RÚBRICA

  Imagen: redes sociales Las crudas imágenes de lo que se percibe como una especie de fusilamiento de un grupo de personas a manos de un numeroso comando de hombres fuertemente armados durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán, son una tétrica representación de la realidad en la mayor parte del país. A pesar de la militarización de casi todas las actividades estratégicas, incluida por supuesto la de la seguridad pública, la violencia es incontrolable y mucho más letal que la de sexenios anteriores. Incluso que la del periodo de Felipe Calderón, aquel presidente que declaró la “guerra al narcotráfico” que dejó 120 mil 563 homicidios durante todo su gobierno; o el de Enrique Peña Nieto, en cuya gestión se cometieron 156 mil 66 asesinatos. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más violento de la historia de México, pues en la mitad de tiempo de sus antecesores, poco más de tres años, se han perpetrado prácticamente 114 mil homicidios dolosos de nor

  Fotografía: archivo ¿Puede un régimen que viola consuetudinariamente la ley tener legitimidad para exigir su cumplimiento? Ésta es una pregunta que bien puede plantearse en el caso de Veracruz, donde el Estado de Derecho ha sido hecho añicos por un gobierno intolerante, autoritario y particularmente ignorante, como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Es verdaderamente vergonzoso el desparpajo y cinismo con que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” en Veracruz miente y viola la ley y, en consecuencia, los derechos de los ciudadanos a los que es su obligación, entre otras cosas, garantizarles certeza jurídica y personal. La aplicación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, que tiene en la cárcel a más de mil personas en la entidad, ha representado una afrenta del gobierno estatal contra sus propios gobernados como solamente había sucedido en el pasado reciente durante el infame sexenio de Javier Duarte, cuando éste también utilizó el Código Penal como ar

  Fotografía: archivo Una de las varias advertencias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre el manejo de las finanzas del estado de Veracruz, que apenas si despertó un poco de interés mediático, es la referente a todos los empréstitos que ha contratado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). La ASF explicó que Veracruz es la entidad de la República con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas precisamente por el elevado monto de la deuda pública que arrastra. Pero sobre todo, por el uso que le da a ese dinero. Por el destino que tienen esos créditos. En la tercera y última revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020, la ASF señala que Veracruz fue la segunda entidad del país con la mayor cantidad de obligaciones contraídas, al solicitar créditos por 20 mil 631 millones de pesos. Lo cual no representaría problema alguno si es

  Fotografía: archivo Lo que tiene fuera de sí al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del escándalo de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón es, sobre todo, la evidencia de que el discurso anticorrupción que enarbola y que ha sido su única bandera política, es mera retórica vacía. Aunque la mansión texana del “Junior del Bienestar” no es ni de cerca la única certeza que existe sobre los actos de abierta corrupción que campean en el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Año con año, los órganos fiscalizadores muestran que no están lejos de las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, a los que tanto les gusta aludir para farfullar que “no son iguales”. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 presentado este domingo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de ello: precios inflados, sobrecostos e irregularidades que abiertamente demuestran hechos de muy probable corrupción, pueblan la práctic

Fotografía: Presidencia de la República   Exhibida la falsedad del discurso de “honestidad” y “moralidad” que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” ha usado como estandarte político, lo que ha seguido es el endurecimiento del discurso con la intención de intimidar. El escándalo de la “Casa Gris” del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston logró lo que nada ni nadie había podido conseguir en tres años: arrebatarle el control de la agenda pública a la propaganda y el discurso presidencial, al grado de hacerles perder el balance y obligarlos a mostrar su cara más autoritaria, sin importarles quebrantar la ley con tal de cambiar el foco de atención en el clima de la opinión pública. El caso lleva tres semanas liderando la conversación pública junto con sus temas adyacentes, como las agresiones del presidente a los periodistas que le han dado difusión, y que ya han llamado la atención de organismos civiles y actores políticos internacionales, que adv

  Fotografía: archivo Arrastrado quizás por la corriente autoritaria del régimen al que sirve, o a lo mejor porque siempre estuvo interiorizado en su verdadero yo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha “revelado” como un violador contumaz de la legalidad. Las dos recomendaciones seguidas que ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhiben la manera en la que el otrora activista social, profesor de preparatoria y hasta “payasito de los mítines” se convirtió en un ser humano agobiado por sus odios, lo cual hasta parece que fuese requisito para formar parte de Morena. Las violaciones a derechos humanos que el gobierno que encabeza ha cometido y sigue infringiendo cotidianamente, serán la marca de un sexenio sin logros ni obras de relevancia propias, que no fue capaz ni de atender –ya no hablemos de cumplir- a lo que se comprometió en los primeros minutos de su administración, y que optó por el autoritarismo. Ése del que se quejaban como plañideras cu

  Fotografía: Twitter de @minervahdezmx Lo que vimos en las últimas horas en el país ya raya en lo demencial. Si un legado están construyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento es el de la destrucción de las instituciones democráticas que se crearon en las últimas tres décadas gracias al impulso y exigencia de la sociedad, pero en cuya edificación participó activamente la izquierda partidista, buena parte de la cual emigró a Morena y en donde de repente se le olvidó la vocación democrática que alguna vez ostentó, dejado salir en cambio su vena más autoritaria. Más cercana a Stalin que a Olof Palme. Al presidente literalmente le importa un carajo violar la ley para dar rienda suelta a sus odios y resentimientos –y de paso distraer la atención sobre las corruptelas de su entorno cercano-, y confunde la gimnasia con la magnesia… o por lo menos eso aparenta al pedirle al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que le

  Fotografía: archivo Desde el pasado viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó flagrantemente la Constitución de la República al revelar datos personales de un particular, en este caso el periodista Carlos Loret de Mola, el escándalo mediático no ha terminado de centrarse en el punto que resulta más preocupante de todo el cúmulo de atropellos que ello significó: el uso de información privada en contra de los ciudadanos. Sin duda, los sistemáticos ataques que desde el régimen se lanzan -ya sin freno alguno- contra cualquier periodista que haga la mínima crítica a los gazapos de la “4t” y del presidente, constituyen una seria amenaza para una mínima normalidad democrática en el país, por lo que implica que desde el poder se pretenda acallar la voz de quien representa a un sector de la sociedad que comulga con una manera de interpretar la realidad y, en consecuencia, se informa en función de la misma. Se apellide Loret, Aristegui o Hernández. Pero lo que hizo López

  Fotografía: FGE Mi solidaridad con Sarah Landa, agredida por el gobernador de Veracruz   La espiral descendente y decadente en la que ha entrado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez justo a la mitad del sexenio, es realmente preocupante por todo lo que implica para la seguridad pública, la democracia y las libertades en el estado. El perfil autoritario y cada vez más violento que decidió adoptar Cuitláhuac García para su gubernatura se convierte en un arma peligrosa en manos de ese grupo de incapaces para el servicio público de los que se rodea y que, para intentar esconder sus pifias y limitaciones, agreden lo mismo a sus antagonistas políticos que a los medios de comunicación y los periodistas –los que se dejan-. Pero sobre todo, a los ciudadanos que tienen la mala estrella de toparse con ellos o con sus policías, que cuentan con carta blanca oficial para cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos. La violencia verbal con la que Cuitláhuac García

  Fotografía: archivo Cada que surge lo que en el pequeño circulito de la “cuatroté” veracruzana consideran un peligro para sus objetivos de continuidad en el poder, su reacción es rabiosa. Y sin importar si viene desde su propio partido. Cuando el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, comenzó a hacer activismo político en Veracruz a mediados de 2021, desde el gobierno de Cuitláhuac García se lanzó una arremetida contra el legislador minatitleco, a quien cuestionaron su arraigo en el estado –como si el secretario de Gobierno lo tuviera o la secretaria de Energía siquiera fuese veracruzana-, le sacaron a la luz –al estilo que más les gusta, los “chuletazos” anónimos y cobardes- supuestas irregularidades cometidas en otras entidades y hasta pretendieron simular que ni lo conocían, por lo que mejor no se metiera en la entidad. Como si fuera de ellos. Similar fue la respuesta cuando sin motivo aparente, el coordinador de l

  Fotografía: Cuartoscuro Dentro del clima de crispación social con el que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” busca debilitar y acallar cualquier crítica -por pequeña que ésta sea- a sus desatinos, incongruencias y corruptelas, hay que apuntalar la manera en la que los ataques del presidente López Obrador a la libertad de expresión y de prensa se han vuelto cada vez más violentos, al menos verbalmente. Lo que no quiere decir que no puedan ascender a la agresión física. Como todos los políticos autoritarios, Andrés Manuel López Obrador es absolutamente intolerante a la crítica. No la soporta bajo ninguna circunstancia. Menos aun cuando quedan exhibidas las malas prácticas, simulaciones, incongruencias, conflictos de interés y hasta corruptelas en las que los protagonistas son sus allegados o, como ha sido una constante durante su sexenio, sus familiares. En lugar de aclarar y/o demostrar fehacientemente que los reportajes y opiniones periodísticas críticas a su gob

  Fotografía: Movimiento por la Justicia Este sábado, un grupo de ciudadanos, abogados, académicos y políticos de distintos partidos de oposición anunciaron la creación del “Movimiento por la Justicia en Veracruz”. La causa destacada públicamente es buscar la liberación de las más de mil personas detenidas en Veracruz por la aplicación del inconstitucional tipo penal de ultrajes a la autoridad, así como manifestarse en contra de “los abusos de poder y las permanentes violaciones al Estado de Derecho y el debido proceso legal por parte del Gobierno de Veracruz”. De entrada, pareciera ser esta iniciativa una derivación de lo que se buscó impulsar desde el Senado a finales del año pasado con la creación de la malograda “Comisión Especial” para Veracruz, promovida por el senador morenista Ricardo Monreal Ávila luego de que el gobierno de Cuitláhuac García encarceló al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, José Manuel del Río Virgen, como una suerte de r

  Fotografía: David Bello/ Diario de Xalapa Aparentando “humildad” y un supuesto acatamiento del orden jurídico que no ha honrado durante lo que va de su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció hace unos días que enviaría una iniciativa para derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad, luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así se lo exigiera en la Recomendación que le emitió directamente a finales de diciembre. La Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, fue a causa de “violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE)”, en referencia al muy conocido caso de los seis jóvenes a los que la policía estatal acusó de “ultrajes a l