RÚBRICA

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Cuando a mediados de 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció su programa de desconfinamiento llamado “nueva normalidad”, quedó claro desde el principio que se decidió anteponer la reactivación económica por sobre la vida y la salud de la población. El retorno por decreto a las actividades económicas que estuvieron parcial o totalmente cerradas durante los meses de abril y mayo del año pasado tuvo un costo en vidas humanas todavía difícil de cuantificar con exactitud, pero que puede encontrar un parámetro en las cifras del Inegi sobre el exceso de mortalidad registrado durante la pandemia, mismas que arrojaron un número de muertos por covid-19 en un 45 por ciento mayor que el de los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud durante los primeros siete meses de la emergencia sanitaria. Eso, junto con las propias estimaciones de expertos que aseguran que el número real de fallecimientos provocados por el coronavirus SA

Fotografía: Gobierno de Veracruz   En medio de un clima de persecución contra opositores, críticos y ciudadanos, el gobierno de Veracruz convocó a la firma de un acuerdo político que, como era de una obviedad monumental, fue desairado por las fuerzas políticas no alineadas con el actual régimen. El “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021” no es más que un compendio de lugares comunes y de disposiciones legales para las que no hace falta signar convenio alguno, sino únicamente apegarse a la mínima normalidad democrática y legal, algo que no está sucediendo en el estado en la actualidad. El uso faccioso de las instituciones para someter o aplastar a los adversarios; la manipulación de las leyes para convertirlas en armas en contra de quien exprese disenso o pueda informar a la sociedad sobre posibles actos de abuso de autoridad; y la disposición electorera de los programas y recursos públicos con tal de obtener ventajas políticas ilegales, representan en este momento el signo del ac

  Imagen: video de E-consulta Veracruz La inmundicia legal aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz materializada en la reforma al Código Penal estatal y la tipificación del delito de “ultrajes a la autoridad” –que en menos de una semana ya tiene en la cárcel a un político opositor y a un ciudadano que ejercía su derecho constitucional a la manifestación-, ha prendido las alarmas de los juristas y defensores de derechos humanos –los que no están “enchufados” a la nómina gubernamental, por supuesto- por las abiertas violaciones a las garantías fundamentales que entraña. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el emitido el pasado miércoles en una carta dirigida a la LXV Legislatura local por la Academia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en la cual los catedráticos plantean las aberraciones jurídicas en las que incurrieron los diputados que aprobaron una legislación claramente lesiva de los derechos humanos. Los académicos explican que crear una leg

  Fotografía: Saúl Ramírez/ Fotojarocha La detención del ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD Rogelio Franco Castán a manos de la policía del gobierno de Veracruz reveló, entre otras cosas, la manera como el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” piensa tratar no solo a sus rivales políticos, sino a cualquiera que se le oponga o critique. Desde el mismo día de la detención, el pasado sábado 13 de marzo, trascendió la versión de que Franco Castán se habría resistido al arresto y agredido al policía ministerial encargado de esa tarea, por lo que se le imputó el delito de “ultrajes a la autoridad”. Es precisamente por ese ilícito –y no por el de violencia intrafamiliar por el que fue denunciado por su ex esposa y para el cual contaba con un amparo que la policía ministerial ignoró deliberadamente- por el que al ex funcionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares le fue dictada la prisión preventiva de ocho meses sin derecho a libertad condiciona

  Fotografía: redes sociales Las “garras” y “colmillos” del autocrático lopezobradorismo gobernante han quedado totalmente expuestos a través del nuevo tribunal inquisidor en el que ha convertido sus conferencias matutinas, cuyo objetivo en modo alguno es informar o rendir cuentas de nada, y sí en cambio promover linchamientos públicos de todos aquellos que osen contradecirle, oponérsele o simplemente ejercer su derecho a pesar diferente y conforme a su propio criterio. Con libertad, pues. Al cadalso del escarnio público –que al paso que vamos nadie puede asegurar que no se convertirá en algún momento en un patíbulo en términos literales- lo mismo son llevados periodistas que ejercen el derecho constitucional a la libertad de expresión que activistas sociales, empresarios, líderes políticos, comediantes, jurisconsultos, autoridades en funciones, mujeres que alzan la voz y cualquiera que se atreva a salirse del guion de la versión única, del pensamiento sometido al dogma de la “infali

  Durante las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres de este lunes, el gobierno de Veracruz colocó unos pendones en la fachada del inmueble sede del Poder Ejecutivo en los que aparecían las imágenes de las mujeres que ocupan cargos de autoridad en el actual sexenio. Pretendió ser ésta una suerte de “prueba” –si se le puede calificar de este modo- de que un gobierno de la “4t” como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez promueve el “empoderamiento” femenino y la igualdad en el acceso a cargos de responsabilidad política. Aunque pasando por alto el hecho de que las mujeres cuya imagen utilizó son titulares de organismos autónomos del Poder Ejecutivo estatal, por lo que al menos desde el aspecto legal formal, no le correspondería mérito alguno por esos nombramientos. Empero, precisamente ese detalle es un indicador de la verdadera situación respecto de la debilidad institucional que priva el estado: la división de poderes es ficticia, tanto como la autonomía de los

  Fotografía: @isaac_jeroo Mientras la atención mediática, social y política se centraba en las marchas y protestas de mujeres en el marco de la conmemoración del #8M, en el Senado de la República dieron el primer paso para asestar un nuevo golpe a las víctimas y en especial, a las mujeres de este país. Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen para emitir una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que incluye también reformas a otras 66 leyes federales que mandatan la participación del organismo encargado de la procuración de justicia en diferentes Sistemas Nacionales. Uno de éstos es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual fue creado en 2007 como “un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Este sistema

  Fotografía: Ixchel Cisneros Nuevamente el movimiento de las mujeres ha puesto contra las cuerdas al gobierno de la pretendida “cuarta transformación”. No solo por evidenciar lo vacuo de su discurso pseudosocial y dizque progresista, sino porque al arrinconarlo lo hizo mostrar que no tiene más respuesta a la violencia ejercida en contra de ellas –como a los demás problemas del país- que esconderse. Y de qué manera lo hizo. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador decidió agazaparse de las marchas que se celebrarán este lunes con motivo del Día Internacional de las Mujeres ¡levantando un muro alrededor de palacio nacional! Con toda la carga histórica y política que las murallas de todo tipo simbolizan. No es gratuita esta muestra de cobardía. Si a un movimiento teme el régimen de la “4t” es al de las mujeres, el único que le ha puesto cara y representa una oposición real y consistente en México. Y es que a diferencia de lo que sucede con los partidos, a ellas no las pue

  Fotografía: tomada de La Silla Rota No son dichos de los partidos de oposición. Tampoco de los medios de comunicación. Ni siquiera de los empresarios a los que tanto resentimiento les tienen –hasta que financian sus campañas-. Son los datos del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.  Durante la conferencia matutina de este jueves en palacio nacional para presentar la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el estado de Veracruz se encuentra entre las siete entidades que concentran la mayor tasa de violencia política de todo el país.  De los 73 actos de violencia política registrados en lo que va del proceso electoral 2021, más de la mitad se cometieron en Veracruz y el resto en los estados de Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Baja California y Jalisco, detalló la funcionaria en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.  En poco más de dos años

  Fotografía: Gobierno de México Este lunes, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, sostuvieron su primera reunión bilateral a distancia en la que abordaron varios temas de la agenda conjunta de ambos países, mismos que fueron expuestos de manera general en la declaración conjunta emitida por los dos gobiernos. De especial relevancia resulta el apartado de dicha declaración denominado “Cooperación bilateral contra el cambio climático”, en el que ambos mandatarios “destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática y acordaron explorar áreas de cooperación”. En el comunicado se señala además que “los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética. Además, discutieron maneras de trabajar juntos en aras de alcanzar un resultado exitoso en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático organizada por los Estados U

    Fotografías: archivo No es la primera vez que el ex gobernador sustituto de Veracruz y dueño de la franquicia partidista primero llamada Convergencia por la Democracia y hoy conocida como Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, juega el rol de “patiño” del régimen y esquirol de la oposición. Habría que recordar que en el año 2000, cuando contendió por primera vez por una senaduría postulado por la “Alianza por México” (integrada por PRD, Convergencia y PT) se negó a hacer crítica alguna a su ex partido, el PRI, del que fue dirigente estatal en Veracruz algunos años antes y con el que rompió en el sexenio de Ernesto Zedillo, lo que le valió ser encarcelado en esa época. ¿La razón de su tibieza? La existencia de un pacto político de facto con quien encabezaba la fórmula al Senado por el PRI en esas elecciones: el ex gobernador, ex secretario de Gobernación y ex titular de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad Fernando Gutiérrez Barrios, a quien en los hechos ayudó a