RÚBRICA

Fotografía: Fotover Faltan exactamente cuatro meses para que concluya el periodo constitucional sexenal de Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz. Queda un tramo de 122 días que parecen una eternidad, pues mientras los actores políticos del estado siguen enfrascados en la pugna y la diatriba, Veracruz padece las consecuencias del desgobierno, con regiones donde la autoridad simplemente no existe, y de la crisis económica que quiebra negocios, produce desempleo y desata la delincuencia. El vacío de poder y autoridad que priva en la entidad se debe, fundamentalmente, a la ceguera y la necedad de un gobernante que se niega a entender que su tiempo concluyó, y de la peor manera; que quiere ejercer actos de gobierno como si estuviéramos en 2011 y, lo peor, que pretende dejarle un campo minado financiero, institucional y político a su sucesor. Sólo por el odio enfermizo que se profesan. Al fiasco legislativo ordenado por Javier Duarte a sus serviles diputados se suma

Fotografía: tomada de Facebook La aprobación de la reforma al artículo 4º de la Constitución del Estado de Veracruz para penalizar la práctica de abortos en la entidad, al conferirle al gobierno la obligación de garantizar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte “natural”, fue un escandaloso compendio de doble moral e hipocresía. En primer término, fue repugnante la manera como los diputados de la LXIII Legislatura callaron ante las amenazas, públicas y en abierto, del clero católico, que anunció un día antes que denunciaría penalmente a los legisladores por no dictaminar la enmienda constitucional. Nada que ver con la actitud bravucona de semanas antes en contra de los críticos de sus otras reformas, también lesivas para los veracruzanos, cuando exigían respeto y alto a las presiones contra el Poder Legislativo. Con la Iglesia Católica doblaron la cerviz y escondieron la cabeza en la tierra. El comportamiento del clero católico no fue mejor. Envalentonada

Fotografía: Víctor Hugo Moreno El todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no quiere darse cuenta de lo evidente: está solo y a la deriva. La andanada que desde los medios de la Ciudad de México se lanzó sobre el mandatario veracruzano saliente, en la que él, su familia y sus colaboradores están siendo exhibidos como presuntos responsables de desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito, no es casual y va más allá de lo que él considera una “estrategia” de quien será su sucesor en la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares. Al mismo tiempo que los medios lo tunden, desde Los Pinos le mandan señales claras de que ha caído de la gracia y que van por él. Ni siquiera por un ánimo real de hacer justicia, sino porque alguien tiene que pagar los platos rotos del 5 de junio. Y en Veracruz se quebró la vajilla entera. En uno de los frentes, la Procuraduría General de la República por fin comenzó a darle cauce a las denuncias por peculado contra el gobierno de Duarte

Fotografía: AVC Noticias La violencia azota sin freno alguno a Veracruz, donde la semana pasada se registró el asesinato número 19 de un periodista en lo que va del fatídico sexenio de Javier Duarte de Ochoa. El homicidio de Pedro Tamayo en Tierra Blanca volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran los reporteros veracruzanos y la absoluta ineficacia de los mecanismos de supuesta protección de periodistas, tanto estatales como federales, que no sirven más que para justificar presupuestos y hacer demagogia. A este nuevo hecho de sangre las autoridades veracruzanas respondieron de manera ambivalente. Por un lado y como nunca antes en el sexenio, se admitió seguir la línea del trabajo periodístico de Pedro Tamayo como probable causa del asesinato. Pero por otro, y como ha sido su costumbre, difundieron rumores para criminalizar a la víctima y vincularla con la delincuencia organizada. La misma porquería de siempre. Lo que es un hecho incontrovertible

Fotografía: archivo Si a alguien debe reclamársele asumir su responsabilidad por el desastre al que se llevó al estado de Veracruz en los últimos años es al ex gobernador y actual cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán. Desde su sexenio comenzó el saqueo de las finanzas estatales y la aparición de una casta de nuevos ricos que hicieron uso y abuso del poder para satisfacer intereses, deseos y hasta perversiones y traumas personales. Prácticas deshonestas e ilícitas como el cobro de “moches” del 20 por ciento a los contratistas del gobierno para asignarles obras y contratos fueron el pan de cada día del sexenio de la “fidelidad”, en el que incluso los titulares de las diferentes áreas y dependencias gubernamentales tenían asignada una “cuota” que forzosamente tenían que enviar cada mes “a quien manda”, como eufemísticamente le da por llamar al gobernante en turno la prensa oficialista. “Lo que se arregla con dinero, sale barato”, fue una máxima del sexenio de

Fotografía: archivo Javier Duarte de Ochoa y sus diputados locales afines decidieron ir hasta el final con lo que probablemente sea -aunque siempre pueden sorprendernos- su último acto de abierto y descarado agravio a los veracruzanos. Este jueves 21 de julio, la LXIII Legislatura del Estado aprobará la iniciativa de decreto para que los recursos recaudados por concepto del impuesto de tres por ciento a la nómina se destinen al pago de la deuda del gobierno estatal con proveedores y contratistas. Esto, a pesar del abierto y total rechazo del sector productivo de Veracruz, que es el principal contribuyente de ese gravamen. Ya se ha expuesto aquí anteriormente el despropósito que implica esta enmienda irresponsable y malintencionada. Gracias al voto de los diputados filoduartistas, se le tendrán que pagar 27 millones de pesos a periódicos como AZ, que se pasó 12 años sirviendo de “tapete” a los dos últimos gobernadores; o más de 20 millones a empresas como Eureka Estrategia y

Fotografía: archivo Las recientes revelaciones acerca de fraudes y desvíos de recursos en la administración de Javier Duarte de Ochoa, así como el ostensible enriquecimiento de su grupo cercano y de sus familiares, si bien no dejan de generar indignación, tampoco son algo nuevo. Desde hace al menos dos años se comenzaron a documentar los malos manejos del gobierno veracruzano y los señalamientos que por ese motivo le hicieran desde entonces entes como la Auditoría Superior de la Federación, con denuncias ante la Procuraduría General de la República incluidas. Todo mundo sabía en Veracruz de la red de negocios tejida por personajes como Gabriel Deantes, Edgar Spinoso y Vicente Benítez, así como de su escandaloso enriquecimiento a costa de sus cargos en la administración pública y al amparo de un poder que creyeron iba a durar para siempre. Para nadie era un secreto que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, es el dueño de variados y diversificados negoc

Fotografía: La Jornada Veracruz Junto con Gabriel Deantes, Vicente Benítez González es el integrante del clan duartista que encarna de manera más diáfana la corrupción del sexenio que se extingue en lenta agonía. Desde la campaña a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa en 2010, Vicente Benítez González era motejado como “el señor de las maletas”, pues era el encargado de repartir el dinero, a manos llenas y en efectivo, durante mítines y reuniones, a empresarios, reporteros y pedigüeños diversos. El apodo se le afianzó después del episodio de enero de 2012, cuando un empleado de la Secretaría de Finanzas y Planeación -donde para entonces Benítez González despachaba como tesorero- fue detenido por agentes de la PGR en el aeropuerto de Toluca con una maleta donde transportaba 25 millones de pesos, que presumiblemente tenían como destino la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, aunque oficialmente se dijo que eran para pagar los servicios de una empresa para organi

Carlos Acevedo y Flavino Ríos. Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz La nueva trastada descubierta en la lista de proveedores y contratistas del gobierno estatal a los que éste pretende que se les paguen adeudos con los recursos del impuesto a la nómina, confirmó lo que se sospechaba desde el principio: los duartistas buscan autopagarse. O lo que es peor, que les pague la siguiente administración. Como se dio a conocer la semana pasada, en la lista del anexo a la iniciativa de decreto para transformar el objetivo del impuesto a la nómina y destinar su recaudación al pago de deuda en lugar de a obra pública, se detectó que aparecen varias de las empresas “fantasma” denunciadas en el reportaje de Animal Político que desnudó un modus operandi del gobierno veracruzano para desviar recursos. Aunque cínicamente el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, negó que dichas “empresas” -que según Animal Político no realizaron ninguna obra ni prestaron servici

Fotografía: Sergio Hernández/ AVC Noticias En medio de un espectáculo vergonzoso, indigno de una tribuna legislativa, los serviles diputados locales del PRI, PVEM y Panal -salvo tres honrosas excepciones- aprobaron la basificación de más de siete mil trabajadores de confianza de la administración pública estatal de Veracruz. Con el más absoluto descaro, irresponsabilidad y falta de ética, los empleados de diferentes dependencias del gobierno estatal fueron enviados, por instrucciones directas de sus superiores, a la sesión de la LXIII Legislatura del Estado para presionar por la aprobación de la iniciativa con la que el todavía gobernador Javier Duarte abrirá un boquete de más de mil 200 millones de pesos en las finanzas del siguiente gobierno estatal. Incluso, se pudo identificar -camuflados entre la masa de burócratas a los que se ordenó llegar al Congreso del Estado desde las ocho de la mañana- la presencia de conocidos “porros” y golpeadores a sueldo del régimen, como un

Fotografía: Cuartoscuro Javier Duarte de Ochoa decidió jugarse su resto y buscar mantenerse al frente del gobierno de Veracruz hasta el último día de su mandato, el 30 de noviembre próximo. Repudiado por todos lados, el todavía gobernador tomó la determinación de retar incluso al poder central, y continuar generando zozobra en una entidad que de facto, ya no gobierna, pues ha perdido toda autoridad. Al grado de que ya ni siquiera hay actos públicos a los que asista, pues se la pasa encerrado en Casa Veracruz, en chanclas, shorts y playera, según asegura el ex candidato priista a la gubernatura, Héctor Yunes Landa. En medio de su carrera al abismo, Javier Duarte decidió seguir adelante con algunas de las enmiendas legales que envió a la LXIII Legislatura del Estado para bombardear a la siguiente administración. Valga decir, las que no son materia de las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por la Presidencia de la República el lunes pasado. Así, aun cuando en la sesi

Fotografía: Yahir Ceballos/ AVC Noticias El pasado 10 de febrero de este mismo año, se publicó en este espacio que Javier Duarte de Ochoa era insostenible como gobernador de Veracruz. La base de esa afirmación era la ola de violencia que azotaba a diferentes puntos del estado, y que había alcanzado su pico con el secuestro y desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, y con el plagio y posterior asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar. En aquel entonces, se afirmó en la Rúbrica que “por mucho menos de todo lo que ha pasado en Veracruz durante este sexenio, han caído gobernadores y autoridades de diferentes niveles. (…) El daño que Duarte de Ochoa le hace al estado de Veracruz manteniéndose al frente de la administración estatal es de proporciones gigantescas. Y si eso no les importa a sus protectores en el Gobierno Federal y en la nomenclatura priista, quizás sí les preocupe el lastre que en términos político-electorales les representa en un año d

Finalmente, desde Los Pinos tomaron la decisión de frenar los ofensivos planes de fuga de los gobernadores priistas señalados por actos de corrupción y saqueo de las arcas públicas. El anuncio conjunto entre la Procuraduría General de la República y la Presidencia, dando a conocer la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los “blindajes” promovidos por los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Quintana Roo, Roberto Borge, no fue sino el “manotazo” del hartazgo del presidente Enrique Peña Nieto, que tuvo que entrar -después de que se le demandara durante años, aunque con especial énfasis en las últimas semanas- a poner en orden a estos dos mandatarios, que en desplantes de rampante cinismo pretendían “irse de huida” dejando a sus sucesores imposibilitados para emprender acciones legales en su contra. El caso de Veracruz y Javier Duarte destaca invariablemente. Desde hace semanas eran varias las seña

En la orfandad política tras la derrota del 5 de junio, los priistas veracruzanos están viviendo una especie de diáspora. No tienen claro el camino a seguir, las decisiones a tomar ni las lealtades a guardar. Por lo pronto, en el Congreso del Estado hay una suerte de “rebelión” de parte de varios legisladores tricolores que ya no estuvieron dispuestos a seguir inclinando la cabeza ante los disparates que les envían desde Casa Veracruz. Este jueves, ante la falta de votos para lograr la mayoría calificada y sacar adelante el nombramiento de los magistrados de la Sala “anticorrupción” del Tribunal Superior de Justicia, la bancada priista de plano “reventó” la sesión del Pleno de la LXIII Legislatura del Estado. Si hubieran procedido con la votación, la hubieran perdido y el escarnio por la derrota habría sido monumental. Por eso también sacaron de la orden del día la donación al Instituto de Pensiones del Estado de once inmuebles pertenecientes al patrimonio estatal, así com