se tomó una decisión sin precedentes desde la creación del sistema de fiscalización en el estado: este miércoles la propia Comisión de Vigilancia aprobó un decreto –que todavía tiene que ser aprobado por el Pleno de la LXV Le

Fotografía: archivo Temprano por la mañana de este martes, se difundió con gran velocidad la versión de que Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, había sido detenida por las autoridades británicas en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde la ex presidenta del DIF estatal vive desde hace dos años. Rápidamente, el despacho de abogados que la representa salió a afirmar que Macías Tubilla no había sido detenida, sino que se había presentado “voluntariamente” a una audiencia a la que fue citada por jueces ingleses para tratar la solicitud de extradición en su contra que el Gobierno de México envió a su homólogo del Reino Unido. Se trata ésta de una verdad a medias, porque si bien Karime Macías sí se presentó por su cuenta a comparecer y no fue capturada por la policía inglesa, sí quedó formalmente detenida durante la audiencia, hecho que los abogados y el propio Javier Duarte –a través de “entrevistas exclusivas” desde el Reclusorio

Imagen: video de Lourdes López Si hay algo que detestan los regímenes autoritarios, es la existencia de una prensa y periodistas que ejerzan la crítica y cuestionen los excesos en que los gobiernos de ese talante incurren desde el poder. La aversión es no solo porque prefieran la lisonja fácil y la vulgar cortesanía que adula al incapaz y al corrupto, sino porque odian tener que rendir cuentas de sus actos ya que, bajo la falaz cobertura de un momentáneo –y por ende, efímero- apoyo popular, pretenden ser intocables, infalibles. Casi sagrados. Los autoritarios jamás aceptarán que se equivocan. En una coyuntura en la que no ejerzan un poder omnímodo, buscarán justificar todos y cada uno de sus yerros con los pretextos más audaces e inverosímiles. Cuando no hay contrapeso alguno a sus designios y caprichos, someterán a quien ose señalar sus desaciertos y aplastarán a los que revelen sus corruptelas. En México tenemos una larga tradición de gobiernos autoritarios que, en mayo

Fotografía: El Occidental La manera como ha procesado Morena la renovación de sus cuadros dirigentes a nivel nacional y en los estados delinea perfectamente cuál es su verdadero perfil a la hora de hablar de democracia. Mientras hacia el exterior sus corifeos vociferan acerca de su supuesta “superioridad moral” por sobre las fuerzas políticas que le son antagónicas, hacia dentro sus operadores muestran su verdadera cara, la de las más execrables y rupestres prácticas para pasar por encima, en este caso, de la voluntad de sus propios militantes. Solamente el pasado fin de semana tuvieron que ser suspendidas 80 por ciento de sus asambleas distritales en varios estados del país por “falta de condiciones”, lo que se traduce en amagos de violencia, acarreo de votantes y una brutal desorganización. El objetivo es el de siempre que suceden estos hechos en procesos internos partidistas: imponer a quien la cúpula ha determinado previamente que debe llegar a ocupar los puestos en d

Fotografía: Iván Stephens La evasión de responsabilidades del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que sucede en el país que gobierna está llegando a niveles delirantes y, por ello mismo, muy peligrosos. Ante la fuertes críticas que le arrojó el fracasado operativo en Culiacán para detener a los hijos del “Chapo” Guzmán, y fiel a su costumbre de que otros carguen con sus propias culpas, quien funge y cobra como titular del Poder Ejecutivo federal hizo una declaración inverosímil. Buscando a como dé lugar sacar del clima de opinión el tema del fiasco de Culiacán para que no dañe su imagen -que, valga decirlo, apenas si salió rasguñada según las primeras mediciones realizadas-, López Obrador aseguró que “yo no estaba informado. No me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica. Le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa” (sic). La declaración del Presidente es rayana en el absurdo. Nadie con dos dedos de frente puede dar

Mientras el fallido operativo del Gobierno Federal en Culiacán sigue acaparando titulares y análisis, la situación que priva en el resto del país en materia de seguridad no es mejor que en el estado de Sinaloa. En la anterior entrega de la Rúbrica, se mencionó el dato del número de homicidios cometidos en México desde que asumió el poder el actual gobierno: casi 30 mil, de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común con corte al 30 de septiembre de este año, presentado este domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y entre las entidades federativas que más destacan, pero por sus malos resultados en materia de seguridad y combate a la violencia está, para no variar, el estado de Veracruz, cuyo gobierno fue de los primeros que presurosamente salió a “solidarizarse” con la Federación por su fracaso en Culiacán la semana pasada. Por ejemplo, Veracruz ocupa el

Imagen: Video de la Sedena El fiasco del operativo realizado en la ciudad de Culiacán el pasado jueves fue revelador en muchos sentidos. En primer lugar, dejó al descubierto lo que en realidad ya era claro desde antes: no existe una estrategia real y coordinada dentro del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia. Si algo quedó evidenciado es que quienes toman decisiones fundamentales en el tema de la seguridad, como la de capturar a un capo del narcotráfico, no tienen idea de dónde están parados ni la magnitud del problema que enfrentan. ¿O qué esperaban que iba a pasar cuando detuvieran a los hijos del narcotraficante más poderoso del mundo, cuyas redes financieras y de combate permanecen intactas aun cuando él se encuentre en una cárcel en los Estados Unidos? ¿Que se resignaran? ¿Que decidieran de pronto respetar la ley? ¿Que se asustaran por los regaños de sus abuelitas? Era completamente previsible una respuesta como la que se dio en Culiacán. Sin embargo, las

Fotografía: El Debate Por más de cuatro horas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador guardó silencio mientras se desarrollaba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una de las peores crisis de seguridad de los últimos años en México. Y no era para menos el silencio. En los hechos, ante una clara incapacidad para ya no digamos repeler, sino siquiera enfrentar la capacidad de fuego de los sicarios del cártel de Sinaloa, las autoridades claudicaron ante los criminales, en lo que será recordado como el día que el narco humilló al Estado mexicano. La versión oficial –tras horas de especulaciones y desinformación alentada por la negligente omisión gubernamental- es que durante un “patrullaje de rutina” de elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de Culiacán, éstos fueron agredidos desde una vivienda, en donde los uniformados encontraron y detuvieron a cuatro personas, entre las cuales se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del jefe del cártel de Sinaloa,

Fotografía: archivo Para los optimistas y particularmente para los panegiristas de la “4T” –que resultaron ser más burdos que cualquier textoservidor de la era “dorada” del PRI-, la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es signo “inequívoco” del combate a la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a dudas, la figura de Romero Deschamps representa lo peor del régimen priista. Casi 30 años al frente del Sindicato Petrolero le permitieron amasar una fortuna desquiciante, con la cual él y sus familiares se dieron una vida -sin exagerar- de jeques árabes que ostentaban públicamente y sin el menor pudor. Mientras la industria petrolera en México se venía abajo a causa de la obsolescencia y el saqueo, junto con las condiciones laborales de sus representados, Romero Deschamps se valió de los trabajadores petroleros para ganar un gran poder político, con el cual

Fotografía: archivo Más que el hecho en sí de la destitución de Francisco Bravo Bravo como subdirector Administrativo del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) por presuntos desvíos de recursos, lo que llama la atención –aunque en realidad, no sorprende- es que haya sucedido hasta ahora. Desde que tomó posesión de esa oficina, el ex jugador de los Tiburones Rojos del Veracruz se dedicó a hacer pingües negocios y a abusar de un poder que le permitía pasar por encima de quien fuese el titular formal de esa dependencia sectorizada en la Secretaría de Educación estatal, gracias a sus “influencias” en las altas esferas del poder en la entidad. No era un secreto lo que hacía este neofuncionario de la autodenominada “cuarta transformación” en Veracruz. Tan solo en la entrega de la Rúbrica del 7 de abril pasado, se informó acerca de varias de las anomalías en las que este folklórico personaje incurría a ojos vistos de sus superiores jerárquicos, que preferían hacer como que no se

Imagen: Noticieros Televisa El pasado 6 de junio, la asociación civil “TOJIL Estrategia contra la Impunidad” obtuvo un amparo para ser reconocida como víctima en el caso de la ridícula sentencia por nueve años y 59 mil pesos impuesta al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa en septiembre de 2018. Esta asociación presentó una denuncia penal en contra de los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República que participaron en la negociación que permitió la reducción de la condena de 24 años de prisión que originalmente se pedía para el ex mandatario, al considerar que se acreditan delitos contra la administración de la justicia y cohecho. Cabe recordar que en septiembre de 2018, la Procuraduría General de la República, a través de la fiscal Marta Estela Ramos Castillo, sin más, se desistió de la imputación por delincuencia organizada que pesaba en contra de Duarte de Ochoa. Era el único delito grave que se le achacaba en el proceso seguido a partir

Fotografías: archivo Si en algo se procedió erróneamente durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares fue en la obsesiva persecución y encarcelamiento al vapor de varios ex funcionarios del duartismo corrupto y corruptor. La imposición por sistema de la prisión preventiva oficiosa en contra de cualquiera de los ex colaboradores de Duarte que eran vinculados a proceso, maquinada por la Fiscalía General del Estado encabezada por el hoy depuesto Jorge Winckler Ortiz, vició de origen los procedimientos, ya que no en todos los casos estaba justificado que se decretara cárcel a los imputados, al tratarse de delitos cuya gravedad permitía que los desahogasen en libertad condicional. El gran problema es que con el encarcelamiento de todos los duartistas posibles, lo que Yunes Linares pretendía era hacer propaganda y no justicia. La prueba más clara de esta aseveración es que no procedió en contra de todos los miembros de la pandilla. A algunos, como Vicente Benítez y Juan Manuel

Fotografía: Noé Zavaleta/ Proceso El 24 de enero de 2016, elementos de la entonces Gendarmería Nacional y de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz detuvieron a tres personas en el municipio cuenqueño de Tierra Blanca, Veracruz. Francisco Navarrete Serna, su hijo Francisco Navarrete Abraham y otra persona de nombre Junior Alarcón estaban acusados de ser responsables de la desaparición forzada de cinco jóvenes provenientes del municipio de Playa Vicente, cercano a Tierra Blanca, cometida el 11 de enero de ese mismo año, aún durante el infame y criminal gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Navarrete Serna fue señalado como presunto jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada en la región de la Cuenca del Papaloapan, a quien policías estatales -al mando del subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde Hernández, subalterno del titular de esa dependencia Arturo Bermúdez Zurita, y a quien se vincula con otros casos de desaparición forzada de persona

Fotografía: Cuartoscuro Nadie con dos dedos de frente podría negar la necesidad de que se aumente la inversión en la educación superior pública de México. Sin ello, es simplemente imposible siquiera soñar con acceder a un mayor desarrollo. De acuerdo con el Panorama Educativo 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto público de México en todos los niveles de educación como parte del gasto total del gobierno es el segundo más alto entre los países integrantes de ese organismo. Lo cual se explica porque el monto pagar en la nómina del magisterio es monstruoso. Pero eso, indudablemente, no se refleja en la calidad educativa. En cambio, el gasto público por estudiante en México a nivel general sigue siendo el más bajo entre los países integrantes de la OCDE. El mismo estudio señala que “la principal fuente de financiación pública a nivel terciario es el gobierno central y las transferencias entre diferentes niveles de gobierno solo