RÚBRICA

  Los sucesos violentos del pasado viernes son un reflejo nítido del momento por el que pasa el país y pudiesen constituir un parteaguas de proporciones no estimadas aún. En el poblado de Texcaltitlán, en el Estado de México, transcurría una escena que es familiar en muchas otras localidades de todo el país: un grupo criminal que se presentaba a cobrar “derecho de piso” a los productores agrícolas del lugar. Esto es, el pago forzoso a los delincuentes de un porcentaje de las ganancias generadas por su trabajo. Sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe, cuando los sicarios anunciaron que el porcentaje se iba a incrementar la situación se les salió de control, pues los pobladores se les fueron encima a balazos y machetazos. El saldo final fue de 14 personas muertas, 11 de las cuales pertenecían al bando de los delincuentes mientras que tres eran vecinos del lugar. La decisión de los pobladores de jugarse la vida –y algunos, perderla- para ponerle un alto a las extorsiones y amenaz

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Tribunal Federal Electoral) ha sido una de las instituciones fundamentales, junto con el IFE/INE, para la transición que permitió la democratización paulatina de México tras 70 años ininterrumpidos de “dictadura perfecta”. Desde su creación hace apenas poco más de dos décadas, el Tribunal Electoral le ha dado certeza a la justicia electoral y, en consecuencia, a los resultados de los diferentes comicios que se han celebrado desde entonces, al dirimir las controversias presentadas por los actores políticos e incluso por otros organismos electorales, federales y locales. La calificación de las elecciones y la definitividad de las sentencias del Tribunal Electoral han evitado un sinfín de conflictos post-electorales y han contribuido a mantener la estabilidad política del país. No es exagerado afirmar que es una de las instituciones más importantes de México. Pero todo lo anteriormente mencionado solo ha sido posible p

  El lamentabilísimo despliegue de deshonestidad, autoritarismo, ilegalidad y corrupción que presenció el país la semana pasada con los acontecimientos en Nuevo León no es poca cosa. Representa un aviso para 2024. No solo quedó completamente expuesta la verdadera naturaleza de Movimiento Ciudadano como comparsa de Morena para las elecciones del año entrante. Se evidenció la tentación latente por pasar completamente por encima de la ley para imponer decisiones autoritarias y violadoras de cualquier clase de limitante jurídica. El fallido aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio rienda suelta a las más simiescas prácticas al enderezar un “golpe de Estado” de facto contra los poderes en su entidad. Primero, con la irrupción de un grupo de porros emecistas en el Congreso neoleonés que intentaron reventar la sesión en la que se designó gobernador interino; luego, al prácticamente secuestrar la sede del Ejecutivo estatal con un despliegue policiaco gro