PEMEX EN SU LABERINTO

A nadie debería extrañar que el presidente Enrique Peña Nieto desee abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada. Lo perfiló desde su campaña y su partido, el PRI, dejó en claro la intención cuando cambió sus estatutos para derogar la prohibición de que sus legisladores promovieran reformas constitucionales para permitir que el capital no estatal participe en la empresa.

Aunque la supuesta “prohibición” a la empresas privadas para participar en las actividades sustanciales de la  paraestatal es en realidad una falacia, en este país de las simulaciones.

Desde hace muchos años, el capital privado se asocia con Pemex en casi todas sus tareas a través de la figura denominada “outsourcing” (cuya existencia ya fue reconocida en la reciente reforma laboral), en la que sus servicios son contratados de manera externa, por ejemplo, para operar las plataformas en altamar o para el transporte del combustible.

La propuesta de Peña Nieto, según lo que publica el diario estadunidense Wall Street Journal, es que “compañías privadas compartan con el Estado los riesgos de desarrollar reservas de energía cada vez más complejas, como depósitos de crudo en aguas profundas, al permitirles producir crudo y gas a través de acuerdos de ganancias compartidas”.

De acuerdo con lo publicado por el rotativo, se crearía una “agencia nacional del petróleo”, que sería la encargada de administrar los codiciados ingresos petroleros, y según esto,  “es posible que las energéticas no reciban pagos en petróleo, sino en efectivo a precios de mercado”.

El influyente periódico norteamericano cita que tres funcionarios “de alto nivel” del gobierno y “del partido oficialista”, o sea del PRI (a los que no identifica), les revelaron los primeros detalles de la pretendida reforma energética, que se presentaría ante el Congreso de la Unión una vez pasadas las elecciones y que contaría con el consenso de los integrantes del Pacto por México, a saber, PRI, PAN y PRD, para realizar las modificaciones constitucionales necesarias para concretar estos cambios.

Petróleos Mexicanos es una empresa prácticamente en quiebra desde hace mucho tiempo. Su verdadero problema es, por una parte, el régimen fiscal al que está sometida, pues la renta petrolera prácticamente sostiene a toda la economía nacional (junto con el narcotráfico), lo que impide que pueda invertir debidamente en infraestructura y mantenimiento de instalaciones y equipo, así como en exploración y explotación de crudo y gas.

Y el otro gran problema de Pemex es el saqueo del que ha sido víctima durante décadas, tanto por parte de sus directivos como del sindicato petrolero, cuyos líderes viven como marajás asiáticos, y además, utilizan los recursos de la paraestatal para financiar campañas políticas. Nada más basta darse una vuelta en estos días de proselitismo electoral por el sur de Veracruz, en Nanchital o Minatitlán, para comprobarlo.

No creo que alguien pueda negar la necesidad de hacer eficiente y dejar de sangrar a Petróleos Mexicanos, más allá de las consideraciones nacionalistas basadas en la realidad de 1938. Pero para ello no es suficiente una reforma como la que se pretende, centrada en la inversión y los ingresos, en el dinero solamente.

La paraestatal debe dejar de ser usada de manera patrimonialista, como “caja chica”, por el Estado Mexicano y por el sindicato petrolero, y sus recursos vigilados y auditados. Si no se hace así, seguirá el saqueo al patrimonio de los mexicanos. Y a eso, sí que se deberían oponer los partidos.

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