RÚBRICA

Hace dos semanas, en una reunión me preguntaron si era feliz con lo que hacía. Que si mi trabajo como periodista me daba felicidad o al menos satisfacción personal. No lo dudé un instante. Contesté que sí, que definitivamente sí. Que haberme dedicado al periodismo ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Y que a pesar de todos los pesares, de los bajos salarios, de las jornadas exhaustivas e inacabables, de los patrones explotadores e insensibles que a veces te tocan en el camino, y sobre todo de los riesgos que entraña ser un narrador de la cotidianeidad, si volviera a nacer, sería reportero de nuevo. Mi profesión me ha dado la oportunidad de palpar realidades que de otro modo no tendría idea siquiera de su existencia. Me ha permitido conocer que en un mismo espacio conviven la bondad y la maldad, que junto a la riqueza ostentosa se clava como un trinche ardiente en la conciencia la pobreza más indignante. Y que nuestra función como comunicadores es dar a conocer los hec

Aunque no hay un registro pormenorizado del número real de migrantes muertos a su paso por territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos, esta situación de reiterada violación a los derechos humanos bien puede ser considerada como una suerte de holocausto, tal como la califica el sacerdote católico y activista Alejandro Solalinde. De  acuerdo con el documento “Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México”, informe presentado por Solalinde en el marco del Día Internacional del Migrante con base en los testimonios de las personas que le ha tocado socorrer, 52 por ciento de los indocumentados que cruzan por la frontera sur del país sufren robos, 33 por ciento son extorsionados, cuatro por ciento son secuestrados y tres por ciento reciben amenazas. Además, refiere que las cifras oficiales sobre migrantes desaparecidos en territorio mexicano son más bajas de las que en realidad ocurren. Los victimarios de los migrantes van desde los tratantes de personas hasta

Tremendo revuelo mediático causó la lista que, según la revista estadounidense Forbes, enumera a los diez mexicanos más corruptos de 2013. Dicha lista, elaborada por la periodista Dolia Estévez, es encabezada por la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo e incluye a personajes como el “hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, el ex secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, la ex vocera presidencial Alejandra Sota, así como los ex gobernadores Andrés Granier, Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Arturo Montiel y Fidel Herrera Beltrán. Estévez explica que para la elaboración de este listado contó con la ayuda de académicos y periodistas, y hace referencia al Barómetro de Corrupción Global de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, publicado en  julio, que ubica a México como uno de los dos países más corruptos de América Latina, junto con Argentina. Obviamente, el texto cau

El presidente Enrique Peña Nieto ya logró la aprobación de las reformas que le interesaban a su régimen, particularmente la del sector energético, objetivo que se trazó desde que tomó el poder. ¿Qué sigue ahora? Por las señales que ha dado, lo que viene es el retorno del presidencialismo salvaje y autoritario, que no admite oposición alguna a sus designios, y que es capaz de sacrificar a quien sea para obtener lo que quiere o preservar sus privilegios. Si no lo cree, pregúntele al todavía dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. No importó que por años fuera un “aIiado” del sistema. Fue avasallado en la discusión de la reforma energética, y al final, su organización excluida de la toma de decisiones dentro del nuevo esquema bajo el que operará Pemex, convertida en “empresa productiva del Estado”. El Pacto por México, herramienta de negociación política que le permitió al gobierno el tránsito de esas reformas, ha cumplido su finalidad y puede declarársele muert

Nadie esperaba que con la composición actual del Congreso del Estado de Veracruz, éste actuara con independencia de criterio. Siempre fue claro que la mayoría priista se haría sentir a la hora de discutir y votar temas polémicos. Pero de eso a aprobar una enmienda constitucional de enorme trascendencia para el país como la reforma energética sin siquiera leer el dictamen, por consigna, sin debate y con el único objetivo de hacerlo lo más rápido posible para que el Gobernador “quedara bien” con el Presidente, pues hay una notable diferencia que se explica en una sola palabra: sumisión. No es especulación que los diputados veracruzanos del PRI no leyeron el dictamen de la reforma que aprobaron fast track. Un integrante de esa bancada, Ricardo Ahued Bardahuil, así lo dio a conocer el mismo viernes pasado durante la sesión extraordinaria a la que se convocó a toda prisa, y con base en esa circunstancia fue que votó en abstención. Pero sus compañeros partido no tuvieron el mismo prur

Lejos del discurso de inclusión y debate que, según ellos, sería la pauta del trabajo parlamentario, el PRI y sus legisladores de todos los niveles, así como sus aliados, se comportan como autómatas para aprobar las iniciativas de ley que les mandan desde el Ejecutivo federal y los estatales. Fieles a la tradición levantadedos que los caracterizó en sus dorados años de aplanadora imbatible, los priistas defienden y aprueban lo que hace unos pocos años rechazaban. Sólo que antes fue por bloquear a gobiernos de un partido diferente al suyo, y ahora, porque cumplen obedientes las órdenes de sus nuevos patrones. Esto fue evidente en la discusión de la reforma energética en el Senado y la Cámara de Diputados. Los argumentos de los partidos de izquierda –que sí los hubo, más allá de los enfrentamientos físicos, la toma de tribunas y la nueva afición stripper de algunos legisladores– fueron olímpicamente ignorados, como si no se hubiesen expresado nunca. La “línea”, socorrido uso y cos

Como si no fuera suficientemente lastimera la condición de “patiño” del régimen priista que juega en el estado de Veracruz, el PRD se hunde cada vez más en el porquerizo de inmundicia en el que se revuelca su “líder”, Sergio Rodríguez Cortés. Para “protestar” contra la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión , al funesto “dirigente” de lo que queda de este partido en el estado se le ocurrió la “brillante” idea de llevar a la principal plaza pública de la capital veracruzana a tres mujeres semidesnudas, con el torso cubierto únicamente con body paint con imágenes de pozos petroleros trazadas sobre sus pechos y estómago, cargando una manta con la frase de José Saramago que retomó la senadora Layda Sansores durante el debate en la Cámara alta. ¿Qué resultados obtuvo? Que los transeúntes, los fotógrafos y los automovilistas se dieran un “taco de ojo” con las bien formadas “edecanes” (que de ninguna manera eran militantes perredistas, sino modelos contratadas pa

En una decisión por demás sorpresiva, el PRI aceptó que en el dictamen sobre la reforma energética que al momento de escribir estas líneas se debate en el Senado, se marginara al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex. El Artículo 20 transitorio establece que el órgano máximo de decisión de Petróleos Mexicanos estará conformado por diez consejeros, cinco del Gobierno Federal y cinco independientes. El Secretario de Energía será quien lo presida y tendrá voto de calidad. Ello, como concesión al PAN para seguir adelante con el proceso legislativo con el que, en los hechos, se desmantelará por completo la estructura actual de exploración, explotación y comercialización de los energéticos “propiedad de la nación”. Así como lo fue el magisterio, por años el sector petrolero representó uno de los bastiones políticos, económicos y electorales más fuertes del priismo. Los trabajadores eran acarreados en hordas a los mítines de los candidatos tricolores y aleccionados

Resulta que, según el diputado local por Xalapa rural David Velasco Chedraui, manifestarse públicamente contra un proyecto inmobiliario que afecta el patrimonio de terceros, es sinónimo de extorsión. Lo anterior se colige de su respuesta a la detención de los activistas Ernesto Isunza Vera e Iván Rísquez Valdepeña, luego de que aquél los denunciara por el supuesto delito de coacción, en reacción a la oposición manifiesta de ambos académicos a que se construya un fraccionamiento en el municipio de Coatepec, en el barrio de San Miguel, proceso que causó revuelo este fin de semana. Sin presentar hasta ahora más pruebas que sus meros dichos, Velasco Chedraui, acaudalado empresario y promotor del proyecto, afirmó que Isunza y Rísquez "son dos personas que han tratado de extorsionarme desde el principio. Yo cuento absolutamente con todos los permisos, impacto ambiental por el Ayuntamiento, ya se pagó una multa que en su momento tuvo que pagarse a la Procuraduría de Medio Ambiente (

Una clara muestra del estado de descomposición del sistema de procuración e impartición de justicia en Veracruz se vivió este fin de semana en la ciudad de Coatepec. Elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones detuvieron el sábado a Ernesto Isunza Vera, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y al músico integrante de la Orquesta de Guitarras de la Universidad Veracruzana Iván Rísquez Valdepeña, quienes fueron trasladados al penal de Pacho Viejo, pues sobre ellos pesaba una orden de aprehensión girada por un juez municipal bajo la causa penal 7/2013, por el supuesto delito de coacción. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos hombres, que los hiciera merecedores de ser detenidos y exhibidos como si de peligrosos delincuentes se tratara? Oponerse a que una empresa propiedad del ex alcalde y actual diputado local del PRI por Xalapa rural, David Velasco Chedraui, destruya un entorno natural para levantar un fraccionamiento. Di

El Gobierno del Estado de Veracruz difundió la tarde de este jueves 5 de diciembre un comunicado en el que, categóricamente, niega que pretenda ejercer “terrorismo fiscal”, ni que contemple “ninguna propuesta de inmovilización de cuentas bancarias” en su proyecto de Ley de Ingresos para el año entrante. En el boletín de marras, atribuido a la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal, se señala que “se propone un esquema de condonación de accesorios para que las personas con adeudos se puedan poner al corriente con el fisco estatal”, y que “no tiene facultades para inmovilizar cuentas bancarias por adeudos con el fisco estatal, y mucho menos la intención de ejercer un terrorismo fiscal”. Añade que “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la única dependencia con facultades para inmovilizar cuentas bancarias, pues se trata de una competencia federal, por lo que son erróneas las interpretaciones que se hicieron al texto de la Exposición de Motivos del proyecto que ana

Siguiendo la pauta que se marcó desde el ámbito federal con la aprobación de la reforma financiera, en Veracruz, urgido como está el gobierno de allegarse recursos, se pretende establecer una suerte de estado de terror fiscal contra quienes mantengan adeudos con la actual administración. De acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos para la entidad presentado por el Ejecutivo estatal a la LXIII Legislatura veracruzana, se endurecerán los mecanismos recaudatorios con el objetivo de “asegurar las metas presupuestales y mejorar el desempeño de los ingresos públicos”. Para ello, “se impulsará la recuperación de los créditos fiscales, en especial, los de mayor cuantía, por métodos conciliatorios y coactivos. Por medio de cartas a los contribuyentes, asistencia y orientación fiscal, se persuadirá a los deudores para que efectúen el pago y se eviten trámites procesales”. Asimismo, se advierte que “se incrementará el cobro coactivo, en coordinación con las Oficinas de Hacienda, por medi

Cada que un gobierno anuncia la pretensión de crear nuevos impuestos, o bien de aumentar los que existen, da motivo suficiente para que toda la sociedad, y todas las clases sociales, se unan en su contra. ¿Por qué esta reticencia a pagar tributos al gobierno? Pues porque al menos en México, esos recursos no son utilizados como es debido. La corrupción permea todas las áreas de la administración pública en nuestro país, y por ello la negativa de la población a hinchar más las alforjas de quienes se comportan como verdaderos forajidos al ocupar cargos de decisión política o burocrática. Sin embargo, no hay de otra más que pagar, pues sólo así se nos pueden brindar servicios públicos, que aunque malos, son indispensables. Pero por ello hay que exigir que el dinero que se recaude se utilice verdaderamente en beneficio de la población. Hace unos días, se dio a conocer que el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso local una iniciativa para reformar los códigos Financiero

Aunque se daba por hecho que Alberto Sosa Hernández se reelegiría como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, su designación este lunes provocó una respuesta airada y virulenta de dos magistradas que contendían por el mismo cargo. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga no tuvieron pelos en la lengua para denunciar que hubo corrupción en este proceso, y que incluso se repartió dinero entre quienes tenían en sus manos la decisión de reelegir a Sosa Hernández u optar por otra persona. “Yo no tengo dinero para comprar conciencias”, soltó sin más Castañeda Palmeros, quien refirió que le habían sugerido declinar a sus aspiraciones por encabezar el Poder Judicial del Estado. Al hacer uso de la voz durante la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, compuesto por los ochos magistrados presidentes de la salas que integran el Poder Judicial local, Castañeda acusó que la decisión ya estaba tomada y la elección arreglada, lo q

Sonaba muy bueno para ser realidad, que los partidos políticos mexicanos de verdad se comprometieran a legislar una reforma política de gran calado que modernice las instituciones de nuestro país. Lo único de lo que son capaces es de hacer trueques para obtener para sí el mayor beneficio posible, y las menores afectaciones. Lo que necesite la sociedad, es lo de menos para ellos. Esta reflexión viene a cuento luego de revisar los principales puntos del dictamen de reforma política aprobado en comisiones del Senado de la República. Al final, se impone la lógica de la partidocracia por encima de la de los ciudadanos, que seguiremos siendo sus rehenes. Por ejemplo, se introduce en la reforma la reelección de legisladores federales y locales, así como de ediles, pero se establece un candado insalvable: para aspirar a repetir en el cargo, lo deberán hacer postulados por el mismo partido que los llevó a éste la primera ocasión. No sólo no se atempera la preeminencia partidista, sino q

Como fue anunciado desde que rindió protesta el nuevo Congreso local, quedó integrada la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, encabezada por los diputados Gabriela Arango Gibb como presidenta y Eduardo Sánchez Macías como secretario. El “mérito” de estos legisladores para dirigir esta comisión es que ambos son dueños de periódicos. Arango Gibb pertenece a la familia que posee La Opinión de Poza Rica, que según un estudio que mandó hacer el Gobierno del Estado –y que le sirvió de base para mantener o “trasquilar” convenios publicitarios–, es el diario más influyente de todo Veracruz. Y la familia de Sánchez Macías controla una cadena de periódicos regionales cuyas insignias son los diarios El Martinense y el Heraldo, amén de que estarían emparentados con una familia que este sexenio es muy poderosa en Veracruz. Sólo que ser dueño de un medio no hace a nadie periodista. Al contrario, generalmente son los primeros

Nadie se sorprendió por enterarse de que en Veracruz se hacen fraudes con la obra pública. Huelga decir que son prácticas recurrentes no de éste, sino de todos los gobiernos. Sólo que sí llamó la atención que esto fuera admitido públicamente por un secretario de despacho de la actual administración estatal. Durante su comparecencia ante los diputados de la LXIII Legislatura del Estado, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno veracruzano, Gerardo Buganza Salmerón, destapó de manera oficial una cloaca que le ha representado a la entidad un desfalco –al menos– por unos 170 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario, desde su llegada a la nueva supersecretaría –que sustituyó a la de Comunicaciones y fue creada casi ex profeso para él hace poco más de tres meses-, ha presentado 18 denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado por obras no concluidas y reportadas como terminadas, lo que representaría un daño patrimonial por el monto antes mencionado

Tras su Congreso Nacional del pasado fin de semana, quedó claro que el Partido de la Revolución Democrática seguirá siendo controlado por la tribu de los Chuchos , que se ha apoderado por completo de las estructuras burocráticas y de decisión. Eso implica la permanencia de un proyecto político que poco (o nada) tiene que ver con el espectro ideológico de izquierda. Es más bien la eternización del pragmatismo a ultranza que –con la dispensa por la cacofonía–, “transa”, en el sentido de que pacta y negocia (y en el otro también) para obtener ventajas, canonjías y prebendas, no para procurar el bienestar social. Ciertamente, esta manera de hacer política le ha dejado buenos dividendos a la jerarquía perredista, que se ha insertado en el centro del debate de las reformas legislativas, aunque no necesariamente para bien, ni en concordancia con los postulados que dice enarbolar. Para muestra, su apoyo a las reformas hacendaria y financiera del presidente priista Enrique Peña Nieto, qu