RÚBRICA

Fotografía: El Universal Uno de los rasgos más característicos de la personalidad de Javier Duarte de Ochoa es, además de la ira descontrolada a la menor provocación, su infinita soberbia. Ello ha sido evidente durante todo su mandato. Completamente alejado de la población, Duarte de Ochoa ha sido un gobernador aislado, que rara vez salió de la comodidad del aire acondicionado de sus oficinas en las principales ciudades del estado y que actuó siempre con displicencia ante cualquier reclamo ciudadano. Sintiéndose parte de una élite privilegiada, a pesar de su juventud más bien modesta, Javier Duarte despreció a los veracruzanos, envuelto en una burbuja desde la cual se aisló aún más de la realidad. Como su antecesor, pensó que la “plenitud del pinche poder” y la impunidad serían para siempre. Y con todo y que vive horas aciagas, desprestigiado y repudiado dentro y fuera de Veracruz, no quiere darse cuenta de que su tiempo se acabó. A pesar de tener encima de su cabeza una g

Fotografía: archivo Tras la suspensión de los derechos como militante del PRI del gobernador Javier Duarte de Ochoa y otros seis priistas veracruzanos ligados a su grupo, la reacción generalizada de los ciudadanos fue que se trata de un acto de mera simulación. De un montaje, un teatro de los que se acostumbran en la política mexicana. Razones para pensar eso sobran. Principalmente, por la enorme dilación con que en ese partido se dieron cuenta de que sus correligionarios eran unos pájaros de cuenta y decidieron actuar en su contra, a unas semanas de que de todas formas entreguen el poder. El desaseo administrativo, las irregularidades financieras, la disposición fraudulenta de los recursos y programas públicos no es, en absoluto algo novedoso. Se comenzó a documentar prácticamente desde el inicio mismo del sexenio. Las primeras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por peculado y malversación de dinero federal d

Fotografía: Yerania Rolón Como se preveía, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional determinó sancionar con la suspensión de sus derechos como militante de ese instituto político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Esto debido al proceso judicial que sigue en su contra la Procuraduría General de la República por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de un deber legal, lo que para el tricolor, según la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, “afecta gravemente” su imagen. La novedad de esta sentencia fue que, junto con Duarte de Ochoa, fueron sancionados de igual manera otros seis militantes veracruzanos del PRI, implicados de diferentes maneras en irregularidades y actos de corrupción. Destaca la aplicación del procedimiento sancionador para el otrora inamovible y poderoso ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció a su cargo

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz Este lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional discutirá el tema de la solicitud de expulsión de ese instituto político enderezada en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Por lo que ha trascendido desde el fin de semana, ese órgano partidista determinará, en primera instancia, la suspensión de los derechos como militante del mandatario veracruzano, basado en las denuncias que por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal investiga la Procuraduría General de la República. En el límite de la desesperación y para ejercer presión, Javier Duarte mandó publicar un desplegado a nombre de los diputados federales veracruzanos del PRI y del PVEM, en el que “cerraron filas” en torno de “su” gobernador y criticaron fuertemente al dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, por hacer “juicios sumarios” contra uno de sus militantes. Lo que Duar

Fotografía: Yahir Ceballos Como “jefe de las instituciones del estado” –así le encantaba que lo llamaran-, Javier Duarte de Ochoa es el responsable principal de la debacle sufrida por Veracruz durante su sexenio, misma que lo tiene cerca de ser sometido a un proceso judicial histórico. Pero ciertamente, y en honor a la verdad, no es el único. A su lado hubo –aún hay- varios personajes que tienen tanta culpabilidad como él de la penosa situación por la que atraviesa la entidad en materia financiera, política y de seguridad. No sólo faltaron a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que la violaron con impudicia, obcecada y reiteradamente. Junto a Duarte de Ochoa, los integrantes de su círculo cercano manejaron a su antojo el presupuesto público; dispusieron de los contratos de obra e inversión de manera patrimonialista, como si les pertenecieran; premiaron o castigaron a proveedores según fuera el monto del “moche”; se repartieron cargos y se levantaron feudos

Fotografía: archivo La noche le ha caído finalmente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su círculo cercano. Luego de meses de escarceos, bravuconadas y batallas que no pasaban del ámbito mediático, por primera vez la Procuraduría General de la República (PGR) informó de manera pública que investiga a Duarte de Ochoa y a otros miembros de su administración por delitos del fuero federal. El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, anunció la tarde de este miércoles el ejercicio de la facultad de atracción de las carpetas de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, que obraban en la Fiscalía General del Estado, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, ya que tienen conexión con las indagatorias federales abiertas tras la difusión de los contratos del gobierno estatal con empresas “fantasma”. Además de Javier Duarte, el funcionario federal mencion

Fotografía: Cuartoscuro Hace seis años, nadie se hubiera podido imaginar un fin de sexenio como el que vive en estos momentos la población del estado de Veracruz. Abandonados a su suerte, indefensos ante la oleada de violencia más salvaje de la que se tenga memoria en el pasado reciente, los veracruzanos ya no saben, ya no sabemos, a quién recurrir para detener la barbarie que azota a la entidad en todos los frentes, en todo el territorio. A riesgo de una no gratuita reiteración, de norte a sur de la entidad lo que priva es una muy peligrosa ausencia de autoridad, por omisión de un gobierno estatal al que ya no le importa nada más que salvar el pellejo, gobiernos municipales que por incapacidad o complicidad dejan hacer y pasar a la delincuencia, y una administración federal abúlica, indolente e insensible, que está más preocupada por…quién sabe qué. Nada en el estado funciona adecuadamente. Pero entre todos los problemas que arrastra Veracruz, el de la violencia inconteni

Fotografía: Alberto Delgado Tradicionalmente, al último año de administración de cualquier gobernante en México se le llama, dentro de la picaresca popular, el “año de Hidalgo”, porque “pendejo el que deje algo”. Tanto en los tiempos de hegemonía del partido único como en los de la alternancia, sin distinción de partidos, este aforismo ha encontrado sustento en la conducta de los gobernantes, que en sus últimos meses de poder arrasaban con sus administraciones, endeudándolas, rematando sus bienes y autoconcediéndose, para sí y sus cercanos, canonjías y privilegios como millonarios “bonos de marcha” por los “servicios prestados”. El descaro con que la clase política se ha servido de los recursos que se les encomendó administrar ha llevado a que se establezcan “candados” para el endeudamiento público, así como mecanismos e instituciones fiscalizadoras del erario. Empero, de poco ha servido. La corrupción y la impunidad siguen siendo los más graves problemas que aquejan al país

Fotografía: archivo Así como las instancias locales de supuesta protección de derechos humanos y civiles han demostrado ser “elefantes blancos” que no protegen nada pero cuestan mucho, en el ámbito federal no se quedan atrás. Durante su enésima visita a Veracruz en los últimos meses, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitó el área donde organizaciones civiles como el Colectivo Solecito y las Brigada de Búsqueda de Desaparecidos han encontrado decenas de fosas clandestinas, a los ojos de las autoridades estatales, que ni siquiera se dignan a poner un pie por ahí. El problema es que con su sola presencia en Veracruz, Campa Cifrián no ha solucionado nada. Ni ha hecho nada porque avancen las investigaciones en éste y otros muchos casos que implican a su dependencia, como las desapariciones forzadas de personas –que según el gobierno estatal sólo ascienden a ¡30!- y las agresiones a periodistas. Para no ir muy lejos, e

Fotografía: AVC Noticias La madrugada del 14 de septiembre de 2013 quedará marcada como una de las más ignominiosas fechas de la historia reciente del estado de Veracruz, que dio inicio a las agresiones físicas abiertas –y cobardes- del gobierno de Javier Duarte de Ochoa contra la población. Esa noche, elementos policiacos cargaron con lujo de violencia en contra de un grupo de manifestantes que ocupaban la plaza central de la capital del estado, en aquel entonces, para protestar contra la reforma educativa. Armados con toletes eléctricos, los policías arremetieron contra maestros, estudiantes, reporteros y lo que encontraron a su paso, vejando mujeres, golpeando ancianos y robando o destruyendo el equipo de los fotógrafos que cubrían los hechos. La razón para la acometida fue que el gobernador Duarte quería la plaza libre para, un día después, dar el “grito” de Independencia ante una multitud de acarreados que lo vitorearan, como finalmente ocurrió. A pesar de que se pr

Fotografía: Ángel Hernández/ AVC Noticias Este fin de semana se celebró una marcha, otra más, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Pero ésta no formaba parte de las convocadas por la Iglesia Católica a través de su asociación pantalla llamada Frente Nacional por la Familia -aunque algunos de sus simpatizantes se colaron, despistada o abusivamente- para protestar contra los matrimonios igualitarios. Esta concentración tuvo una motivación, nos atreveríamos a asegurar, mucho más urgente y, sobre todo, dolorosa: demandar la acción de la autoridad para detener la ola de violencia delictiva que azota al antiguo Puerto México y que lo ha convertido, como muchas otras ciudades del estado, en territorio de nadie. Los secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos en la región han alcanzado un nivel que, literalmente, ha convertido a Coatzacoalcos, otrora una próspera e industriosa ciudad, en un pueblo fantasma en el que nadie quiere salir por las noches. Aun

Fotografía: archivo Gran ámpula levantó la marcha “en defensa de la familia” convocada por una supuesta asociación civil denominada Frente Nacional por la Familia, detrás de la cual están los grupos de poder más conservadores del país, incluidas las diferentes iglesias cristianas, con la católica al frente. Los defensores de la marcha, que de acuerdo con sus organizadores superó el millón de personas en las diferentes ciudades del país en las que se llevó a cabo, invocan su derecho a defender lo que llaman el “matrimonio natural” entre un hombre y una mujer, y rechazan que se le conceda ese estatus legal a las uniones entre parejas del mismo sexo. En contraparte, los críticos de esta postura señalan que es discriminatoria y que los marchantes y quienes los azuzaron manejan un discurso de odio que se opone a la diversidad sexual y a los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos de este país. El origen de estas manifestaciones es la iniciativa del presidente Enrique

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz Aunque se ha cargado sobre el Ejecutivo estatal todo el peso de las múltiples derrotas legales del gobierno de  Veracruz en la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que el Poder Legislativo, el Congreso local, tiene aún mayor responsabilidad por haber actuado como “brazo ejecutor” de las ocurrencias que terminaron en ridículos rotundos. El más reciente de éstos, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción con las que el todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa buscaba blindarse de la acción de la justicia, representó, además de lo anterior, un previsible golpe político propinado por el propio Gobierno de la República que ya provocó que se alcen voces pidiendo castigar a los diputados de la LXIII Legislatura. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Concepción Flores Saviaga, consideró que la próxima administración estatal podría iniciar un proceso para fincarles responsabilidades a los

Fotografía: AVC Noticias Ante la evidencia de la brutal corrupción del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, exhibida profusamente a nivel nacional, el todavía mandatario sigue dando coletazos de falta de dignidad, oprobio y desvergüenza, como para analizarse en un hospital psiquiátrico. Por enésima ocasión, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, acusó al gobierno de Veracruz de no haber solventado un solo peso de los 35 mil millones que el organismo reclama a la administración estatal desde 2014. Sólo que esta vez lo hizo en vivo en un noticiero de Televisa, el de Carlos Loret de Mola. En ese mismo espacio, se presentó el caso –publicado en la Rúbrica desde hace varios meses- de la defraudación que el gobierno estatal cometió en contra de sus propios empleados, al descontarles dinero de su nómina para el pago de créditos y electrodomésticos contratados con empresas financieras a las que nunca se les depositó ese dinero, cuyo destino es desconocido.

Fotografía: Twitter de Javier Duarte de Ochoa Confrontado con la durísima realidad de la quiebra de las finanzas y la inseguridad que azota inmisericorde a todo el territorio estatal, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lanzó un S.O.S al gobierno de Enrique Peña Nieto. En una misiva dirigida al Presidente de la República, Yunes Linares le pidió auxilio y su intervención para detener la estrepitosa caída libre que se experimenta en la entidad en ambos rubros, íntimamente ligados entre sí. “Es urgente que el Gobierno Federal tome la determinación de asumir el control de todas las corporaciones de seguridad pública en estos 86 días que faltan para el cambio de gobierno en Veracruz. Se requiere una mayor presencia del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal”, refirió en su carta Yunes Linares. También planteó la intervención del Gobierno Federal para, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “exigir que los