RÚBRICA

  Fotografía: Cuartoscuro A dos años de su arribo al poder, el régimen de la mal llamada y sobredimensionada “cuarta transformación” ha sido, sin temor a exagerar, una catástrofe en la gran mayoría de sus responsabilidades. Una de sus principales promesas, la pacificación del país luego de doce años de violencia sin tregua, no solo no fue cumplida, sino que la conducción del área resultó un estrepitoso fracaso. En su primer año de gestión, se registraron en total 34 mil 582 asesinatos en México, convirtiéndose hasta ese momento en el peor de las últimas dos décadas. Sin embargo, 2020 ha superado todas las expectativas, con todo y la pandemia y el confinamiento. Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas 17 mil 982 personas y la proyección es que para el final de diciembre los homicidios superen los 40 mil. En dos años casi igualarían la cifra de muertos de la fatídica “guerra contra el narcotráfico” de la principal obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador,

  Ilustraciones: Bloomberg El pésimo manejo y gestión pública de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno mexicano finalmente ha llamado la atención a nivel internacional. En días pasados, un reportaje del diario español El País titulado “100 mil muertos en México: radiografía de un país roto” provocó la ira del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos sus seguidores, que en un arranque de chauvinismo pretendieron responder al medio de comunicación con las cifras de la pandemia en España, como si éstas no hubiesen sido reportadas ahí mismo. Lo que a estas alturas resulta imposible de ocultar es la realidad de la tragedia, más allá de las consideraciones –y mezquinas justificaciones- por muertes contra volumen de población: México es el cuarto del país del mundo con el mayor número de defunciones –oficiales- por covid-19, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de este martes 24 de noviembre, la cifra

  Fotografía: Miguel Ángel Carmona/ FotoVer Vaya revés el que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” en Veracruz. En su sesión de este lunes, el pleno de ministros echó para abajó el Decreto 576 por el que se reformaban varios artículos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y que desde su aprobación fue considerado como una asonada del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para controlar las elecciones locales del año entrante. Y es que una de las reformas centrales era la reducción de 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos, que son los recursos públicos con los que se financia su ejercicio, lo cual los colocaba en una situación de franca desventaja frente a la operación clientelar de los programas sociales a cargo del propio gobierno en beneficio del partido oficial, Morena, que ha buscado seguir al pie de la letra el “guion” priista de condicionamiento político de los “apoyos”

Imágenes: TV Azteca   Apenas el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” tomó el poder en México en diciembre de 2018, como por arte de magia y con apabullante celeridad en Veracruz fueron liberados varios de los principales sátrapas que destrozaron la entidad entre 2010 y 2016. Entre ellos, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita. El ex funcionario que fue intocable e inamovible durante el tiempo que Javier Duarte de Ochoa tuvo en sus manos las riendas del poder en la entidad había sido detenido e ingresado en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, a principios de febrero de 2017, a dos meses de iniciado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que comenzó con ello una “cacería” de duartistas que, al menos en el caso de Bermúdez, tenía sólidos elementos por su vinculación con diversos crímenes en agravio de la población, como la desaparición de cuatro jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a la deli

  Fotografía: Reuters En un hecho verdaderamente insospechado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una moción para retirar los cargos por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido apenas a mediados del pasado mes de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA). Como se expuso en la entrega de la Rúbrica titulada “Crisis militar” referida a este caso, la aprehensión de Cienfuegos unos pocos días antes de las elecciones presidenciales en la Unión Americana respondía más a su agenda política interna que a la exterior, al grado que unos días después de la detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó públicamente su molestia por la ausencia de cooperación con el gobierno de México. Existen razones de peso para esa reacción: la detención causó un profundo malestar en el Ejército me

  Fotografías: archivo Las elecciones federales y locales que se celebrarán en México el año entrante serán, como ya es sabido, determinantes para el futuro inmediato del país, además que por el número de candidaturas en juego serán las más grandes de la historia hasta la fecha. En total, estarán en disputa 21 mil 368 cargos de elección popular en los comicios de 2021, entre los que sobresalen las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, siendo estas últimas las que despiertan mayor interés –y ambición- entre los partidos políticos y sus grupos de poder a nivel local. Es desde los estados de la Republica que estos grupos de interés desarrollan y afianzan su influencia y permanencia en la arena política y por ello, a los que ya los tienen en sus manos les resulta fundamental mantenerlos; así como arrebatarlos o conquistarlos a los que están disputando esos cotos de poder local. Es en ese contexto que el pasado 6 de noviembre de 2020 el Consejo General

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Este jueves 12 de noviembre se experimentó una especie de “deja vú” en el palacio de gobierno del estado de Veracruz. Abrumado por su propia incapacidad, visiblemente molesto por los señalamientos de que no gobierna realmente y apresurado por repartir culpas, Cuitláhuac García Jiménez terminó reproduciendo las mismas falacias discursivas a las que habituó a los veracruzanos uno de sus antecesores más funestos en el cargo de gobernador de la entidad: Javier Duarte de Ochoa. Con una ligereza infame, García Jiménez intentó “cargar” toda la responsabilidad sobre el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, sobre la propia víctima, incurriendo en la misma criminalización de quien ya no puede defenderse a la que era tan afecto durante su gobierno el hoy “inquilino” del Reclusorio Norte de la Ciudad de México. “ Si ella temía por su vida, ¿por qué no regularizó a su policía? No de ahorita, tuvo dos años, tres años, ¿por qué

  Fotografías: archivo No pasaron ni tres días para que la versión del Veracruz idílico y en paz que nos pretende hacer creer el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se desmoronara. El asesinato artero de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, a manos de hombres armados que la secuestraron la mañana de este miércoles es un signo irrefutable no solo de la brutalidad criminal que reina en la entidad, sino también y por mucho, de la descomposición política propiciada por un régimen incompetente e irresponsable como el que mal gobierna Veracruz. Florisel Ríos Delfín formaba parte de los ediles surgidos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que apenas la semana pasada denunciaron presiones y amenazas por parte del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, para que se pusieran del lado de los candidatos de Morena a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales que estarán en disputa en los comicios del año entrante. Ello provo

  Fotografía: Twitter de @Javier_Corral Los señalamientos de los gobernadores de la llamada “Alianza Federalista” sobre la intención de quitarles una enorme tajada de recursos presupuestales para el año entrante no eran descabellados ni falaces. Y están por hacerse realidad. Este martes, fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación en el que, entre otras cosas, se incluye un recorte de 9 por ciento para los estados y municipios del país. El dictamen –aprobado con los votos de Morena, PVEM, PT y PES- pasó en los mismos términos en los que fue enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será discutido y votado esta misma semana, pues el plazo legal para tener aprobado el presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2021 vence el próximo 15 de noviembre. El recorte implica quitarle a estados y municipios un monto total de 182 mil 937 millones de pesos el año entrante, qu

  Fotografía: Yerania Rolón/ AVC Noticias El pasado fin de semana comenzó a difundirse la propaganda oficial para promover el segundo informe de labores del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mismo que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre. Mientras los mensajes oficialistas han puesto énfasis en la construcción de infraestructura en comunidades apartadas –mucha de la cual ni siquiera está terminada o bien presenta fallas que la hacen colapsar de inmediato, como acaba de ocurrir en un tramo de la carretera Las Choapas-Cerro Nanchital-, el discurso público de las autoridades se enfocó en el tema de la seguridad, en el cual juran haber alcanzado importantes logros. En una especie de “pre-informe” junto con la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que los delitos de acto impacto en la entidad disminuyeron 24.67 por ciento respecto de su primer año de gestión, con lo cual pretende asegurar que “cump

Fotografía: archivo Desesperado por encontrar la vía que le permita salir de la cárcel y de paso vengarse del ex presidente Enrique Peña Nieto por haberlo encerrado, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ofrece ahora sus “servicios” como “chivato”. Luego de que otro delincuente confeso, el ex director de Odebrecht en México Luis Alberto de Meneses Weyll, salió a declarar que el dinero entregado por la empresa brasileña al últimamente muy silencioso Emilio Lozoya no fue para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto como declaró el ex director de Pemex, sino para garantizarse contratos una vez que llegaran al gobierno –que para el caso es lo mismo-, desde la cárcel Javier Duarte de Ochoa “levantó la mano” para darle una “ayudadita” a sus “amigos” de la “4t”. Aprovechando los privilegios de los cuales goza en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México –en donde se encuentra en una celda privada a la que le llevan comida especial, concede entrevistas y sí tiene acceso a teléfonos

  Fotografía: archivo En un alarde de obviedad que raya en el cinismo, este martes José Luis Vargas Valdez fue “elegido” de botepronto, a puerta cerrada y en votación dividida como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿Y por qué la crítica? Porque precisamente éste fue el magistrado que tuvo a su cargo la ponencia que presentó el proyecto para negar definitivamente el registro como partido político a México Libre, asunto en el que tenía especial interés “ya saben quién”. Esto sin duda solo viene a confirmar lo que ya era evidente desde hace tiempo: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido cooptado por el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que se lanzó a desestabilizarlo no bien entraba en funciones, cuando se discutió la validez de la elección de gobernador que confirmó el triunfo de la panista Martha Érika Alonso en el estado de Puebla, quien a las pocas semanas moriría en