RÚBRICA

Imagen: Informe “Los derechos humanos en las Américas. Retrospectiva 2019”, Amnistía Internacional Vaya diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en tiempos de la “4T” el que difundió este jueves 27 de febrero Amnistía Internacional (AI). En su informe “Los derechos humanos en las Américas. Retrospectiva 2019”, uno de los organismos internacionales más respetados del mundo puso en evidencia una cruda realidad que en México se intenta cubrir a golpe de discursos huecos, propaganda y despilfarro de recursos: que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las violaciones a derechos fundamentales son tanto o más recurrentes que las de administraciones pasadas. Amnistía Internacional destaca que en el primer año del actual sexenio, en México persiste “la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, mientras el Presidente “menospreció públicamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, prohibiendo s

Fotografía: tomada de la red Desde su imposición como encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue evidente que una de las tareas asignadas a Verónica Hernández Giadáns era la de “maquillar” las cifras de la delincuencia y la violencia en la entidad. Como por arte de magia, apenas llegó a ese organismo, los índices delictivos en el estado “bajaron”. O por lo menos, así lo quiso hacer ver en el discurso el propio gobierno estatal, porque la realidad es muy diferente y es palpable todos los días, tanto en los medios de comunicación como en las propias calles veracruzanas. Pero para efectos propagandísticos –la materia favorita de los regímenes surgidos de la autodenominada “cuarta transformación”-, la manipulación de las cifras de los delitos le ha servido a gobiernos como el de Cuitláhuac García Jiménez para intentar –solo intentar- cubrir sus lastimeros resultados en el rubro de la seguridad pública. Particular interés ha mostrado la administración de Garc

Fotografía: tomada de la web La brutal violencia registrada en los últimos días en varias ciudades del país evidencia, con trágicos resultados, la más que notoria incapacidad de la clase gobernante para cumplir con una de sus responsabilidades más sensibles, que es la de brindar seguridad a la población. La refriega del pasado sábado, que provocó terror en los municipios de Huatusco y Córdoba, desnudó la precariedad con la que trabajan los cuerpos policíacos municipales y estatales en Veracruz –y prácticamente en todos lados-, que están en clara desventaja frente a los grupos de la delincuencia organizada, mismos que los superan en número de elementos y capacidad de fuego. Eso quedó probado plenamente: por lo menos cuatro policías –hay versiones que refieren seis- fueron abatidos ese fatídico día. También exhibió algo que todo mundo sabe pero que las autoridades niegan con vehemencia: que en el momento que quieran, los criminales pueden tomar como rehenes ciudades enteras y

Imagen: Fucam Mientras el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” se retuerce para encontrar la manera de controlar los daños causados a su imagen por su indolencia, ignorancia e insensibilidad ante la emergencia de feminicidios en México, con sus decisiones públicas demuestra cuáles son sus verdaderas prioridades. Mismas que no pasan por la defensa de la vida de las mujeres. Y no nos referimos a las sistemáticas evasivas para discutir siquiera el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo, que también cuesta decenas de vidas de mujeres –sobre todo pobres- cada año, y que en estados como Veracruz ha sido bloqueada por las propias autoridades estatales y legislativas de dizque izquierda, a pesar de que existen en la entidad dos alertas por violencia de género y una petición expresa por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para legislar al respecto. Se trata de un asunto que ni siquiera

Fotografía: Twitter de Manuel Velasco Coello Las elecciones de 2018 significaron un parteaguas histórico en la vida pública del país, sin ninguna duda. Y también parecen representar el fin del sistema de partidos políticos como lo conocemos en la actualidad. Nadie con dos dedos de frente podría poner en duda que el voto masivo que recibió Morena en esos comicios de manera alguna responde a una identificación partidista, programática y mucho menos ideológica de la población mexicana con sus planteamientos. Es claro que ese alud de sufragios no lo hubiese alcanzado Morena en un escenario en el que no llevara como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco recibió el apoyo de 30 millones de electores por sus propuestas políticas específicas –más allá de “terminar con la corrupción”-, sino porque representó el mazo con el cual los ciudadanos mexicanos destruyeron la base de una partidocracia corrompida hasta la médula. Los resultados de esa brutal rup

Fotografía: Notimex Para Ernesto Viveros En su memoria Ante la incapacidad manifiesta para hacer frente de manera responsable a emergencias como la de los feminicidios, y en general a los problemas del país, el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” echa mano del más gastado –y pobre- de sus recursos de escapismo: el viejo truco de echarle la culpa de todo al neoliberalismo. No bien había pasado una tormenta para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su torpe respuesta a las protestas de grupos feministas y a los airados reclamos por su inacción e indolencia ante la oleada de feminicidios en el país, cuando una nueva tragedia, el asesinato miserable y salvaje de una pequeña de siete años, mantuvo este tema en el centro de la discusión pública este lunes. De igual manera que la semana pasada, un gobierno timorato y cobarde buscó eludir sus responsabilidades a toda costa, buscando en cambio seguir peleando con los fantasmas del pasado, esos caus

El episodio del pasado viernes 14 de febrero protagonizado por activistas feministas y el régimen que encarna el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda quedará registrado como uno de los momentos más funestos para la autoproclamada “cuarta transformación”. Y no solamente por el hecho de que el gobierno –en este caso, el de la Ciudad de México- decidiera contener con gases lacrimógenos a las mujeres que protestaban –y vandalizaban, también hay que señalarlo- en la zona central de la capital del país, sino por un tema mucho más oprobioso: la absoluta indolencia del lopezobradorismo respecto de los feminicidios que no cesan. No por nada la Fiscalía General de la República pretende una reclasificación de este tipo penal para homologarlo con el de homicidio calificado: lo que no quiere el régimen es tener que pagar la factura de la violencia de género. Ni de ninguna otra. Por eso sus corifeos hasta exigen que se les dejen de contar los muertos de la misma manera como ell

Fotografía: Notimex En el ya lejano año de 1993, se celebró una cena pagada por quien en esos años era uno de los hombres más ricos de México, el tuxpeño Roberto Hernández, dueño de Banamex. A la reunión, que se llevó a cabo en la casa de Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda de los gobiernos del periodo conocido como del “Desarrollo Estabilizador”, convocó el entonces senador de la República, ejecutivo de Televisa y futuro gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. El invitado de honor al convite al que asistieron los principales empresarios de la época no era otro que el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Y el objetivo muy concreto: pedirle a los hombres del dinero que se “cayeran con su cuerno” con generosas aportaciones económicas para financiar la siguiente campaña presidencial del PRI, mismas que en una sola noche alcanzaron la suma de 26 millones de pesos –que en ese momento eran mucho dinero-, tal como lo narró el periodista Francisco

Fotografías: archivo A la demostración de autoritarismo ramplón y el inesperado retorno del uso del “garrote” como “herramienta” de contención política de la protesta social por parte del gobierno de Veracruz, hay que agregar ahora su decisión de sumergirse en lo más bajo de la escala de un gobernante de esta entidad: colocarse al mismo nivel de Javier Duarte de Ochoa. Luego que elementos de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz agredieron en el municipio de Isla a reporteros que cubrían una manifestación que terminó en un ataque violento a una estación policial, la respuesta del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue, increíblemente, “aduartarse” para desacreditar a los comunicadores que estaban, literalmente, jugándose el pellejo en medio del fuego cruzado. Para intentar lavarse la cara y evadir su responsabilidad como represores, tanto el gobernador de Veracruz como el secretario de Gobierno recurrieron a una vieja táctica: criminalizar a los reporteros, relacionándo

Imágenes: tomadas de videos en Twitter La intolerancia y el autoritarismo cada vez menos disimulado por los regímenes surgidos de la mal llamada “cuarta transformación” se asomó con fuerza en Veracruz. Por la mañana de este martes, un grupo de trabajadores adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz que protestaban a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes además detuvieron arbitrariamente al secretario general de esta organización gremial, Acdmer Antonio Galicia, mientras repelían con violencia a quienes intentaron impedir lo que a todas luces fue un abuso de autoridad. ¿Por qué protestaban desde el lunes los trabajadores? Por el incumplimiento de acuerdos signados con el propio titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, luego de un fallo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para la entrega de bases laborales a 1

Fotografía: archivo No es para nada casual la embestida que a través de redes sociales llevan a cabo hordas de vociferantes cuentas –algunas hasta de secretarios de Estado- ligadas al régimen de la autodenominada “cuarta transformación” en contra del Instituto Nacional Electoral. Primero, atacaron al órgano electoral con el pretexto de que ayudó a México Libre –el organismo político impulsado por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa- a cubrir los requisitos para obtener su registro como partido, lo cual fue desmentido por el propio INE, que hasta el mes de junio determinará cuáles de las asociaciones que buscan acceder a esta categoría, lo consiguen. Pero en la “4T” nadie hizo caso. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, respirando por la herida del rencor que guarda desde los comicios de 2006, se lanzó contra el órgano electoral. Ése mismo que en 2015 le concedió el registro como partido a Morena y en 2018 validó su victoria en las elecciones presidenciales.

Fotografía: Agencia de Noticias RTV El autoritarismo rampante que caracteriza al régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, a sus corifeos vociferantes y a sus textoservidores a sueldo, tanto a nivel estatal como nacional, apunta sus armas contra la libertad de expresión afectando incluso el derecho al trabajo y las garantías laborales. Frente a casos muy mediatizados como el de la sentencia millonaria contra el académico y periodista Sergio Aguayo –si bien no acreditable al actual gobierno como tal, sospechosamente dictada en el momento del resurgimiento, con la venia de la “4T”, de la influencia política de Elba Esther Gordillo, “madrina” del demandante Humberto Moreira- aparecen muchos otros signos que cada vez dejan menos dudas sobre la intención del lopezobradorismo de acallar a los críticos de una u otra forma. Incluso, si sus críticas son vertidas en espacios privados y/o personales. Valga el ejemplo de los sucesivos despidos que se están llevando a cabo en l

Fotografía: archivo Entre los brutales retrocesos que pretende la Fiscalía General de la República (FGR) en las propuestas de reforma que busca introducir al sistema judicial mexicano, se encuentra una que violenta directamente los derechos de las mujeres: la eliminación del tipo penal del feminicidio. Tras varios días de críticas al organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero –cuya “autonomía” respecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de papel- al darse a conocer dicha intención, fue la propia FGR la que, a través de un (pésimo) comunicado difundido este martes, dejó bien en claro lo que pretende. “En este delito (el feminicidio), actualmente, se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización. Si, simplemente, se tipifica y mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer; (sic) este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años; (sic)